PRESUPUESTO Y CONGRESO

PRESUPUESTO Y CONGRESO

Uno de los debates más antiguos y más importantes en la historia política y económica del país ha sido cuál debe ser el papel del Congreso en la elaboración del presupuesto nacional. Hasta 1968, la Constitución daba a los congresistas el derecho de incluir partidas en el presupuesto, lo que era fuertemente resentido por el Ejecutivo con el argumento de que por este mecanismo se introducían una multitud de pequeñas obras públicas, que terminaban fragmentando, sin ninguna prioridad racional, la capacidad de inversión de la nación. En 1968 se acordó que a cambio de que el Congreso renunciara a su iniciativa en materia de gasto público, se reservaría una cierta proporción del presupuesto para que fuera distribuida individualmente por cada parlamentario en su región, de acuerdo con su propio criterio en materia de prioridades locales.

25 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

Este fue el origen de los que posteriormente se denominaron auxilios regionales, cuyo mal manejo por parte de algunos congresistas a través de fundaciones fantasmas, que resultaban desviando los recursos de la Nación a fines netamente personales, terminó por desacreditar el sistema ante los ojos del país.

La Constitución del año pasado, como es sabido, acabó con los auxilios en su forma tradicional, pero no dejó en claro cuál debería ser la manera en que los intereses de las regiones pudieran hacerse sentir ante el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional a la hora de elaborar el presupuesto. Es bien sabida la dificultad de introducir nuevas partidas una vez que el proyecto de presupuesto ha sido presentado oficialmente ante el Congreso.

La Ley de presupuesto aprobada la semana pasada hace un nuevo intento de dar alguna satisfacción a los parlamentrios en su legítimo deseo de que necesidades regionales que no quedaron incluidas en el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno puedan ser atentidas.

Para ese efecto, se reservó una partida global de treinta mil millones de pesos, cuya distribución por departamentos se hace en virtud de una fórmula que tiene en cuenta tanto la población como las necesidades básicas insatisfechas de cada uno de ellos. Posteriormente, corresponderá a la delegación parlamentaria de cada departamento el definir las obras prioritarias a que deben dedicarse los recursos que le fueron asignados.

Lo fundamental de este nuevo mecanismo es que obliga a las fuerzas vivas de cada departamento a ponerse de acuerdo sobre las obras prioritarias que deben realizarse con los recursos a su disposición, en lugar de ser la decisión individual del congresista como en épocas anteriores. Lo que no parece justo es que el sistema solo se aplique a una ínfima proporción del presupuesto de inversiones.

Lo lógico sería que el proyecto de presupuesto fuera presentado desde un principio al Congreso de manera regionalizada, excluyendo obviamente las obras de interés nacional. Y que cada delegación parlamentaria departamental pudiera expresarse, tanto durante el proceso de elaboración, como durante la discusión en el Congreso, sobre lo apropiado de las propuestas y prioridades del Gobierno en materia de gastos regionales.

Una de las funciones más importantes de todos los Congresos del mundo es la de aportarle al Gobierno una visión de primera mano de los problemas y necesidades de las regiones. El procedimiento que quedó plasmado en la Ley de presupuesto para 1993 no permite sino un desarrollo muy fragmentario de esa legítima tarea de los parlamentarios.

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