Polémico ‘regalo de Navidad’ a concejales

Polémico ‘regalo de Navidad’ a concejales

La Navidad les llegó por adelantado a los 45 concejales de Bogotá gracias a la Alcaldía Mayor. Esta semana la Secretaría de Hacienda les giró un cheque de 900 millones de pesos al que el próximo año se sumará otro pago de aproximadamente 1.200 millones, con lo cual, a los bolsillos de los concejales llegarán, en total, más de 2.000 millones de pesos.

26 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Lo delicado de este ‘regalo navideño’ es que no solo hay dudas sobre su legalidad –según varios abogados consultados por EL TIEMPO–, sino que también, según versiones recogidas por este diario, podría estar relacionado con presiones de concejales para aprobar un proyecto clave para la administración Garzón.

Actualmente está en proceso de aprobación la reforma administrativa del Distrito por parte del cabildo: un proyecto que hará que Luis Eduardo Garzón pase a la historia como el hombre que logró la modernización administrativa de Bogotá. Algo que Antanas Mockus intentó sin éxito 11 veces.

Enrique Borda, secretario General de la Alcaldía y cerebro de la reforma, salió al paso de esta posibilidad y dijo: “rechazo tajantemente la insinuación de que ese pago se hizo para comprar la aprobación de la reforma administrativa”.

La médula del problema El pago de los honorarios de los concejales se calcula a partir del salario del Alcalde Mayor. La ley establece que por cada sesión a la que asistan deben recibir una suma equivalente a la remuneración mensual del alcalde dividida por 20.

El Decreto 2721, firmado el 11 de agosto de este año por el presidente Álvaro Uribe, estableció un aumento de los honorarios de los concejales de Bogotá mediante el reconocimiento de la ‘Bonificación de Dirección’ que recibe el Alcalde (desde enero del 2005) como parte de su “remuneración mensual”. Esto quiere decir que esa bonificación se debe tener en cuenta para la liquidación de los pagos a los concejales.

El mismo decreto aclara “que rige a partir de su fecha de publicación”, 11 de agosto del 2006, y no menciona ni insinúa retroactividad alguna. Y desde esa fecha, los pagos a los concejales se vienen haciendo con la nueva fórmula de liquidación.

Sin embargo, el 16 de noviembre, la oficina jurídica de la Alcaldía expidió un “concepto jurídico de interpretación al decreto 2721” en el que avala un pago retroactivo a los concejales sobre la base de que el Alcalde recibe la Bonificación de Dirección desde enero de 2005 y que, en consecuencia, “el alcance de los conceptos que conforman la remuneración mensual debe darse desde que ellos fueron creados”.

Con base en esta interpretación, esta semana la Alcaldía ejecutó el primer pago retroactivo a los concejales por 900 millones de pesos, correspondientes al período entre enero 1 y agosto 10. (ver recuadro).

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, calificó esta interpretación de la Alcaldía como un “aberratio juris”, una aberración jurídica.

Y explicó: “Hay un principio básico del derecho administrativo y es que los actos rigen siempre hacia el futuro, salvo excepción de ley, es decir, salvo que el Congreso así lo decida. Y es así porque se trata de algo básico para la seguridad jurídica”.

Otros dos abogados consultados por EL TIEMPO coincidieron con Santofimio Gamboa, autor de un tratado sobre derecho administrativo.

Enrique Borda, el secretario General de la Alcaldía, explicó a EL TIEMPO que la decisión fue largamente analizada y que está “perfectamente sustentada desde el punto de vista jurídico”. También que se tomó “para ahorrarle una demanda al Distrito” por parte de un grupo de concejales, representados por Manuel Urueta, ex presidente del Consejo de Estado.

Consultado acerca de si no se calculó la ‘mala lectura política’ que podría tener el pago en pleno proceso de aprobación de la reforma administrativa, Borda respondió: “sí, pero se está terminando el año fiscal y no podíamos esperar más para hacer este pago”.

La tesis central de la alcaldía –según un comunicado sin firma que el propio Borda puso a circular el jueves entre algunos periodistas del Concejo– es que se trata de una decisión del Gobierno Nacional (no de la Alcaldía); que regula una situación que viene desde el 2005 y que por tanto es “apenas lógico” que los concejales tienen derecho a la retroactividad.

Frente a estos argumentos, Santofimio Gamboa opinó que la Secretaría General de la Alcaldía recurre a “un sofisma de distracción”, pues “el hecho concreto es que la Bonificación de Dirección solo empieza a ser considerada como parte de la remuneración mensual del Alcalde con el decreto 2721, es decir, en agosto del 2006”.

De hecho, antes de esto, el decreto 4353 de 2004, que reglamentó la Bonificación de Dirección, subrayaba que este pago “no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales”.

La propia oficina jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía utilizó y citó esta norma para rechazar en marzo del 2005 una solicitud de la concejal Gilma Jiménez para que la Bonificación de Dirección se tuviera en cuenta a la hora de liquidar los honorarios de los concejales.

Pero Borda insistió ayer en que “técnicamente, el pago (a los concejales) no es una retroactividad, sino el reconocimiento de un derecho que se causó a partir del 1 de enero del 2005, cuando los alcaldes y gobernadores del país empezaron a recibir la Bonificación de Dirección”.

Alertado por Borda de la polémica, el alcalde Garzón usó ayer su programa de televisión en Canal Capital para anunciar que: “este lunes pediré a la Contraloría Distrital y a la Personería que investiguen la transparencia de lo ocurrido”.

Entretanto, un abogado que prefirió guardar la reserva de su nombre, opinó: “si yo fuera concejal devolvería esa plata hasta que todo se aclare”.

vicvar@eltiempo.com.co .

CRÍTICA DE UN EXPERTO Es una una aberración jurídica. Hay un principio básico del derecho administrativo y es que los actos rigen siempre hacia el futuro”.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

DEFENSA DE LA ALCALDÍA La decisión fue largamente analizada, está sustentada desde el punto de vista jurídico y se tomó para ahorrarle una demanda al Distrito”.

Enrique Borda .

Así se les pagó El primer pago a los concejales –de 900 millones– fue ordenado el día lunes, mediante el decreto 469, que lleva la firma del alcalde Luis Eduardo Garzón y de su secretario de Hacienda, Pedro Rodríguez.

Ese pago se hizo efectivo el día miércoles, justo en medio de una semana en la cual, inexplicablemente, la sesión plenaria en la que el Concejo debía aprobar la reforma administrativa de Garzón –ya aprobada en Comisión de Gobierno– no fue programada dentro de la agenda del cabildo.

El jueves la plata ya estaba en las cuentas de los concejales –entre 16 y 25 millones para cada uno según el caso (pues se les paga por el número de sesiones a las que asisten). El viernes, a primera hora, la plenaria para aprobar la reforma fue finalmente programada para este lunes.

El pago de los 900 millones, hecho esta semana, corresponde a un primer ajuste retroactivo que cubre el período entre enero 1 y agosto 10 de 2006.

El año entrante, la Alcaldía tendrá que girarle a los concejales un nuevo cheque de al menos 1.200 millones de pesos, para pagar el ajuste retroactivo correspondiente al 2005.

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