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Polémico ‘regalo de Navidad’ a concejales

La Navidad les llegó por adelantado a los 45 concejales de Bogotá gracias a la Alcaldía Mayor. Esta semana la Secretaría de Hacienda les giró un cheque de 900 millones de pesos al que el próximo año se sumará otro pago de aproximadamente 1.200 millones, con lo cual, a los bolsillos de los concejales llegarán, en total, más de 2.000 millones de pesos.

VÍCTOR MANUEL VARGAS
Lo delicado de este ‘regalo navideño’ es que no solo hay dudas sobre su
legalidad –según varios abogados consultados por EL TIEMPO–, sino que
también, según versiones recogidas por este diario, podría estar relacionado
con presiones de concejales para aprobar un proyecto clave para la
administración Garzón.
Actualmente está en proceso de aprobación la reforma administrativa del
Distrito por parte del cabildo: un proyecto que hará que Luis Eduardo Garzón
pase a la historia como el hombre que logró la modernización administrativa
de Bogotá. Algo que Antanas Mockus intentó sin éxito 11 veces.
Enrique Borda, secretario General de la Alcaldía y cerebro de la reforma,
salió al paso de esta posibilidad y dijo: “rechazo tajantemente la
insinuación de que ese pago se hizo para comprar la aprobación de la reforma
administrativa”.
La médula del problema
El pago de los honorarios de los concejales se calcula a partir del salario
del Alcalde Mayor. La ley establece que por cada sesión a la que asistan
deben recibir una suma equivalente a la remuneración mensual del alcalde
dividida por 20.
El Decreto 2721, firmado el 11 de agosto de este año por el presidente
Álvaro Uribe, estableció un aumento de los honorarios de los concejales de
Bogotá mediante el reconocimiento de la ‘Bonificación de Dirección’ que
recibe el Alcalde (desde enero del 2005) como parte de su “remuneración
mensual”. Esto quiere decir que esa bonificación se debe tener en cuenta
para la liquidación de los pagos a los concejales.
El mismo decreto aclara “que rige a partir de su fecha de publicación”, 11
de agosto del 2006, y no menciona ni insinúa retroactividad alguna. Y desde
esa fecha, los pagos a los concejales se vienen haciendo con la nueva
fórmula de liquidación.
Sin embargo, el 16 de noviembre, la oficina jurídica de la Alcaldía expidió
un “concepto jurídico de interpretación al decreto 2721” en el que avala un
pago retroactivo a los concejales sobre la base de que el Alcalde recibe la
Bonificación de Dirección desde enero de 2005 y que, en consecuencia, “el
alcance de los conceptos que conforman la remuneración mensual debe darse
desde que ellos fueron creados”.
Con base en esta interpretación, esta semana la Alcaldía ejecutó el primer
pago retroactivo a los concejales por 900 millones de pesos,
correspondientes al período entre enero 1 y agosto 10. (ver recuadro).
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, director del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, calificó esta
interpretación de la Alcaldía como un “aberratio juris”, una aberración
jurídica.
Y explicó: “Hay un principio básico del derecho administrativo y es que los
actos rigen siempre hacia el futuro, salvo excepción de ley, es decir, salvo
que el Congreso así lo decida. Y es así porque se trata de algo básico para
la seguridad jurídica”.
Otros dos abogados consultados por EL TIEMPO coincidieron con Santofimio
Gamboa, autor de un tratado sobre derecho administrativo.
Enrique Borda, el secretario General de la Alcaldía, explicó a EL TIEMPO que
la decisión fue largamente analizada y que está “perfectamente sustentada
desde el punto de vista jurídico”. También que se tomó “para ahorrarle una
demanda al Distrito” por parte de un grupo de concejales, representados por
Manuel Urueta, ex presidente del Consejo de Estado.
Consultado acerca de si no se calculó la ‘mala lectura política’ que podría
tener el pago en pleno proceso de aprobación de la reforma administrativa,
Borda respondió: “sí, pero se está terminando el año fiscal y no podíamos
esperar más para hacer este pago”.
La tesis central de la alcaldía –según un comunicado sin firma que el propio
Borda puso a circular el jueves entre algunos periodistas del Concejo– es
que se trata de una decisión del Gobierno Nacional (no de la Alcaldía); que
regula una situación que viene desde el 2005 y que por tanto es “apenas
lógico” que los concejales tienen derecho a la retroactividad.
Frente a estos argumentos, Santofimio Gamboa opinó que la Secretaría General
de la Alcaldía recurre a “un sofisma de distracción”, pues “el hecho
concreto es que la Bonificación de Dirección solo empieza a ser considerada
como parte de la remuneración mensual del Alcalde con el decreto 2721, es
decir, en agosto del 2006”.
De hecho, antes de esto, el decreto 4353 de 2004, que reglamentó la
Bonificación de Dirección, subrayaba que este pago “no constituye factor
para liquidar elementos salariales o prestacionales”.
La propia oficina jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía utilizó
y citó esta norma para rechazar en marzo del 2005 una solicitud de la
concejal Gilma Jiménez para que la Bonificación de Dirección se tuviera en
cuenta a la hora de liquidar los honorarios de los concejales.
Pero Borda insistió ayer en que “técnicamente, el pago (a los concejales) no
es una retroactividad, sino el reconocimiento de un derecho que se causó a
partir del 1 de enero del 2005, cuando los alcaldes y gobernadores del país
empezaron a recibir la Bonificación de Dirección”.
Alertado por Borda de la polémica, el alcalde Garzón usó ayer su programa de
televisión en Canal Capital para anunciar que: “este lunes pediré a la
Contraloría Distrital y a la Personería que investiguen la transparencia de
lo ocurrido”.
Entretanto, un abogado que prefirió guardar la reserva de su nombre, opinó:
“si yo fuera concejal devolvería esa plata hasta que todo se aclare”.
vicvar@eltiempo.com.co
CRÍTICA DE UN EXPERTO
Es una una aberración jurídica. Hay un principio básico del derecho
administrativo y es que los actos rigen siempre hacia el futuro”.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
DEFENSA DE LA ALCALDÍA
La decisión fue largamente analizada, está sustentada desde el punto de
vista jurídico y se tomó para ahorrarle una demanda al Distrito”.
Enrique Borda
Así se les pagó
El primer pago a los concejales –de 900 millones– fue ordenado el día lunes,
mediante el decreto 469, que lleva la firma del alcalde Luis Eduardo Garzón
y de su secretario de Hacienda, Pedro Rodríguez.
Ese pago se hizo efectivo el día miércoles, justo en medio de una semana en
la cual, inexplicablemente, la sesión plenaria en la que el Concejo debía
aprobar la reforma administrativa de Garzón –ya aprobada en Comisión de
Gobierno– no fue programada dentro de la agenda del cabildo.
El jueves la plata ya estaba en las cuentas de los concejales –entre 16 y 25
millones para cada uno según el caso (pues se les paga por el número de
sesiones a las que asisten). El viernes, a primera hora, la plenaria para
aprobar la reforma fue finalmente programada para este lunes.
El pago de los 900 millones, hecho esta semana, corresponde a un primer
ajuste retroactivo que cubre el período entre enero 1 y agosto 10 de 2006.
El año entrante, la Alcaldía tendrá que girarle a los concejales un nuevo
cheque de al menos 1.200 millones de pesos, para pagar el ajuste retroactivo
correspondiente al 2005.
VÍCTOR MANUEL VARGAS
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