Carta a la Corte Suprema de Justicia

Carta a la Corte Suprema de Justicia

“La Corte Suprema de Justicia no se deja intimidar ni tampoco se envalentona.” Mauro Solarte Portilla, presidente de la Sala Penal. Respetados señores magistrados: Lo que ustedes tienen en sus manos no es cualquier asunto, sino uno de los compromisos más trascendentales: investigar, en efecto, a aquellos congresistas vinculados a los paramilitares; es decir, a posibles aliados con estos en jornadas como la última elección parlamentaria, cuando no involucrados en sus propósitos siniestros, lo que sería mucho más grave.

26 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Una cosa es vivir en el entorno de aquellas regiones donde más se han extendido y prosperado los ‘paras’, y los contactos inevitables que, incluso los políticos, han tenido con sus voceros. Y otra muy distinta es el encubrimiento o la estrecha vinculación con sus actos criminales. La primera es cruda realidad circundante; la segunda, la complicidad o, peor, la coautoría de hechos y acciones delictuales.

Son ustedes, en su condición de juristas, los mejor llamados a esclarecer tales situaciones generadoras de zozobra y confusión que, por inaceptables presiones mediáticas, podrían conducir a que se incurra en excesos. Que es precisamente lo que no se espera de lo que al fin y al cabo representa la Corte Suprema de Justicia.

Al contrario. Aunque haya sectores que pidan y les guste la sangre –porque ello suscita aplausos en las galerías y constituye actitud muy taquillera–, si algo sufrió el país cuando el sonado Proceso Ocho Mil fueron todas las arbitrariedades e injusticias cometidas por la Fiscalía de entonces contra los sindicados, que no propiamente tuvieron la garantía del debido proceso, sino al revés. Lo de entonces eran descaradas filtraciones a periodistas y medios, manejos vengativos y repugnantes discriminaciones contra muchos de los procesados. Si no, ¿por qué a Manuel Francisco Becerra lo exonera ahora un tribunal internacional de alta investidura y respetabilidad? ¿Cuántos casos parecidos se vendrán y quiénes pagarán sus demandas contra la Nación? Ustedes son los únicos investigadores profesionales y en modo alguno deben dejarse suplir por los jueces con micrófono, porque los presuntos acusados se exponen a un escarnio solo justo cuando haya una condena formal. Además, sus compatriotas sabemos que ninguno de los magistrados hoy en función de ejercer pronta y cumplida justicia aspira luego a lanzarse a cargo alguno de elección popular, incluyendo la Presidencia, como lamentablemente sí lo hicieron en el pasado, en otras instancias judiciales, quienes creyeron sentirse seres superiores y abanderados de la moral: algo muy diferente que imponer la equidad con rectitud e imparcialidad.

Aún más. El poder judicial en Colombia ha sido generalmente maltratado y socialmente discriminado, cuando los jueces en otras partes son, con sus fallos, un faro, la sapiencia suma y los verdaderos guías de una comunidad.

Así queremos verlos. Como los rectores superiores de nuestro ordenamiento institucional, dedicados a examinar lo que fuere y cuanto sea, para que haya plena transparencia. Sin protagonismos públicos ni políticos, sino con la reserva propia de quienes están llamados a hacer Justicia, no por su propia mano como tantos otros, sino tomando decisiones en derecho, a fin de que después no se diga que hubo factores subjetivos que incidieron en la pulcritud de las determinaciones.

Los parlamentarios presumiblemente vinculados a los paramilitares están en su mira, pero ustedes están en la mira de un país ciertamente asqueado de tanta corrupción y politiquería, que lo único que busca y quiere es la verdad sin rodeos, para lo cual resulta indispensable que los encargados de encontrarla estén exentos de todo tipo de presiones. Basta saber que lo que se disponen a ejercer ante los ojos de una opinión implacable y en no pocos casos morbosa es la aplicación de la ley, por dura que sea (dura lex, sed lex), y nada más, con el único fin de que dicha misión se entienda cabalmente ajustada a lo que exige un Estado normativo y no represivo.

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