CALIFORNIA NO QUIERE EXTRAÑOS EN SUS PLAYAS

CALIFORNIA NO QUIERE EXTRAÑOS EN SUS PLAYAS

Angela María está de plácemes: la semana pasada, después de esperar 13 años, fue notificada por el Servicio de Inmigración y Naturalización que sus papeles estaban listos. Durante estos 13 años de ilegalidad nació su hija en un hospital de Nueva York con todos los gastos y la asistencia pre y posnatal a cargo del Estado.

09 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

Después de separarse de su marido, un colombiano indocumentado como ella, Angela María continuó trabajando, por salarios muy inferiores a los del mercado, cuidando niños, mientras su hija era educada en escuelas oficiales.

A diferencia de Angela María, para cerca de cuatro millones de indocumentados su futuro en Estados Unidos es incierto. En este país, como tantas otras veces en el pasado, ahora se está tratando de crear consenso sobre la necesidad de resolver un problema que no tiene solución: qué hacer con los millones de inmigrantes indocumentados -los estimados van de dos millones a 3,2 millones- y cómo evitar que sigan llegando.

En 1986, la última vez que se trató de resolver el problema, el Acta de Reforma y Control de Inmigración estableció la prohibición de darles trabajo a quienes no tuvieran sus papeles en regla. En aquel entonces también se otorgó una amnistía que favoreció a cientos de miles de personas que llevaban seis o más años viviendo en el país.

Esta vez, sin embargo, de seguir las cosas como van, es posible que los inmigrantes indocumentados pierdan el poco acceso que tenían a los servicios públicos.

Las playas de California Una proposición que será puesta a consideración de los votantes californianos en las elecciones del 8 de noviembre, y que tiene buenas posibilidades de pasar, hará ilegibles a los 1,7 millones de inmigrantes indocumentados de este estado para cualquier forma de asistencia pública, incluyendo cuidado médico que no sea de emergencia, educación y clínicas prenatales, entre otros.

La idea central de la proposición 187, conocida como SOS-Save our state (Salven nuestro Estado), es hacerle la vida imposible a los inmigrantes, obligarlos a a devolverse y convencer a los que quieran venir de que no vale la pena hacerlo.

Aunque el origen nacional de las personas en cuestión no es explícito, la medida está obviamente dirigida contra los hispanos y, especialmente, los mexicanos.

Aunque en la superficie existe acuerdo sobre la necesidad de controlar las fronteras, de aplicar las sanciones legales estipuladas en la Ley de 1986 para quienes empleen trabajadores indocumentados y de controlar la falsificación de documentos públicos, entre otras cosas, también existe un trasfondo que muchos consideran xenofóbico, especialmente en el caso de California, donde grupos nativistas están ganando apoyo para la proposición 187 con argumentos de dudosa solidez.

Uno de los argumentos esgrimidos contra los inmigrantes en general y los indocumentados en particular, es que están utilizando los recursos del Estado sin dar nada a cambio.

A primera vista, el impacto en las escuelas del Estado, donde se estima que unos 400.000 estudiantes son hijos de inmigrantes indocumentados, es notable. No obstante, con excepción de salud de emergencia, educación escolar y asistencia pública para mujeres pobres con niños, los indocumentados no reciben nada. Varios estudios han demostrado que los inmigrantes en general pagan más dinero en impuestos que los servicios que reciben.

Muchos han visto en esta campaña contra los inmigrantes ilegales en California una excusa para tratar de explicar la crisis económica en la que se encuentra el estado.

Entre estos se encuentra el gobernador republicano Pete Wilson, quien se ha convertido en el principal proponente de la legislación anti inmigración en Estados Unidos. Wilson ha encontrado aliados en las filas de los legisladores demócratas no hispanos, lo cual da cuenta de la enorme frustración de la gente que está viendo declinar su nivel de vida.

Propuestas más extremistas llegan hasta una moratoria total en la inmigración a Estados Unidos de negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en este país e, incluso, de limitar la aplicación de la Constitución en casos como la libertad de expresión.

Por El Hueco Mientras tanto, en la frontera entre México y Estados Unidos se siguen erigiendo barreras de metal para impedir la entrada de personas provenientes del sur. También se ha aumentado el pie de fuerza de la Patrulla de Fronteras, un cuerpo policivo que ha sido criticado por la frecuente violación de los derechos humanos de muchos inmigrantes.

De otro lado, la inmensa mayoría de los inmigrantes trabaja en condiciones de desventaja debido a su incapacidad de conseguir empleos, sin posibilidad de recibir beneficios como seguros de salud o desempleo.

Muchos de ellos han sido explotados ya sea por los coyotes y otros traficantes de fronteras que los introdujeron al país o por las hordas de abogados inescrupulosos que les prometen soluciones para casos que objetivamente no tienen solución.

Para completar el panorama, el Servicio de Naturalización e Inmigración, una agencia con 19.000 empleados y 1.600 millones de dólares de presupuesto, es considerada generalmente la agencia más desorganizada del gobierno y la más corrupta.

El INS atiende anualmente unas cuatro millones de solicitudes legales para visas y permisos de trabajo, la mayoría de las cuales toman años en resolverse. Muchas terminan perdidas en laberintos burocráticos de donde no salen nunca más. El año pasado la agencia admitió cerca de un millón de nuevos residentes y también arrestó a otro millón que trataba de entrar al país ilegalmente.

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