La infraestructura es el Talón de Aquiles de la competitividad colombiana

La infraestructura es el Talón de Aquiles de la competitividad colombiana

Una de las principales debilidades de la competitividad nacional es la infraestructura del país. Tanto su cantidad como su calidad dejan mucho que desear. No es necesario ser un experto en la materia para darse cuenta de que existe un enorme rezago. Atraso que, según los estudios, viene creciendo con el paso del tiempo.

23 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Una investigación del Banco Mundial sostiene que en Colombia se deben invertir al menos 1.200 millones de dólares por año -en los próximos seis años - para que la economía nacional pueda librarse de este crítico cuello de botella. Si no lo hace, su ritmo de crecimiento económico se verá mermado (de hecho, ya en no pocas actividades la mala infraestructura está perjudicando el dinamismo y encareciendo las operaciones).

En años recientes esa inversión no ha superado los 400 millones de dólares anuales; es decir, apenas una tercera parte de lo necesario. Y de ese monto, la mayor tajada ha ido a parar a los transmilenios (excelente inversión), dejando muy pocos recursos para hacer las muchas otras obras que demanda una economía cada día más vigorosa. Dada la mala situación de las finanzas públicas (por culpa oficial, al no haber querido o podido meter en cintura el desempeño financiero del Gobierno Central), y teniendo en cuenta la inconveniencia de aumentar la deuda pública (porque tanto la interna como la externa están en niveles excesivos) para financiar las obras indispensables, ¿de dónde puede venir la plata? La respuesta es clara: del sector privado. Pensamos que en particular, de los fondos de pensiones y cesantías, que tienen un gran músculo financiero y vocación de inversión con perspectiva de largo plazo. Para ello es necesario que el esquema de concesiones de la llamada cuarta generación (el modelo ha venido evolucionando para poder responder cada vez de mejor manera a las exigencias de las complejas variables que hay que considerar) permita que los fondos de pensiones y cesantías participen.

Hay que tomar decisiones de fondo para enfrentar muchos males que han afectado el desarrollo de la infraestructura en el país en tiempos recientes: la corrupción y la politiquería, el creciente desinterés de las firmas extranjeras (por la falta de claridad y estabilidad en las reglas del juego), la reducción en la presencia de los organismos multilaterales de crédito, la distracción gubernamental en obras menores (que traen votos y popularidad) en desmedro de las grandes obras que con toda la razón reclaman los empresarios y demás ciudadanos.

Retomando el asunto del costo de la logística en Colombia, la Cámara Colombiana de la Infraestructura tiene un cuadro en el que se comprueba que dicho costo, como porcentaje de las ventas, es en nuestro país mucho mayor que el de otras naciones latinoamericanas. Por ejemplo, es 13 puntos porcentuales más elevado que en Argentina y en Brasil, 12 puntos porcentuales superior al de Chile, y está 7 puntos porcentuales por encima del de México. Con semejante carga es muy difícil -por no decir imposible- pensar en competir en condiciones buenas, o al menos aceptables.

En la primera administración del presidente Uribe se perdió mucho tiempo valioso. Por ejemplo, según la Cámara, se entregaron en concesión tan solo 217 kilómetros, 61 por ciento menos que en la administración Gaviria, 82 por ciento menos que en el gobierno de Pastrana, y 86 por ciento menos que en el período de Samper.

Pueda ser que en su segundo mandato se recupere lo perdido y se logren materializar las buenas intenciones contempladas en el nuevo Plan de Desarrollo confeccionado por el Departamento Nacional de Planeación. El responsable principal de que esto suceda, en la esfera gubernamental, es el ministro de Transporte -Andrés Uriel Gallego. Ya es hora de que supere sus diferencias con los empresarios y dirigentes del sector de la infraestructura, y con otros funcionarios gubernamentales, para que mancomunadamente se trabaje de forma acelerada en poner al día a Colombia en un asunto crítico para su progreso económico y social.

"Los fondos de pensiones y cesantías pueden y deben financiar las grandes obras de infraestructura que con toda la razón reclaman los empresarios y demás ciudadanos”.

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