Entre la nación soñada y el dilema del prisionero

Entre la nación soñada y el dilema del prisionero

Bien importante el editorial de Fedesarrollo (Tendencia Económica No. 55) acerca del fracaso de la reforma tributaria estructural. Especialmente el análisis político sobre la división del Gobierno entre Minhacienda y los ministros sectoriales; el rol de los gremios especializados vs. los gremios ‘nacionales’ o ‘transversales’; y la contraprestación de los congresistas a sus fuentes de apoyo (¿económico?, ¿regional?), más poderosa que cualquier presión de bancada oficialista y mucho más influyente que los programas e ideologías. ¿Qué puede salvarse y qué se perdió ya en los pocos días que quedan para las decisiones del Congreso sobre las reformas económicas?

23 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

VIABILIDAD DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES El análisis de Fedesarrollo, aplicado al proyecto de transferencias, resulta ominoso, en especial complementado por el estupendo artículo de Hommes de la semana pasada. La nueva idea que ha surgido (ver editorial de EL TIEMPO), según la cual lo que el presidente Uribe quiere es sí gastar en las regiones, pero controlando él el gasto mediante la televisión de los sábados, es políticamente maliciosa, y puede tener algo de cierto, pero lo más importante sería que el país lograra salir del círculo vicioso en que se encuentra: los indicadores de calidad del gasto en educación y salud, o sea el resultado verdadero de cobertura, escolaridad, mortalidad infantil, prevalencia de enfermedades, cobertura de vacunación, etc., son muy malos en Colombia, comparados con países similares. Esto sugiere que buena parte del gasto social se va por la alcantarilla (ineficiencia, corrupción o incentivos perversos, es decir, altos costos de transacción). Si las entidades territoriales controladas por la clase política definitivamente no pueden mejorar la calidad de su gasto, sería mejor condicionarles el recurso, a ver si así se sienten obligadas a reducir el desperdicio. Y con mayor razón si además las instituciones del Estado local y sus contratistas son tan débiles que los controles no operan para resistir las presiones del crimen organizado por los políticos corruptos, la guerrilla o los paramilitares.

Todo lo anterior lo lleva a uno a pensar que en realidad el Gobierno Nacional es ahora mucho menos poderoso que lo sugerido por sus índices de popularidad, y que la gobernabilidad fiscal del país está siendo muy precaria. El presidente, como todos los presidentes, al final siempre se mueve en el terreno del realismo político, sacrificando lo que tenga que sacrificar, y tragando sapos para sobrevivir. Y el Ministro de Hacienda peor, para que el Gobierno sobreviva. Ahí es cuando uno respeta a los tipos que se meten de quijotes, bien merecidos tienen sus posteriores alamares.

“Esta es la reforma que el país quiere. Por lo menos el país que la discutió”, como dijo el ministro Carrasquilla, masticando una amarga anca de rana.

Entre los politécnicos se habla de dos chances de viabilidad de las reformas económicas: 1. Hacerlas al comienzo de los gobiernos, cuando el ejecutivo tiene capital político para gastar y alcanza a beneficiarse de sus efectos de mediano plazo, a pesar de los costos de corto plazo. Así se hizo la apertura en la administración Gaviria y la primera reforma tributaria ‘estructural’ en la administración López. Ahora esta vía no funcionó.

2. Hacerlas cuando se viene la crisis y no hay más remedio que darse la pela, como logró hacer Santos con las transferencias fiscales en el 2001, o Restrepo con las finanzas locales en 1999, pero esta vía es de efectos transitorios y deja vivo el problema de largo plazo, la mala asignación de recursos y los incentivos perversos igualitos, para que el gobierno que venga después, que arríe.

NO SIRVE PARA ESTABILIZAR, NI PARA CRECER, NI PARA REDISTRIBUIR En realidad la función de bienestar social de la política fiscal se ha incumplido en Colombia de manera ostensible desde siempre: 1. No sirve para estabilizar la economía, sino que al contrario, acentúa los ciclos vía déficit fiscales en plena fase de expansión y no ha previsto respuestas adecuadas para mitigar las recesiones, tal como se vio en 1999.

2. No sirve para mejorar la asignación de recursos, o sea el crecimiento, pues el gasto público es rígido e ineficiente, donde los bienes ‘meritorios’ predominan sobre los bienes públicos, hay que inventar tributos en el margen para financiar gastos básicos en cada coyuntura porque los gastos menos fundamentales no se pueden recortar, la estructura tributaria está llena de troneras que a nadie le importan, y la dinámica del presupuesto es tal que las prioridades reales sólo se conocen ex post.

3. Tampoco sirve para redistribuir el ingreso, pues tanto en el gasto público como en los impuestos subsisten subsidios a los ricos, por ejemplo en la educación superior pública, en el proteccionismo comercial incluido el TLC, en las pensiones, en las exenciones a las cuentas ARC, a los fondos de pensiones y a los gremios, en los incentivos tributarios empresariales, etc., aunque haya habido algunas mejoras y uno que otro desmonte.

Una distinguida funcionaria económica me respondió el otro día este comentario con una apreciación válida: “Tiene razón. ¿Y usted que propone?”.

EL DILEMA DEL PRISIONERO Hay que reconocer ante todo el poder de los incentivos, como lo acaba de recalcar en lenguaje sencillo pero majestuoso el ex vicepresidente Al Gore en su formidable documental acerca del cambio climático ‘Una verdad inconveniente’. (Todos los estudiantes universitarios deberían verlo). Gore cita esta expresión de Upton Sinclair: “Es difícil convencer a alguien de que entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda”. Eso son los incentivos.

El modelo que mejor explica estas contradicciones de nuestra democracia aplicadas a la política económica es el dilema del prisionero. Cada actor va por lo suyo, no puede ni debe confiar en la cooperación de los demás, así funcionan los incentivos, y el resultado desde el punto de vista del interés social es muy pobre. El equilibrio de Nash en este juego es efectivamente equilibrio, es decir, es el punto hacia donde convergen las decisiones de los actores como resultado de sus respectivas estrategias de mejor respuesta, pero al propio tiempo es un equilibrio ineficiente, donde cada actor obtiene un resultado inferior a su potencial.

El ejercicio de la política puede consistir en intentar salirse de la estructura del juego, producir una ruptura. Algunos gobernantes, algunas veces, han logrado salirse del dilema del prisionero, como cuando Mockus consiguió cambiar la pauta de las relaciones entre la alcaldía y el consejo en Bogotá, o cuando Peñalosa salió adelante con TransMileno. O el proceso gradual de generalización del pico y placa. La primera vez, los taxistas le hicieron paro a Garzón, jugando como prisioneros del sistema de incentivos perversos, después entienden que les conviene. A eso le apunta Al Gore en relación con las políticas económicas frente al cambio climático.

LA NACION SOÑADA La otra forma es cuando el gobernante logra que los demás actores reconozcan estar en un juego con un número indeterminado de repeticiones, donde cada juego va dando las claves y señales para los juegos sucesivos, y donde cada actor, incluido el Gobierno, tiene un horizonte de decisión que va más allá de esta jugada. En ese escenario de largo plazo, como lo demostró Axelrod, la cooperación es posible, la función de bienestar social es políticamente viable, la democracia funciona, la figura del dictador benévolo deja de ser tentadora, la imposición violenta se justifica menos que nunca, y ‘la nación soñada’ a lo Eduardo Posada Carbó o la ‘ingeniería social gradual’ a lo Karl Popper se revisten de mayor sentido. A ésto apunta el editorial de Mauricio Cárdenas en Fedesarrollo, ya que no se pudo la reforma estructural, toca volver al ensayo y error en pequeñas dosis, con paciencia y persistencia.

Aún así, en las mejores condiciones posibles para la efectividad de la política económica, lo más prudente, lo sano, es no plantearse propósitos grandiosos, a pesar de que eso es precisamente lo que tienen que hacer los políticos para ganar las elecciones. En el extremo, la insistencia en maximalismos, tales como los que prevé e incluso ordena la Constitución de 1991, que entiende los derechos económicos, sociales y culturales como cosas que el Estado debe hacer para darle felicidad a los colombianos, es reincidir en el dilema del prisionero y tirarse la eficacia de la política económica: ¿Qué colombiano no tiene en la Constitución un derecho propio para hacer prevalecer a favor suyo un tratamiento favorable respecto de los demás ciudadanos? .

"¿Qué colombiano no tiene en la Constitución un derecho propio para hacer prevalecer a favor suyo un tratamiento favorable respecto de los demás ciudadanos?”.

"Si las entidades territoriales controladas por la clase política definitivamente no pueden mejorar la calidad de su gasto, sería mejor condicionarles el recurso, a ver si así se sienten obligadas a reducir el desperdicio”.

Director de Economía y Empresa

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.