Destape y urgencia de depuración

Destape y urgencia de depuración

La sensación por la muerte de Arturo Gómez Jaramillo, figura estelar en la economía colombiana de la segunda mitad de la pasada centuria, se diluyó en medio de la tempestad por el destape judicial del contubernio de determinados congresistas en ejercicio con las mafias armadas a las cuales se les imputa la responsabilidad de numerosos y atroces crímenes.

23 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

La obligación implícita de referirme a las conmociones del día no ha de privarme de expresar hondo pesar por su fallecimiento, ni de exteriorizar el sentimiento de perenne gratitud por la cooperación invaluable que de él recibí en tiempos de crisis y bonanzas, durante los cerca de cinco años en que me correspondió desempeñar el cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público y, por razón de tal oficio, de ocuparme del curso accidentado de las cuestiones cafeteras.

A la lucidez de su inteligencia, a su serenidad reflexiva, a su discreción y granítica firmeza en circunstancias difíciles, mucho debieron los compatriotas en su largo período a la cabeza de esa actividad, de la que el país todavía percibía, en esa época, el setenta por ciento de sus ingresos de cambio exterior.

* * * * El propósito original era el de referirme hoy, exclusivamente, a la contaminación de la descentralización fiscal y administrativa, dada la proclividad de núcleos políticos y paramilitares a saquear sus recursos y a aprovecharlos en el fin nefando de desnaturalizar la función democrática.

Dos inquietudes específicas mueven también a expresarlas previamente.

Una es la derivada de la terrible acusación al ex embajador Salvador Arana, de haber instigado el asesinato del alcalde de la población de El Roble, patéticamente anunciado por su misma víctima. Otra es la adversidad inmerecida que ha salpicado a la por muchos títulos admirable y siempre afable ministra de Relaciones Exteriores por su visita al Fiscal General de la Nación en compañía de su hermano senador, tanto más cuanto se ha guardado estricto e insostenible silencio sobre sus razones, motivos y objetivos. Las altas jerarquías de ambos, singularmente la de la señora Canciller, comprometen a arrojar pronta y plena claridad sobre ese al parecer atolondrado y confuso episodio.

En realidad, la descentralización fiscal, acentuada e instituida en la Constitución del 91, no ha corrido con fortuna. Con anterioridad, podía haber retenciones injustificables en las tesorerías departamentales de los giros de la Nación para el pago de maestros, pero jamás sustracciones ilícitas como las que ahora se han descubierto en los fondos relacionados con el servicio de salud. En la simpatía por la figura de la descentralización y en la complacencia de los entes territoriales por la obtención de recursos complementarios acabó por mimetizarse el latrocinio, y los caciquismos reencauchados por encontrar ahí fuentes adicionales de financiamiento. No se diga en los juegos de suerte y azar.

Nadie osará inclinarse a echar atrás la descentralización y menos la idea realizada de la participación de departamentos y municipios en las rentas nacionales. Por supuesto, su transferencia debe acarrear la de las funciones correspondientes y en todo caso incumbe evitar el riesgo de exponer a la Nación a crisis periódicas, susceptibles de transmitirse a las demás entidades públicas. Si se quiere blindar la descentralización, según se dice en la actualidad, lo primero es sanearla, depurarla y vacunarla contra abusivas incursiones de ladrones solapados.

A la Constitución del 91 le faltó cuantificar los gastos en ella impuestos, omisión que se quiso subsanar mas no corregir mediante el endeudamiento desmesurado. Es menester decidirse a hacer un alto en el azaroso camino y no fiarse de que la demasía de los egresos se atienda indefinidamente a crédito. Pero, sobre todo, como lo recomendara Gladstone, seguirle el curso hasta al último centavo del Tesoro Público e impedir que sus caudales sirvan para engordar causas criminales.

abdesp@cable.net.co

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