Al perro colombiano lo capan varias veces

Al perro colombiano lo capan varias veces

Dice el dicho que al perro no lo capan dos veces. Habría que añadir: a menos que el perro sea colombiano, caso en el cual lo caparán dos, tres y muchas veces más. Lo demuestra cuanto está ocurriendo con el valeroso destape del paramilitarismo político que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Esta conexión entre una parte importante de la sociedad civil y las autodefensas es una metástasis de la que se produjo hace medio siglo con chulavitas, bandoleros y otras categorías de delincuentes, y hace un par de décadas con el narcotráfico.

22 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

En los años cincuenta, ciertos políticos apadrinaban a ciertos bandidos, e incluso acudían llorosos a sus entierros, como aconteció con el tristemente célebre ‘Cóndor’ Lozano. La complicidad con la violencia partidista dejó 300 mil muertos y el campo en ruinas. Pero aprendimos poco de ella. Veinte años después surgía otro proceso de amartelamiento social y político con el crimen, representado esta vez por la mafia de la droga. El Proceso 8.000 expurgó culpas particulares y colectivas, pero no nos enseñó a huir de la connivencia con el delito. Ahora se destapa el dañado ayuntamiento entre políticos, finqueros, empresarios, militares y paramilitares, unidos por su reacción ante una guerrillera que tampoco aprende, porque no sabe mirar lo que ocurre en el mundo a estas alturas de la Historia.

Por tercera vez en medio siglo, la sociedad colombiana –y sus políticos, como parte de ella– ha intentado compartir cama con el delito. Y el resultado está a la vista: más violencia, más corrupción y una espiral de actividades criminales cada vez más atroces.

El juicio a los parlamentarios y otros personajes debe ser apenas el inicio de un proceso que el país tiene que afrontar. No serán los propiciadores de los crímenes quienes decidan qué puede y qué no puede aguantar Colombia en el tortuoso pero inaplazable camino hacia la verdad. Lo que nadie debe suponer es que estamos ante una inesperada noticia. Como bien exclama Horacio Serpa en su columna de El Nuevo Siglo, “¿Sorprendidos? ¡Mentirosos!”.

Ya en el gobierno de Virgilio Barco, hace 20 años, el gabinete estaba dividido, pues un sector oficial defendía a los paramilitares. Se llamaban entonces Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, del mismo modo como los narcotraficantes en un principio se denominaban “mecenas”. Lindos nombres para horribles realidades.

En algunos sentidos, Colombia es el país de los sueños. Pero en otros, es el de las pesadillas, las pesadillas anunciadas. Primero nos imaginamos lo peor, después alguien niega la dimensión de las cosas y al final la realidad supera a las peores fantasías. Así sucede con el informe preliminar de la Comisión de la Verdad sobre el holocausto del Palacio de Justicia en 1985.

Los hechos que el documento revela desbordan las leyendas y demuestran que el M-19 sí cumplía encargos de Pablo Escobar, que el Gobierno sí fue víctima de un efímero cuartelazo, que los militares sí aplicaron técnicas siniestras de las dictaduras del Cono Sur (desapariciones, torturas, asesinatos) y que la protección de rehenes nunca fue primordial en la operación.

Ojalá no pasen 21 años antes de que conozcamos la dimensión del compromiso de ciertos grupos, comunidades e individuos con los paramilitares y tomemos medidas para juzgar a los culpables y contrarrestar sus males. La elección popular de alcaldes, por ejemplo, amplió la democracia. Pero hoy convendría diseñar un sistema jurídico para suspenderla en regiones donde no impera la democracia sino el poder de la violencia y la corrupción. Muchos municipios son refugio y caja menor de este tenebroso entramado cuya existencia todos olíamos pero nadie se atrevía a destapar.

cambalache@mail.ddnet.es

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