Impuesto a egresados o valorización educativa

Impuesto a egresados o valorización educativa

No era de extrañar que el Gobierno y las universidades públicas manifestaran su apoyo a la propuesta de un impuesto del 5 por ciento sobre la renta líquida gravable que se cobraría a los egresados que devenguen más de 53 salarios mínimos al año -cerca de un millón 800 mil pesos al mes-, incluida en un estudio contratado por el Ministerio de Educación. Esto se explica porque un nuevo impuesto le restaría presión al Gobierno sobre la inflexibilidad en los ingresos corrientes de la Nación y porque a las universidades les permitiría contar con mayores recursos para crear nuevos cupos, mejorar la calidad de sus servicios y desarrollar proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación; garantizando así su crecimiento y sostenibilidad financiera.

21 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Sin embargo, si se asume que constitucionalmente la educación es un derecho fundamental, puede advertirse que el impuesto planteado constituye un mecanismo perverso que intenta cobrar un servicio que el Estado está en la obligación de ofrecer; el cual de aprobarse sentaría un mal precedente que podría replicarse en materia de salud, seguridad, justicia y servicios públicos.

Tal y como está planteado este impuesto podría asimilarse al cobro de una ‘valorización educativa’, sólo que no se trata del cobro de una obra vial sino de la factura, en cómodas cuotas por el término de quince años, por la prestación de un servicio educativo.

Si bien no se desconocen los eventuales beneficios que traería consigo dicho impuesto, también es preciso advertir que su focalización en egresados de instituciones públicas haría que la demanda educativa se desplazara hacia las universidades de garaje que, sacrificando la calidad, cobran bajas matrículas; pues un estudiante preferiría egresar de una universidad privada para salvarse del cobro del impuesto. Con el agravante de que éste impuesto sería un desestímulo para trabajar en el país, pues si a la falta de empleo y la ausencia de crédito y asesoría para crear empresa, se suma el cobro del mismo no habrá incentivo para que los profesionales se empleen y generen oportunidades de negocios y de empleo en Colombia. Esto sería abiertamente inequitativo puesto que el nuevo impuesto no eximiría a los egresados de seguir pagando el impuesto de renta, el IVA y todas las demás cargas impositivas que gravan sus transacciones, ingresos, ganancias y propiedades. En sana lógica si se propone este impuesto lo más razonable sería que paralelamente se planteara un subsidio para los egresados desempleados.

Por otro lado, si la educación fuera gratuita, recuperar sus costos a través de un impuesto podría ser una propuesta sensata. Pero como no se cumplen estos preceptos, debe prescindirse de dicho impuesto.

Desde otra perspectiva, la forma como internamente las universidades pueden liberar ingresos para aumentar su cobertura es aplicando una política de austeridad que elimine gastos innecesarios y suntuosos. Externamente se podrían generar recursos adicionales a través de mayores transferencias de la Nación financiadas con nuevos ingresos que se obtengan enfrentando la evasión y elusión tributaria, priorizando el gasto social, así como destinando a las universidades parte de los ingresos que se originen en la eliminación de algunas exenciones que el Gobierno Nacional propone en su reforma tributaria; sin que esto impida que pueda recurrirse a aportes y donaciones voluntarias que puedan hacer personas naturales, empresas, gobiernos y otras instituciones privadas.

Crear un nuevo impuesto que sólo pagarían los egresados de las universidades públicas, cuyos recaudos tendrían una destinación previamente definida, no sólo sería una discriminación odiosa sino contradicción frente a la dimensión horizontal de la equidad que persigue la reforma tributaria estructural del Gobierno Uribe, según el cual “dos individuos con la misma capacidad contributiva deben pagar el mismo nivel de impuestos”.

Un impuesto a los egresados, antes que un estímulo económico para financiar la educación superior puede convertirse en un artificio que facilitaría al Gobierno Nacional liberar parte de los recursos que actualmente traslada a las universidades públicas para destinarlos a otro tipo de gastos, como el militar por ejemplo. Nada sacaríamos con establecer ese impuesto si después su recaudo se envolata en la unidad de caja de la Nación y no se refleja como un ingreso adicional para el sector educativo oficial. Además, ¿Cómo y quién garantiza que las universidades públicas en vez de recibir transferencias anuales por 1,6 billones de pesos obtendrían 2,6 billones de pesos a partir del año 2008? Aunque debe advertirse que un ‘ingreso caído del cielo’ podría ser contraproducente para las universidades públicas, en la medida en que éstas no tendrían ningún incentivo para generar rentas propias y, por esta vía, reducir su dependencia y parasitismo de las partidas que se financian con transferencias del Presupuesto Nacional.

La aprobación de nuevos impuestos para sectores y gastos específicos debe estar precedida de una programación y aplicación eficiente de los ingresos fiscales disponibles, pues tan importante es la cuantía de los recursos asignados como la calidad de los gastos e inversiones que se haga con ellos.

En este contexto, la asignación de nuevos recursos para las universidades públicas tendría que ser una respuesta a los resultados que éstas muestren en el manejo eficiente de los recursos públicos y no un mecanismo para atenuar los efectos de la pereza fiscal, el despilfarro y el deterioro de sus finanzas.

Concejal de Bogotá.

"Si la educación fuera gratuita, recuperar sus costos a través de un impuesto podría ser una propuesta sensata”.

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