Transferencias, más que una pelea por $ 85,4 billones

Transferencias, más que una pelea por $ 85,4 billones

La pelea de fondo sobre las transferencias no es por unos pesos más o por unos pesos menos para la educación y la salud, sino por quién distribuirá esos millonarios recursos: ¿la nación o las entidades territoriales? El presidente Álvaro Uribe quiere tener mayor control en la asignación de esos recursos y promete que, si le aprueban la reforma constitucional, cumplirá con su promesa de campaña de lograr el cubrimiento universal en educación básica, y en salud, para los estratos 1,2 y 3, en el 2010.

21 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Esa operación implicará, necesariamente, que la Nación le gire a departamentos y municipios menos dinero del que le entregaría si se volviera a la fórmula inicial de la Constitución de 1991.

Según un estudio del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional, si triunfa la propuesta de Uribe, que ya fue aprobada en el segundo de los ocho debates, entre el 2008 y el 2019, la Nación dejará de girar a los departamentos y municipios 84.5 billones de pesos de 2006.

El presidente Uribe se defiende diciendo que su propuesta otorgará a las entidades territoriales más recursos de los actuales. Y eso es cierto.

Pasarán de inflación más 2.5 puntos, a inflación más 4 puntos en el 2008 y el 2009. De manera que sí recibirán más recursos que hoy, pero menos de lo que algunos consideran “justo” y de lo previsto en la Constitución de 1991.

¿Dádiva o derecho? Los investigadores de la Universidad Nacional acompañan sus proyecciones matemáticas con un concepto: dicen que con la fórmula de Uribe se pasa de un criterio de “participación” de los departamentos y municipios en la riqueza nacional (Ingresos Corrientes de la Nación), como un derecho, normado por la Constitución, a un sistema de “dádivas” en el que el Presidente los podrá repartir en consejos comunales y programas puntuales de la Presidencia, como favores personales.

Darío Restrepo, investigador de la Universidad Nacional, asegura que en esto radica la sustancia del cambio. Y que en el fondo se trata de dos maneras diferentes de concebir el Estado.

Fabio Sánchez, director de investigaciones económicas de la Universidad de los Andes, cree que la cifra de la Universidad Nacional puede estar sobreestimada, y en todo caso defiende la propuesta del Gobierno, porque dice que evita que el déficit fiscal crezca de manera incontrolada.

La pérdida para las comunidades marginales en asuntos prioritarios como salud y educación, según los estudiosos, no es sólo una probabilidad para el futuro, si se aprueba esa iniciativa. El recorte de estos recursos se inició desde el 2001, cuando mediante el Acto Legislativo 01 se modificó la Constitución de 1991 para frenar el ritmo de crecimiento de esos giros.

El ex ministro Jaime Castro, uno de los más reconocidos tratadistas de la descentralización, citó cifras de la Contraloría General para afirmar que entre el 2001 cuando se cambió la Constitución del 91 y el 2008, fecha en que termina esta primera etapa, la Nación dejó de girar a los municipios y departamentos 27 billones de pesos.

La mirada del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático y miembro de la Comisión Primera, que abordó el tema, también es crítica. Él considera que la aprobación del proyecto del Gobierno “le pondrá en la mano del presidente Álvaro Uribe 5 billones de pesos más, para repartirlos como dádivas electorales”.

El coordinador de ponentes del proyecto para primer y segundo debates en Senado, Armando Bennedetti, considera que si se aprueba esta reforma, el gobierno de Uribe saneará las deficiencias educación y salud “por siempre”.

Los críticos del proyecto creen que los departamentos y municipios van a tener dificultades para cumplir sus metas en esos campos.

El tercer debate sobre el proyecto de las transferencias que se inicia en la Cámara de Representantes plantea muchas expectativas en relación con la capacidad del Presidente para pasarlo, pero el Gobierno ha ido ganando espacio en esta corporación.

¿CÓMO SURGE EL LÍO DE LOS RECURSOS?.

La Constitución de 1991 estableció que los departamentos y los municipios tendrían derecho a un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Los recursos se destinarían a salud y educación.

La participación aumentaría hasta llegar al 22 por ciento en el 2002 para los municipios y a un porcentaje suficiente para atender los servicios para los que se debían destinar en los departamentos.

En los años 90 el aumento del déficit central y el desbordamiento de las finanzas locales y regionales llevaron al sistema al borde del abismo. El gobierno de Andrés Pastrana sacó adelante una reforma que, de manera transitoria (hasta el 2008), desligó las transferencias de los ICN y estableció que no podrían aumentar más de 1.5 por ciento por año.

En esos años las finanzas regionales se pusieron en orden pero ese no fue el caso del gasto del gobierno central. Ahora ante el fin de la vigencia de la reforma del 2001 y el regreso del sistema de la Carta de 1991, el gobierno de Uribe presentó un proyecto para desligar definitivamente las transferencias de los ICN.

Más de 18 votos para aprobarla.

El Gobierno tratará de evacuar entre hoy y mañana el proyecto de reforma a las transferencias, que debe ser aprobado por la Comisión Primera de la Cámara esta misma semana o de lo contrario su suerte corre peligro.

La coalición de Gobierno habría logrado superar algunas diferencias que tenían integrantes del partido de ‘la U’ para votar el proyecto, y con esto los votos estarían asegurados en esta comisión. “Todos estamos alineados”, dijo Nicolás Uribe, vocero de ‘la U’.

Roy Barreras, vocero de Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto, dijo que el Gobierno podría tener entre 18 y 25 votos, mientrasque la oposición solo tendría 10, de los cuales 6 son liberales, 2 del Polo, y 2 de los independientes.

Con estas cuentas, a la oposición solo le quedaría jugar a dilatar la aprobación del proyecto, para complicar su trámite en el mes que resta de este período legislativo. “No los vamos a acompañar. Los municipios ya ahorraron y el Estado central siguió gastando”, dijo Germán Navas, del Polo.

Cambios al proyecto.

La ponencia que se votará tiene una serie de modificaciones con respecto a la que se aprobó en el Senado, pues los parlamentarios después de dos audiencias públicas y una reunión con el presidente Uribe decidieron mantenerla, pero modificar algunos aspectos de operatividad.

Barrera explicó que se mantendrá la fórmula aprobada por Senado, inflación (IPC) más cuatro por ciento durante 2008 y 2009, IPC más 3,5 por ciento en 2010 e IPC más tres por ciento de 2011 hasta el 2016. Pero se realizaron una serie de modificaciones como: reducción de la transitoriedad, se propone que no sea hasta el 2019, sino hasta el 2016 reduciendo tres años que significarían ganancias, aproximadas, por 15 billones de pesos, pues las transferencias crecerían paralelamente con los ingresos de la Nación.

Otro de los puntos modificados es que los municipios con menos de 25.000 habitantes recibirían un 9 por ciento de la bolsa de propósito general y no el 2 por ciento planteado orginalmente.

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