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Transferencias, más que una pelea por $ 85,4 billones

La pelea de fondo sobre las transferencias no es por unos pesos más o por unos pesos menos para la educación y la salud, sino por quién distribuirá esos millonarios recursos: ¿la nación o las entidades territoriales? El presidente Álvaro Uribe quiere tener mayor control en la asignación de esos recursos y promete que, si le aprueban la reforma constitucional, cumplirá con su promesa de campaña de lograr el cubrimiento universal en educación básica, y en salud, para los estratos 1,2 y 3, en el 2010.

Redacción El Tiempo
Esa operación implicará, necesariamente, que la Nación le gire a
departamentos y municipios menos dinero del que le entregaría si se volviera
a la fórmula inicial de la Constitución de 1991.
Según un estudio del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional,
si triunfa la propuesta de Uribe, que ya fue aprobada en el segundo de los
ocho debates, entre el 2008 y el 2019, la Nación dejará de girar a los
departamentos y municipios 84.5 billones de pesos de 2006.
El presidente Uribe se defiende diciendo que su propuesta otorgará a las
entidades territoriales más recursos de los actuales. Y eso es cierto.
Pasarán de inflación más 2.5 puntos, a inflación más 4 puntos en el 2008 y
el 2009. De manera que sí recibirán más recursos que hoy, pero menos de lo
que algunos consideran “justo” y de lo previsto en la Constitución de 1991.
¿Dádiva o derecho?
Los investigadores de la Universidad Nacional acompañan sus proyecciones
matemáticas con un concepto: dicen que con la fórmula de Uribe se pasa de un
criterio de “participación” de los departamentos y municipios en la riqueza
nacional (Ingresos Corrientes de la Nación), como un derecho, normado por la
Constitución, a un sistema de “dádivas” en el que el Presidente los podrá
repartir en consejos comunales y programas puntuales de la Presidencia, como
favores personales.
Darío Restrepo, investigador de la Universidad Nacional, asegura que en
esto radica la sustancia del cambio. Y que en el fondo se trata de dos
maneras diferentes de concebir el Estado.
Fabio Sánchez, director de investigaciones económicas de la Universidad de
los Andes, cree que la cifra de la Universidad Nacional puede estar
sobreestimada, y en todo caso defiende la propuesta del Gobierno, porque
dice que evita que el déficit fiscal crezca de manera incontrolada.
La pérdida para las comunidades marginales en asuntos prioritarios como
salud y educación, según los estudiosos, no es sólo una probabilidad para el
futuro, si se aprueba esa iniciativa. El recorte de estos recursos se inició
desde el 2001, cuando mediante el Acto Legislativo 01 se modificó la
Constitución de 1991 para frenar el ritmo de crecimiento de esos giros.
El ex ministro Jaime Castro, uno de los más reconocidos tratadistas de la
descentralización, citó cifras de la Contraloría General para afirmar que
entre el 2001 cuando se cambió la Constitución del 91 y el 2008, fecha en
que termina esta primera etapa, la Nación dejó de girar a los municipios y
departamentos 27 billones de pesos.
La mirada del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático y miembro de la
Comisión Primera, que abordó el tema, también es crítica. Él considera que
la aprobación del proyecto del Gobierno “le pondrá en la mano del presidente
Álvaro Uribe 5 billones de pesos más, para repartirlos como dádivas
electorales”.
El coordinador de ponentes del proyecto para primer y segundo debates en
Senado, Armando Bennedetti, considera que si se aprueba esta reforma, el
gobierno de Uribe saneará las deficiencias educación y salud “por siempre”.
Los críticos del proyecto creen que los departamentos y municipios van a
tener dificultades para cumplir sus metas en esos campos.
El tercer debate sobre el proyecto de las transferencias que se inicia en la
Cámara de Representantes plantea muchas expectativas en relación con la
capacidad del Presidente para pasarlo, pero el Gobierno ha ido ganando
espacio en esta corporación.
¿CÓMO SURGE EL LÍO DE LOS RECURSOS?
La Constitución de 1991 estableció que los departamentos y los municipios
tendrían derecho a un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación
(ICN). Los recursos se destinarían a salud y educación.
La participación aumentaría hasta llegar al 22 por ciento en el 2002 para
los municipios y a un porcentaje suficiente para atender los servicios para
los que se debían destinar en los departamentos.
En los años 90 el aumento del déficit central y el desbordamiento de las
finanzas locales y regionales llevaron al sistema al borde del abismo. El
gobierno de Andrés Pastrana sacó adelante una reforma que, de manera
transitoria (hasta el 2008), desligó las transferencias de los ICN y
estableció que no podrían aumentar más de 1.5 por ciento por año.
En esos años las finanzas regionales se pusieron en orden pero ese no fue el
caso del gasto del gobierno central. Ahora ante el fin de la vigencia de la
reforma del 2001 y el regreso del sistema de la Carta de 1991, el gobierno
de Uribe presentó un proyecto para desligar definitivamente las
transferencias de los ICN.
Más de 18 votos para aprobarla
El Gobierno tratará de evacuar entre hoy y mañana el proyecto de reforma a
las transferencias, que debe ser aprobado por la Comisión Primera de la
Cámara esta misma semana o de lo contrario su suerte corre peligro.
La coalición de Gobierno habría logrado superar algunas diferencias que
tenían integrantes del partido de ‘la U’ para votar el proyecto, y con esto
los votos estarían asegurados en esta comisión. “Todos estamos alineados”,
dijo Nicolás Uribe, vocero de ‘la U’.
Roy Barreras, vocero de Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto,
dijo que el Gobierno podría tener entre 18 y 25 votos, mientrasque la
oposición solo tendría 10, de los cuales 6 son liberales, 2 del Polo, y 2 de
los independientes.
Con estas cuentas, a la oposición solo le quedaría jugar a dilatar la
aprobación del proyecto, para complicar su trámite en el mes que resta de
este período legislativo. “No los vamos a acompañar. Los municipios ya
ahorraron y el Estado central siguió gastando”, dijo Germán Navas, del Polo.
Cambios al proyecto
La ponencia que se votará tiene una serie de modificaciones con respecto a
la que se aprobó en el Senado, pues los parlamentarios después de dos
audiencias públicas y una reunión con el presidente Uribe decidieron
mantenerla, pero modificar algunos aspectos de operatividad.
Barrera explicó que se mantendrá la fórmula aprobada por Senado, inflación
(IPC) más cuatro por ciento durante 2008 y 2009, IPC más 3,5 por ciento en
2010 e IPC más tres por ciento de 2011 hasta el 2016. Pero se realizaron una
serie de modificaciones como: reducción de la transitoriedad, se propone que
no sea hasta el 2019, sino hasta el 2016 reduciendo tres años que
significarían ganancias, aproximadas, por 15 billones de pesos, pues las
transferencias crecerían paralelamente con los ingresos de la Nación.
Otro de los puntos modificados es que los municipios con menos de 25.000
habitantes recibirían un 9 por ciento de la bolsa de propósito general y no
el 2 por ciento planteado orginalmente.
Redacción El Tiempo
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