El Estadosometido (I)

El Estadosometido (I)

La medida de aseguramiento contra tres congresistas sucreños, expedida por la Corte Suprema de Justicia, no sólo ha puesto en evidencia la densa capa de impunidad que cubre el modelo de poder territorial en el país. También ha dejado ver que el Estado, lejos de estar ausente de muchas regiones, ha sido sometido por oscuros intereses de dirigencias territoriales.

21 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Se trata de un modelo en el que políticos y empresarios han sabido aprovechar las ventajas que ofrecen el dinero de los narcos y el control territorial de los paramilitares en sus regiones. Por una parte, en la política opera de la siguiente manera: los ilegales aseguran la victoria de congresistas que luego intervendrían de manera decisiva en la elección de los jueces y los responsables de los organismos de control. La elección no sólo impone una “cuota de manejo” en los cargos que controla el elegido, a cambio de su elección, sino también una “cuota de inmunidad” para los legales e ilegales que lo ayudaron a elegir.

Y por otra, en la economía ese modelo funciona basado en una clase rentista que, ante su escasa preparación y su incapacidad para producir riqueza, ha buscado aprovecharse de la necesidad de los ilegales de lavar sus activos.

Para tener ganancias rápidas y fáciles, ese empresariado no ha tenido problema en acoger las “inversiones” estableciendo sociedades o asumiendo el testaferrato.

Es la dirigencia política y empresarial que se queja de la ausencia del Estado, para justificar todo tipo de alianzas con los intereses ilegales de los grupos armados. Pero que, en realidad, ha aprovechado esas alianzas, para someter todavía más al Estado que –desde siempre– ha hecho presencia en sus territorios. ¿O no ha sido esa dirigencia la que en muchos municipios y departamentos ha saqueado las empresas de servicios públicos, se ha apropiado del dinero destinado a las obras de infraestructura, ha impuesto notarios, jueces, fiscales o cuando ha querido ha logrado el traslado de generales y coroneles que no estén a su servicio? En el Estado sometido no rige el imperio de la Ley. Lo que prima es la ley del más fuerte. Es la realidad que se vive en grandes porciones del territorio nacional. Regiones enteras sometidas al yugo de una dirigencia política y empresarial que las mantiene abandonadas, sin los servicios que aseguren un mínimo nivel de supervivencia a su población. Allí, el camino del éxito se ha reducido a ser político, terrateniente o jefe paramilitar.

Son dirigencias que siguen vigentes, porque saben usar la “diplomacia” de sus festivales y fiestas populares para legitimarse con los jefes nacionales, los formadores de opinión y las estrellas del jet set extranjero y local.

Es la realidad de poder territorial que ha filtrado las estructuras de poder nacional. Sus votos son decisivos en la elección presidencial; eligen senadores y representantes; y son clave en la composición de los tribunales.

Su mayor o menor presencia en el Gobierno Nacional, el Congreso o las Cortes, es definitiva para la asignación de los recursos públicos, el manejo de las relaciones internacionales, la aprobación de las leyes y los contenidos de las sentencias judiciales.

Los efectos que ha comenzado a tener la medida de aseguramiento dictada por la Corte están mostrando qué tan difundido está ese poder en el territorio nacional y el aparato estatal y, sobre todo, cuán frágiles son las bases éticas que sostienen el régimen presidencial colombiano.

Ya se escuchan las primeras voces que, desde los medios de comunicación y los gremios económicos, piden detenerlo todo porque el país no está preparado para tanta verdad o que piden leyes especiales para que todos los políticos puedan decir la verdad al menor costo posible. Son las voces que prefieren ese Estado sometido, porque es el que les tributa la mejor rentabilidad o les asegura el statu quo.

Próximo: ‘El Estado sometido’ (II): El poder de procesar .

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