Zozobra legislativa durante últimos 15 días de sesiones en el Congreso

Zozobra legislativa durante últimos 15 días de sesiones en el Congreso

Mañana se reanuda la votación del proyecto de reforma tributaria y del que vende acciones de Ecopetrol, en medio de la zozobra que han causado en el Congreso las investigaciones contra varios congresistas por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

20 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Faltan quince días hábiles para que terminen las sesiones ordinarias y ya ha cobrado fuerza la tesis de que muchos parlamentarios van a Palacio a pedir, ya no puestos, sino “protección”.

El caso más patético de todos fue el del senador uribista Alvaro Araujo, del Partido Alas Equipo Colombia. Se supo que la reprimenda de su hermana, la canciller María Consuelo Araújo, y de su tío político, el procurador Edgardo Maya Villazón, no fue poca cosa. ¿Por qué tenía que mencionarlos a ellos en la reunión de Palacio en que dijo que una investigación contra él arrastraría a la Canciller, al Procurador, al magistrado Jaime Araújo y al propio Presidente de la República? Además, varios miembros de la oposición ya enfilan baterías contra el hecho de que una reunión oficial entre la Canciller y el Fiscal General hubiera sido ‘aprovechada’ por Araujo para ‘pegarse’ y de paso averiguar en qué van las investigaciones en su contra.

“A menos que la tal reunión no hubiera existido y hubiera sido una excusa de la Canciller para darle una mano a su hermano”, comentó otro senador liberal.

Estas salidas en falso de Araújo, de quien dijeron en el Congreso se había ‘delatado solito’, pues hasta el momento la Corte no ha expedido ninguna medida en su contra, se convirtieron en el plato fuerte de la oposición.

Desde comienzos de semana, miembros del Polo Democrático y del Partido Liberal se fueron lanza en ristre contra el Presidente por ser el que dirige la coalición de uribistas de la que forman parte los congresistas con medida de aseguramiento.

Pero había una diferencia enorme entre el hecho de que unos congresistas uribistas fueran acusados de tener esos vínculos, y el que el Presidente los prohijara.

En la dialéctica de quienes están en la oposición, políticamente faltaba un eslabón para completar la cadena. Y ese eslabón, paradójicamente, lo puso el propio senador uribista a quien se ha visto muy nervioso en comisiones y plenarias del Congreso.

Y no sólo a él. Otros parlamentarios han optado por una táctica menos dramática. La senadora Zulema Jattín, que está en la lista de posibles investigados, decidió guardar silencio absoluto. Se esperaba que haría su defensa en el debate promovido por el senador Gustavo Petro, pero varios de sus consejeros y abogados le recomendaron no agitar el asunto, pues eventualmente su defensa debe ser estrictamente jurídica y ante los estrados judiciales, no en los fogosos recintos del Congreso, como infructuosamente lo hizo el senador García cuando insultó a Petro.

Al mencionar al Presidente, a la Canciller, al Procurador y a un magistrado de la Corte Constitucional, Araújo dejó abierta la que podría ser la actitud de muchos de los investigados, según analizó un senador del Polo Democrático.

Su argumento apunta a que, por una parte, el mayor temor que ha surgido es que se esté produciendo un “efecto dominó”. Es decir, que unos investigados o capturados delaten a otros y describan circunstancias que los comprometan.

Y que ese ‘ventilador’ en cadena deje al descubierto, con pruebas y testigos, al ‘35 por ciento’ de congresistas amigos de los paramilitares, como en su momento lo dijeron los jefes de esos grupos Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

Por otra parte, de acuerdo con el análisis hecho por el parlamentario del Polo, ya se está presentando un fenómeno particular y es que están matando a quienes pueden servir de testigos a las autoridades judiciales.

Ya se denunció la muerte de varios contratistas que habrían cedido un porcentaje de sus contratos a los grupos políticos que a su vez estaban amangualados con los paramilitares. Y también, se empezaron a presentar los asesinatos de represalia, como el del hermano de un dirigente del Polo en Sucre.

“Temo mucho, y hago responsable al Gobierno, por la vida de los amigos del Polo en estos departamentos”, dijo el senador Petro. Otro congresista decía que entre delincuentes es muy difícil que haya solidaridad a menos que esta sea impuesta “a punta de balas”.

Su argumento se fundamenta en que cuando cae un miembro de un grupo delincuencial, la posibilidad de que delate a los otros es muy alta, sobre todo si, como suele ocurrir, los que están afuera le dan la espalda.

“Por eso es que algunos se niegan a recibir alimentos cuando están en las cárceles. Por miedo a que los envenenen”, dijo otro congresista.

Nunca como ahora estos episodios penales habían empañado tanto el ambiente parlamentario. Los escándalos que tradicionalmente ocurrían en el Congreso se originaban en senadores o representantes que habían recibido financiación de grupos ilegales. Pero nunca que fueran algunos congresistas en persona los que hubieran podido armar personalmente escuadrones de la muerte para acabar con sus rivales políticos y alzarse con los presupuestos y el poder político de municipios y departamentos.

CONTRA EL TIEMPO A quince días hábiles de terminar las sesiones ordinarias, la suerte de los proyectos clave del Gobierno sigue siendo incierta. La sesión en que se aprobaba la reforma tributaria fue levantada la semana pasada por el propio Presidente de la Comisión Tercera, a pesar del excelente quórum decisorio que existía. Cuanto menos tiempo legislativo quede, más capacidad de "negociación" hay entre los congresistas y el Gobierno.

Al proyecto de transferencias le espera un trámite angustioso en la Comisión Primera de la Cámara, y luego en la plenaria.

Lo que no parece claro hasta el momento es cómo podrá el Gobierno apoyar a quienes resulten investigados por posibles nexos con paramilitares. Se supo de tres parlamentarios que fueron a Palacio a pedir "cárceles dignas". Pero voceros del Gobierno respondieron que el propio Presidente se había comprometido en campaña a acabar con las cárceles "cinco estrellas" para altos funcionarios del Estado.

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"Las relaciones entre el Gobierno y su coalición tienen ahora una nueva grieta”.

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