Después de 20 años, los pobres vuelven a centrar la atención oficial

Después de 20 años, los pobres vuelven a centrar la atención oficial

El último plan de desarrollo en el que se formuló de manera explícita la lucha contra la pobreza, particularmente la que en su momento se llamó pobreza absoluta, fue el de la administración de Virgilio Barco entre 1986 y 1990. (VER GRAFICO)

16 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Veinte años después, el tema de combatir a fondo la indigencia y la pobreza en general es retomado por el segundo mandato de Uribe y así quedará plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, que será presentado hoy en la Casa de Nariño.

La pobreza golpea a más de 20 millones de colombianos (la mitad de la población). El objetivo es reducirla del 49,2 al 39 por ciento, aunque el presidente Uribe ha dicho que se puede hacer un “esfuercito” adicional para tratar de bajarla al 35 por ciento.

Para lograr esa y las demás metas, el Plan señala que es necesario garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico, que ya supera el 5 por ciento, pues de lo contrario todo se puede quedar en buenas intenciones y en una frustración más para los colombianos, principalmente de los más desfavorecidos.

Esos son los dos objetivos prioritarios del PND, que hoy será divulgado por la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Carolina Rentería, y que está en línea con la Visión Colombia II Centenario.

Aunque diferentes analistas consideran que el lunar del primer mandato de Alvaro Uribe fue la ausencia de una clara y contundente política social para combatir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, el nuevo PND señala que este está dirigido a consolidar y profundizar los logros y la recuperación económica y social obtenidos en el pasado cuatrienio.

Las cifras sobre la desocupación, el deterioro de la calidad del empleo, el aumento del número de subempleados, las reforma laboral y de pensiones que han afectado los ingresos de los trabajadores, la propuesta inicial de la reforma tributaria que se discute actualmente y que golpeaba en forma dramática los ingresos salariales, se muestran cada día como ejemplo de la indiferencia del Gobierno por la suerte de los más pobres, aunque este se esfuerza por rechazar esos señalamientos.

Los dos objetivos mencionados ‘cabalgarán’ sobre el lomo de la política de Seguridad Democrática, “que entrará en una fase de consolidación en su componente militar y social”, y de la lucha frontal contra la pobreza, una de cuyas estrategias es la ya aprobada creación de una red de protección social contra la extrema pobreza en la cual se invertirán 18,5 billones de pesos entre el 2007 y el 2010.

La directora del DNP señalará hoy en el acto de lanzamiento del Plan que se continuará avanzando en otros frentes que se complementarán entre sí para lograr un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y fiscal, la generación de confianza y mayor inversión, el fortalecimiento de la descentralización y la consolidación de dos servicios sociales básicos: educación y salud.

Quizás el punto más novedoso del PND y que significa un rompimiento con la sabiduría y la tecnocracia tradicional es que para avanzar por la senda del desarrollo, el combate a fondo contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población, no es suficiente con tener altas tasas de crecimiento económico, sino que este tiene que ser acompañado de una acción decidida del Estado para corregir el rumbo y la suerte de los más pobres.

El pensamiento económico que ha dominado en los gobiernos pasados dejaba en manos del crecimiento de la economía la solución de los problemas acuciantes de la inmensa mayoría de la población, ligeramente aliviados para algunos por diferentes programas asistencialistas. Esto, sin embargo, no quiere decir que esa idea haya desaparecido de las esferas oficiales. En el mismo Plan y en otros ámbitos se muestra con toda su fuerza.

El nuevo Plan acoge uno de los planteamientos centrales de la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (de cuya autoría también es la creación de la red de protección social), aunque diferentes analistas no comparten algunos de los mecanismos propuestos, como la entrega masiva de subsidios en dinero para los pobres del programa Familias en Acción, porque consideran que es una forma de clientelismo que no conduce a la superación de las condiciones de pobreza.

El Plan también busca evitar que los colombianos que están en situación de pobreza moderada, como la llama la Misión, se deslicen hacia situaciones peores por fenómenos temporales (crisis externas, desastres naturales, enfermedades, pérdida del empleo, etc.) que afecten gravemente a todos los miembros del hogar.

En consecuencia, se tratará de ampliar y mejorar el sistema de protección social mediante la inclusión de mecanismos flexibles de aseguramiento, la disminución de los riesgos de los trabajadores del gigantesco sector informal de la economía y se priorice la atención de los niños.

"Hay que garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico para que la lucha contra la pobreza no sea una frustración más”.

Fortalecerán seguridad democrática El fortalecimiento de la política de Seguridad Democrática implica, entre otros aspectos, aumentar el pie de fuerza para combatir a los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común) y el apoyo a la población desplazada.

La Seguridad Democrática consume multimillonarios recursos que, según las cuentas del Gobierno, no pueden ser sufragados con los actuales ingresos tributarios. Por esto propuso y ha logrado sacar adelante la iniciativa de gravar con 1,2 por ciento los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Este impuesto le generará 8,6 billones de pesos que se dedicarán a combatir la subversión y el terrorismo.

Darles tranquilidad y confianza a los inversionistas tanto nacionales y extranjeros para que vinculen sus capitales a la actividad productiva local y generen empleo ha sido una prioridad del presidente Uribe desde su primer mandato, pero la tarea no ha finalizado.

El narcotráfico, que sirve de financiación a los grupos armados ilegales y estos, a su vez, se han insertado en la administración pública, está lejos de ser derrotado.

El campo sigue siendo escenario de la disputa de guerrilleros y paramilitares por apoderarse de cultivos, zonas y rutas para el negocio ilícito. El Plan de Desarrollo insiste en la ocupación lícita de la tierra, que pasa primero por ponerle fin a esos grupos armados para estimular la inversión en productos de exportación y para el mercado local.

8,6 billones de pesos serán destinados al fortalecimiento militar y social de la política de Seguridad Democrática para estimular y afianzar la inversión en la ciudad y el campo

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