‘Belisario no tuvo manejo sobre la retoma del Palacio de Justicia’

‘Belisario no tuvo manejo sobre la retoma del Palacio de Justicia’

Durante la toma del Palacio de Justicia, hace 21 años, “se dio un vacío de poder porque el Presidente (Belisario Betancur), simplemente, fue un espectador”. A esta dura conclusión llegó ayer la Comisión de la Verdad, creada hace un año para esclarecer los detalles de la incursión a sangre y fuego del M-19 a la edificación y la consecuente retoma de la Fuerza Pública, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

16 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

El informe preliminar de la Comisión fue revelado en el marco de la celebración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia como corte de casación, los cuales se conmemorán en el Hotel Tequendama, donde se cumple el IX Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria y el Primer Congreso de la Corte Suprema.

El documento, de 55 páginas, destaca en una de sus conclusiones principales que Betancur jamás tuvo un manejo directo de la situación.

El informe fue leído por los tres miembros de la Comisión, los ex presidentes de la Corte Suprema Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera.

En documento revela que “el Ejecutivo –durante las 27 horas que duró la crisis– no estuvo informado con precisión sobre lo que ocurría y menos asumió el mando de la supervisión del operativo militar,como era el deber del Jefe del Estado”.

Uno de los hechos más graves de la retoma revelados en el documento –que recoge testimonios de más de 60 personas y al menos 600 pruebas y evidencias de diversa índole– radicó en que el Gobierno solo recibía las informaciones de las actuaciones de los jefes militares y de Policía, pero después de que estos las habían ejecutado.

Pero las revelaciones van más allá. “Por lo menos tres de los magistrados: los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”, indica el informe.

Para la Comisión quedó claro que la intervención de los militares durante la retoma fue, además de inconsulta, desmesurada.

Hasta el ministro de Justicia de la época, Enrique Parejo, “estaba a oscuras de lo que ocurría en el palacio”, precisa el informe que, aunque no tiene consecuencias jurídicas, sí tendrá efectos históricos. Los familiares de los desaparecidos podrán usarlo como apoyo a demandas en cortes internacionales.

EL TIEMPO buscó ayer al ex presidente Betancur, pero no fue posible hablar con él.

‘HUBO REUNIONES DEL M-19 CON ESCOBAR EN 1984 Y 1985’.

La Comisión concluyó que, según varias evidencias, el cartel de Medellín sí le dio recursos al M-19 para realizar la toma.

“Jhon Jairo Velásquez Vázquez, ‘Popeye’, lugarteniente de Pablo Escobar, declaró a la Comisión que este pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio”, dice el documento.

Según el informe, en los años 84 y 85, miembros de la dirección del M-19 se reunieron con Escobar, recibieron dineros y realizaron acciones. La Comisión también tuvo en cuenta el libro de Carlos Castaño, Mi Confesión, en el que revela la financiación del cartel de Medellín en la toma.

El senador Gustavo Petro, ex M-19, no opinó ayer sobre el informe. El congresista publicó el libro Prohibido Olvidar, en el que dice que es imposible que los narcos hayan financiado la operación, pues en ese entonces habían organizado el MAS (Muerte a Secuestradores) contra la guerrilla.

Nuevo video, prueba clave para ordenar captura de corone l retirado.

La aparición de un nuevo video y de nuevas fotografías en la investigación por la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia –otra grabación había generado la reapertura del caso en agosto pasado– provocaron que la Fiscalía ordenara la detención de un coronel retirado del Ejército.

Se trata de Edilberto Sánchez Rubiano, ex jefe de inteligencia de la Brigada 13 en Bogotá, sindicado de desaparición forzada agravada. Esta es la primera decisión que toma la justicia en contra de uno de los militares que participó en los hechos.

La Fiscalía ha establecido que Carlos Rodríguez Vera y Cristina del Pilar Guarín, el administrador y la cajera de la cafetería, respectivamente,salieron con vida del lugar.

En ambos casos, varios registros audiviosuales muestran que ellos salen acompañados por soldados y son conducidos a la Casa del Florero. Incluso, en una foto aparece un soldado llevando en sus hombros a Cristina. La Fiscalía dice que también revisa “el registro de libros de entrada de rehenes a la Brigada 13 del Ejército”.

Sánchez, que rindió indagatoria hace unas semanas, negó los cargos. La Fiscalía ha llamado a declarar a otros militares retirados como el coronel Alfonso Plazas y el general Rafael Samudio. La investigación sigue.

‘CRISTINA ESTABA HACIENDO UN REMPLAZO’.

Cristina del Pilar Guarín había llegado por casualidad a trabajar en la cafetería del Palacio. Llevaba 36 días y estaba remplazando por unas semanas a Cecilia, la esposa del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez. Cecilia estaba en licencia de maternidad.

Cristina, que tenía 27 años, era licenciada en ciencias sociales y el 15 de diciembre de 1985 tenía previsto viajar a España a estudiar con una beca que había conseguido.

“Era uno de sus sueños y lo iba a cumplir, pero la desaparecieron”, cuenta su hermano René Guarín, quien la recuerda como una mujer muy alegre y activa.

Cristina, quien era soltera, también había estudiado idiomas y hablaba inglés y francés.

Su hermano le pide a la justicia que siga avanzando en el caso.

Sin pistas claras .

Hasta la tarde de ayer el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano estuvo trabajando en su despacho de director de la cárcel de mujeres del Guamo (Tolima). Fuentes consultadas por EL TIEMPO dijeron que el funcionario no se presentó ayer y que, al parecer, había abandonado el municipio en la noche del martes. Hace dos meses, cuando se conoció que habían reabierto el proceso del Palacio de Justicia, Sánchez dejó el cargo temporalmente argumentado dificultades de salud. Por lo pronto, no hay pistas claras del paradero de Sánchez.

‘Respuesta militar fue desmesurada’.

Para los miembros de la Comisión de la Verdad una vez ocurrida la sangrienta incursión guerrillera del M-19 al Palacio de Justicia la respuesta militar fue “inmediata, desproporcionada y a gran escala”.

Ellos no desconocen la gravedad del asalto subversivo que, dicen, hacía legítima una reacción del Estado. Sin embargo, aseguran, “el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes les conferían”.

La Comisión califica la retoma, que dejó al menos 100 muertos, entre magistrados, guerrilleros, civiles y miembros de la Fuerza Pública, “de acción ilegítima, desproporcionada y copartícipe del holocausto”.

Asegura la Comisión que el Ejército y la Policía, “en su afán desmedido por aniquilar al causante inicial de la tragedia, no solo no reparó la integridad y la vida de los rehenes, sino que causó un elevado número de víctimas y la destrucción del templo de la magistratura(...)”.

‘Una acción de barbarie’ Y agrega el informe: “Fue una acción de barbarie, inspirada en la retaliación y con el derrotero prioritario de eliminar al enemigo, antes que cumplir la insoslayable obligación constitucional de rescate a la población civil cautiva. No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes, el operativo militar apuntó a destruir al M-19”.

Igualmente, la Comisión de la Verdad sostuvo que durante la operación, en la que participaron más de mil militares, ciertos sectores ordenaron disparar contra todo el que se asomara, sin tener certeza si eran subversivos o civiles.

LO QUE HA DICHO EL EX PRESIDENTE BETANCUR .

‘‘Para bien o para mal, la responsabilidad (de los operativos militares del 6 y 7 de noviembre) la ha asumido el Presidente de la República”.

"Se me informó que era posible que algunos de los asaltantes (durante el operativo militar) hubieran salido con vida, pero no se me precisaron nombres”.

Declaración a la Fiscalía. Enero de 2006. Alocución tras la retoma. 1985

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