Se embolata desalojo de Barú

Se embolata desalojo de Barú

El desalojo de unos 3.500 habitantes de la isla de Barú, en Cartagena, a los que el Gobierno califica de invasores, sigue embolatado. En esa zona se pretende construir un megaproyecto turístico en el que incluso invertiría el magnate estadounidense Donald Trump.

15 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Una tutela invalidó el proceso policivo que ya había iniciado la Alcaldía de Cartagena. El juez consideró que se le estaba ocasionando un perjuicio irremediable a Ángel González Camargo, uno de los tenedores de predios en Barú.

Este hombre apeló al recurso de tutela aduciendo que él y su familia dependen exclusivamente del negocio de hospedaje La Sirena que han establecido en la isla y del que los quieren sacar.

Además, argumenta que lleva ahí unos 30 años y que es heredero de los poseedores originales de esos predios.

Ayer el Juez Noveno Civil Municipal, Juan Carlos Cerón Díaz, aceptó esos argumentos. De inmediato su decisión fue impugnada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que insiste en su propiedad sobre esas tierras.

El Ministerio argumenta que los predios fueron compradas por la desaparecida Corporación Nacional de Turismo.

Ya el Juez Noveno, en medida provisional del pasado 23 de octubre, había impedido el desalojo de González Camargo –programado para el 25 de octubre– mientras se resolvía la tutela.

El argumento de los abogados de los habitantes de la isla se fundamenta en un dictamen pericial del ingeniero Carlos Amor, según el cual el hostal La Sirena está dentro de la antigua hacienda Santa Ana, de 3.500 hectáreas.

Los habitantes de Barú alegan que las tierras de esa hacienda jamás fueron compradas a los herederos originales, 94 en total, que sí se las compraron a sus amos españoles a finales del siglo XIX.

Cerca de 700 de esas hectáreas son las que el Gobierno está promoviendo entre inversionistas privados, nacionales y extranjeros.

Y aunque la tutela solo cobija uno de los casos, es emblemática porque la situación de los demás es la misma. No obstante, el de Ángel González es el único hostal. Los demás predios están dedicados a labores del campo en su mayoría.

Ahora, el Juez Noveno remitirá el proceso a un Juez del Circuito de Cartagena, que, a su vez, tendrá 20 días para corroborar o revocar la providencia del Noveno Civil.

Los tenedores de predios en Barú dicen que llegarán incluso a la Corte Constitucional para defender sus derechos.

La Alcaldía también ha encontrado obstáculos legales en la recuperación de las islas del Rosario, también en la bahía de Cartagena.

SIN CONGESTIÓN.

‘‘Ganamos eficiencia y mayor capacidad técnica. Colombia puede estar tranquila: El terminal marítimo está funcionando en completa normalidad y eso lo podemos demostrar con cifras”.

Nancy Ceballos, gerente (e) de la Sociedad Portuaria Buenaventura

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