Una Corte valiente, pero sola

Una Corte valiente, pero sola

Con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de ordenar la captura de tres congresistas de Sucre, no solo ya por su presunta relación con los narcoparamilitares , sino porque habrían sido sus fundadores –¡qué tal la bobadita!–, este órgano judicial ha logrado establecer en una semana lo que en tres años no han podido descifrar ni la Fiscalía ni la Procuraduría. Es decir, la Corte, en una actitud valerosa, ha develado ante el país cuán profunda y cercana es la relación entre el paramilitarismo, el narcotráfico y muchas de las poderosas élites políticas que dominan varias regiones.

13 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Por lo que la Corte Suprema encontró en solo uno de los departamentos del país se pueden hacer ya varias conjeturas. La primera y más reveladora es la de que no es cierto que el paramilitarismo haya infiltrado a la política, como lo dijo Vicente Castaño hace un tiempo, sino al contrario. Es decir, que quien se tomó el paramilitarismo fue la clase política emergente de los 70 y que, por consiguiente, a los verdaderos jefes de los cabecillas de las Auc que se están desmovilizando en La Ceja no hay que buscarlos monte arriba ni en la ilegalidad, sino en el Congreso. Desde allí despachan y son convidados a sentarse a manteles en Palacio como si nada, o mejor, como lo que son: ex militantes de partidos tradicionales que hoy son miembros egregios de la coalición de gobierno. A muchos de ellos no les conocemos ni la voz.

La segunda conjetura es acaso menos reveladora, pero igualmente inquietante.

La existencia de una organización político-militar que funciona como una estructura mafiosa, de la cual habla la Corte, y que opera saqueando el erario público, cobrando ‘vacunas’ a todos los contratistas y haciéndose a las tierras de los campesinos indefensos, quienes hoy viven desplazados en la extrema pobreza, es un “modelo de justicia social” que han impuesto esas nuevas mafias y que funciona no solo en Sucre. La verdad quedaría incompleta si esta solo se circunscribe a la de un departamento y a la de unos políticos sucreños bien encumbrados.

La tercera conjetura es obvia: aunque se insiste en que nada de esto los toca, es claro que hasta el Gobierno central podría terminar seriamente afectado en su legitimidad. No solo porque ya están en boca de algunos testigos los familiares de dos de sus ministros, sino porque los contratistas más favorecidos de la administración Uribe son los hijos de uno de los supuestos financiadores de los paramilitares y determinadores de una masacre. Ni el teflón más tenaz resiste semejante fuego infernal.

A todas estas, es preocupante que la Corte Suprema de Justicia esté sola en la decisión de buscar la verdad sobre quiénes son los progenitores de este Frankenstein en que se ha convertido el narcoparamilitarismo en Colombia. La Fiscalía sigue andando a paso lento en todo lo que tiene que ver con los tentáculos de este engendro y su penetración en el Estado. Según la revista Semana, la investigación sobre el ex jefe del DAS Jorge Noguera sigue sin mostrar mayores desarrollos. Nada se ha sabido sobre las investigaciones que se les estarían haciendo a las ARS infiltradas por los paramilitares. En el caso de Jamundí, lo que se advertía como una investigación fácil, cada vez se complica, y pasan los días y pasan las noches y aún no sabemos cuándo será ese cuando en que la Fiscalía va a comenzar a aplicar la tan esperada Ley de Justicia y Paz.

En cuanto a la Procuraduría, uno hubiera esperado una presencia más activa, habida cuenta del poder que tiene para fiscalizar disciplinariamente a los funcionarios públicos. No se entiende cómo un Procurador que se ha mostrado tan severo en casos de corrupción de cuello blanco ha hecho mutis por el foro en todos los casos de paramilitarismo, empezando por el del senador García y el ex diplomático Arana. Ojalá que se espabile.

Por lo pronto, quien ha sacado la cara por la justicia es esta Corte valiente.

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