‘General (r) Óscar Peláez no actuó con dolo en caso Galán’

‘General (r) Óscar Peláez no actuó con dolo en caso Galán’

Por falta de pruebas y al no incurrir en dolo o culpa grave en su actuación, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca no encontró responsabilidad del general (r) Óscar Peláez Carmona, en la sentencia que ordenó indemnizar a tres de los detenidos por el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989.

12 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

La corporación declaró administrativamente responsable a la Nación (en cabeza de la Fiscalía General), por la “privación injusta de la libertad” de Alberto Júbiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández.

El general (r) Edgard Peña Velásquez, abogado del ex director de la Dijín, desmintió la información de este diario según la cual habría caducado una acción de reparación contra el general Peláez por “falsas imputaciones” a los detenidos.

La sentencia señala que la caducidad se refiere a la Presidencia y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Esa acción quedó sin vigencia porque pasaron más de dos años entre los hechos y la formulación de la demanda, y no sería la opción jurídica adecuada.

El abogado Peña argumentó ante el Tribunal que “no hay prueba de los comunicados supuestamente publicados por su poderdante (Peláez), contentivos de ‘falsas imputaciones’ contra los demandantes principales”.

“La Dijín no expidió jamás comunicado alguno sobre estos hechos”, reiteró el apoderado.

‘Cumplian una orden’ Sobre la detención injusta, el Tribunal dice que la responsabilidad recae en la Fiscalía, debido a que las capturas fueron dispuestas por uno de los antiguos juzgados de Orden Público.

Al entonces presidente Virgilio Barco y a los generales Miguel Maza y Peláez, llamados en garantía al proceso, no se les atribuye responsabilidad en las detenciones porque no obraron con culpa grave o dolo.

Peña dice que los oficiales “actuaron en cumplimiento de una orden judicial y no tuvieron participación en la supuesta privación injusta y su presunta prolongación indebida”.

La familia de Júbiz, quien murió al igual que Cepeda sin conocer el fallo, anunció una apelación en el Consejo de Estado al no estar conforme con la decisión del Tribunal.

SOSTIENE LA DEFENSA.

‘‘los oficiales no tuvieron participación en la supuesta privación injusta” General (r) Édgard Peña, abogado del general (r) Peláez Carmona.

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