QUEDÓ SIN PISO LA TUTELA QUE FAVORECÍA A TELE 5

QUEDÓ SIN PISO LA TUTELA QUE FAVORECÍA A TELE 5

El Consejo de Estado cerró el paso a las estaciones clandestinas de televisión puestas en operación sin permiso del Estado. La corporación revocó la tutela mediante la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico dio vía libre al funcionamiento del canal privado Tele 5 de Barranquilla.

21 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

En concepto del Consejo de Estado, el uso del espectro eletromagnético requiere regulación estatal y, en consecuencia, argumentando la falta de legislación no es posible a los particulares disponer del espectro.

Sobre ponencia del magistrado Guillermo Chaín, el Consejo advirtió que los derechos ciudadanos no son absolutos y, por consiguiente, no pueden esgrimirse en detrimento de los derechos del Estado.

La sentencia critica la actuación del Tribunal y advierte que la nueva Constitución no derogó la legislación vigente en materia de telecomunicaciones.

En cuanto a Tele 5, el Consejo reitera que la tutela no es viable cuando se interpone por personas jurídicas, pues éstas no tienen derechos fundamentales susceptibles de ser tutelados.

A la vez, en criterio del Consejo, la sociedad tenía otros medios de defensa judicial a su alcance y desde esa perspectiva era improcedente aceptarle la acción de tutela.

Al respecto, la sentencia señala: No cabe duda de que, sin necesidad de entrar a definir si la legislación anterior sobre telecomunicaciones subsistía o no, después de entrar en vigencia la Carta de 1991, se debe arribar a la conclusión de que los socios de Tele 5 Limitada y la sociedad misma estaban ejerciendo de manera arbitraria, contra la ley y el derecho ajeno, una conducta que para que merezca ser garantizada por el Estado, con los mecanismos ordinarios y extraordinarios de protección, previstos en nuestro ordenamiento jurídico, ha debido ejercerse con arreglo a la Constitución y la ley y conforme a las leyes de telecomunicaciones .

La determinación se adoptó anoche en el seno de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, atendiendo una apelación presentada por los asesores del Ministerio de Comunicaciones, los juristas Alvaro Dávila y Sergio Regueros. Estos argumentaron que la providencia del Tribunal del Atlántico violaba el artículo 75 de la Constitución, según el cual la gestión y control del espectro electromagnético corresponde al Estado. Igualmente, argumentaron que el espectro, por ser un bien público imprescriptible e inenajenable, por lo tanto, no podía ser utilizado por los particulares, sin que mediera una autorización estatal.

Actualmente en Colombia funcionan cerca de tres centenares de canales privados de televisión, la gran mayoría de ellos locales y comunitarios.

Tras la decisión del Tribunal del Atlántico, el Ministerio de Comunicaciones advirtió que de imponerse la tesis según la cual todos los ciudadanos tienen derecho a fundar canales y a operarlos sin permiso del Estado, sobrevendría un verdadero caos, pues el espectro es un bien limitado y como tal se agota.

William Jaramillo Gómez, ministro de Comunicaciones, advirtió en su oportunidad que de prosperar la teoría del Tribunal, el Estado quedaría sin herramientas para evitar que quienes actualmente son concesionarios de servicios de radiodifusión, perdieran su frecuencia ante la intromisión indebida de cualquier particular.

Se impodría dijo Jaramillo la ley del más fuerte. Quien tuviese transmisores más potentes, podría anular la señal de cualquier legítimo usuario .

El ministro Jaramillo advirtió al país que el Tribunal del Atlántico había ordenado a ese despacho abstenerse de aplicar las normas contenidas en el Decreto Ley 1900 de 1990 y Ley 14 de 1991, lo que conduciría a una parálisis de los servicios de telecomunicaciones.

La observación ministerial obligó al Tribunal del Atlántico a aclarar el fallo en el sentido de que su providencia sólo podía aplicarse al caso concreto.

Anoche el Consejo de Estado dejó sin piso esa tesis al revocar la decisión y reiterar que la legislación está vigente.

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