Corte Constitiucional despeja dudas sobre bonos pensionales

Corte Constitiucional despeja dudas sobre bonos pensionales

Los afiliados a los fondos privados de pensiones, quienes desde hace unos años dejaron de aportar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) podrán en adelante dormir más tranquilos: La Corte Constitucional despejó a su favor el panorama para el pago de los bonos pensionales, base para liquidar la mesada, al aclarar los efectos de un fallo, dictado en julio de 2005, que ordenó al Gobierno revisarlos por lo bajo.

08 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Y lo hizo en una decisión de tutela a través de la cual la Corte Constitucional les puso los puntos sobre las íes al Ministerio de Hacienda, al ISS y a las sociedades administradoras de pensiones y aseguró que la providencia -C-734 de 2005, no tiene efectos retroactivos ni afecta situaciones pasadas consolidadas. Es decir, los bonos pensionales no están desinflados.

“Como quiera que en la parte resolutiva de la Sentencia C-734 de 2005 no se previeron efectos retroactivos para el fallo, no se han afectado las situaciones pasadas consolidadas”, aseguró la Corte.

Y agregó: “Se trata de una circunstancia que se predica no sólo respecto de aquellas personas a quienes se les había emitido el bono con anterioridad a la Sentencia C-734 de 2005, sino también en relación con aquellas personas a las cuales no se les había emitido el bono, pero que adquirieron el derecho desde el momento en el cual se trasladaron del sistema de prima media al de ahorro individual con solidaridad”.

Y aclara: “De lo anterior se deduce que no es posible aplicar de manera retroactiva la Sentencia C-734 de 2005 y que las personas que tenían derecho a la emisión del bono conforme a las reglas vigentes al momento de su traslado de un sistema a otro, no han perdido ese derecho”.

El pronunciamiento de la Corte (fallo T-801 de 2006) es la solución jurídica a la incertidumbre que durante los últimos 16 meses ha caracterizado el reconocimiento y pago de los bonos pensionales y, a la postre, de las mesadas condicionadas a este requisito.

La razón: No había unanimidad de criterios sobre la aplicación del régimen de los bonos entre las administradoras de fondos privados; el Estado, a través del ISS, y el Ministerio de Hacienda, y los ciudadanos afectados, unos 30.000 por ahora que tienen la expectativa de obtener la pensión. La decisión es una buena noticia para los bolsillos de los particulares porque podrán disponer de más dinero al momento de hacer efectiva su pensión.

La sentencia T-801 de 2006 la proyectó el magistrado Rodrigo Escobar Gil y la aprobaron los juristas Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio Sierra Porto.

Según el régimen de seguridad social, el bono pensional es el reconocimiento de los aportes realizados por cada afiliado, al régimen del ISS o a cualquier otra entidad que administraba pensiones, antes de trasladarse a un fondo privado. El bono hace parte del capital con el que se financiará la pensión.

Así, las fechas de redención normal del bono pensional son 62 años para hombres y 60 años para mujeres. Si el afiliado requiere hacerlo efectivo antes de cumplir esa edad tendrá la posibilidad de negociarlo en el mercado de valores a través de la AFP; posiblemente a un menor costo del que tiene el título.

Así las cosas, otra de las implicaciones de esta sentencia es que aboca al ISS, al Minhacienda y a sociedades administradoras de fondos de pensiones a acordar una estrategia conjunta para resolver los miles de casos de personas que se hallan en la misma situación o, de lo contrario, deberán atender, al menudeo, similares acciones de tutela interpuestas ante los estrados judiciales.

Regla general: fallos rigen hacia el futuro En el fallo T-801 de 2006, la Corte aclaró las dudas sobre desde cuándo comienzan a aplicarse los efectos de la providencia C-734 de 14 de julio de 2005 y dijo que, como regla general, todas las sentencias de constitucionalidad rigen hacia el futuro, no hacia el pasado. En esa ocasión, que el Gobierno se excedió en las facultades otorgadas por por la Ley 100 de 1993, porque se le habilitó para dictar normas respecto de la emisión, la redención y las demás condiciones de los bonos pensionales y no para definir, como ocurrió, la base de cálculo.

En su criterio, las sentencias sólo tienen efectos retroactivos cuando la Corte expresamente confiere alcances hacia el pasado, lo cual ha sucedido de manera excepcional, cuando en casos concretos se demuestra que están en juego valores constitucionales más importantes que la propia seguridad jurídica.

Lo anterior quiere decir -explicó- que no obstante la sentencia C-734 de 2005 dejó sin efecto la norma que establecía la forma de liquidar el bono de aquellas personas que devengaban un salario mayor al límite máximo de cotización y se trasladasen al régimen de ahorro individual, dado que la misma no tiene carácter retroactivo, la situación de quienes se trasladaron con anterioridad a esa providencia debe mantenerse en las condiciones previstas en el artículo 5 del Decreto 1299 de 1994, que establece el ingreso base de liquidación del bono acudiendo al salario devengado a 30 de junio de 1992.

Trámite no es obstáculo para expedir los bonos En la decisión, la Corte se va lanza en ristre contra aquellos trámites administrativos que, en la práctica, dilatan el pago de los bonos pensionales e indicó que en estos casos si hay violación de un derecho fundamental, el afectado puede acudir a la acción de tutela.

Para la Corte, la tutela procede frente a la demora en la emisión del bono cuando la dilación perjudica las garantías de quien ha alcanzado los requisitos legales establecidos para solicitar la pensión y, sin embargo, no se le concreta el reconocimiento efectivo de su derecho.

Según el fallo, teniendo en cuenta que la expedición de los bonos pensionales es un aspecto determinante a la hora de reconocerse y pagarse la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, es necesario que las entidades encargadas de adelantar los respectivos trámites observen una actitud diligente y oportuna.

La razón, dijo la Corte, la prolongada dilación de la emisión del bono vulnera el derecho al mínimo vital de las personas que han cumplido con los requisitos para obtener el bono y para que les sea reconocida la pensión.

En este contexto, la Corte indicó que las etapas definidas para la expedición de los bonos pensionales deben constituir una garantía para que éstos se reconozcan adecuadamente, de tal forma que las entidades que intervienen en esta gestión puedan realizar una evaluación completa y fidedigna de la situación de cada uno de los aspirantes a pensionarse.

“Sin embargo, estas operaciones administrativas -aseguró la Corte- no pueden representar un impedimento para que el bono sea emitido correctamente y en un término oportuno, de manera que las entidades responsables no pueden negar o retardar la expedición del bono debido a inconvenientes en su trámite que, de ninguna manera, pueden afectar el derecho del beneficiario del bono”.

Al respecto, la Corte insistió: La persona que ha cumplido con todos los requisitos legales tiene derecho constitucional a su pensión como quiera que la tramitación del bono no es de su incumbencia, sino de las entidades de seguridad social.

Es decir, en criterio del alto tribunal, las entidades encargadas de tramitar el bono deben cumplir con su obligación de manera oportuna, sin que el beneficiario del mismo se vea afectado por aspectos administrativos en los cuales no participan.

Tutela define cómo se debe liquidar el bono pensional El episodio que sirvió a la Corte para aclarar los efectos del fallo del 2005 tuvo origen en una tutela presentada por Rodrigo Bueno Delgado- contra la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A, el Ministerio de Hacienda -Oficina de Bonos Pensionales- y el ISS.

Según el fallo, el particular cotizaba para su pensión de vejez en el ISS dentro del régimen de prima media, y el 1 de febrero de 1998 se trasladó al régimen de ahorro individual en Porvenir S.A.

El 4 de marzo de 2005, el ciudadano cumplió los requisitos para obtener la pensión de vejez. Hasta el momento de interponer la tutela, la pensión no le había sido reconocida debido a que no se había emitido el bono pensional al que tiene derecho.

Según la Corte, el accionante, quien el 4 de marzo de 2005 cumplió 62 años, y con ello satisfizo los requisitos legales necesarios para obtener su pensión de vejez, no se le ha reconocido ni pagado la misma, la cual, según la información que le ha sido suministrada por las entidades administradoras, se calcularía con base en un bono pensional liquidado por un valor muy inferior al que le correspondería de aplicarse lo dispuesto por el Decreto 1299 de 1994.

La Corte ordenó, además, a la Oficina de Bonos Pensionales del Minhacienda, con base en la certificación enviada por el ISS, proceda a liquidar, emitir y pagar el bono pensional del señor Rodrigo Bueno Delgado, con sujeción a los procedimientos legales establecidos para tal fin, pero ateniéndose a lo que se dispuso al respecto en la parte motiva de la presente providencia.

Y, por último, la Corte ordenó que, cumplido lo anterior, en los términos de ley, la AFP Porvenir S.A. reconozca y pague la pensión de vejez del ciudadano que presentó la tutela.

"Los beneficiarios de los bonos no pueden afectarse por los aspectos de trámite en los que no participan”.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.