Un retroceso indeseable

Un retroceso indeseable

Si uno recuerda épocas no tan lejanas, cuando el Ministerio de Desarrollo intervenía en los precios, o si se pasea por las hermanas repúblicas de Ecuador y Venezuela, se respira con alivio por el ambiente de libertad económica que impera en Colombia. En esa época los carteles no necesitaban sentarse a escondidas en salas llenas de humo a convenir políticas de precios. Era suficiente invitar a almorzar a un ministro o a un director del ministerio para que la burocracia fijara los precios monopólicos que amparaban a todo el cartel con amplios beneficios para los mayores productores. El Gobierno pretendía ejercer el intervencionismo de Estado, los ricos derivaban grandes rentas y el consumidor pagaba.

07 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

En esa segunda mitad del Siglo XX no era extraño que las industrias produjeran con maquinaria del siglo XIX y derivaran grandes ganancias de equipos que en otra parte del mundo serían chatarra. Los controles eran un desestímulo para la inversión y fomentaban la pereza empresarial. Con la apertura al comercio internacional esto terminó. A los empresarios les tocó aprender a vivir con competencia y sin control de precios, y a invertir.

Pero periódicamente, a los gobiernos les da nostalgia y buscan caminos para retroceder y para hacer intervencionismo.

Sin caer en los excesos de otros ministros de esta administración que hacen intervencionismo a la brava y se brincan la ley por supuestas razones políticas o de Estado, el ministerio responsable de la política de vivienda ha querido poner en cintura a las cementeras y ha amenazado imponerle controles de precios a la industria si continúan subiendo los precios del cemento. Estos han venido aumentando, sin haber recuperado el nivel más alto que alcanzaron en 2004 cuando se inició la guerra de precios que se desató con la incursión de nuevos actores en el sector. Ahora que ya salieron por compra los competidores indeseados, e impulsados por la creciente demanda de cemento, los precios han subido considerablemente. En consecuencia, al Gobierno se le ha ocurrido torcerles el brazo a los industriales para que no suban los precios del cemento y tratar de establecer precios diferenciales para los insumos de la vivienda social. Estas medidas son populares porque son demagógicas, pero la primera es innecesaria y la segunda es posiblemente dañina para el sector.

A pesar del boom de la construcción en Colombia, los precios del cemento no son elevados en comparación con otros países de la región. El precio de una tonelada de cemento en Colombia oscila entre 100 y 140 dólares, según la cara del cliente. Si se supone un precio promedio de 120 dólares por tonelada, estamos en el mismo nivel de precios que Perú, Panamá, Ecuador y Argentina, muy por debajo de Chile, México, casi toda Centro América y Puerto Rico, pero muy por encima de Venezuela, Brasil, Guatemala y República Dominicana. En lugar de controlar precios, lo que se tendría que hacer sería fomentar las importaciones de cemento de Venezuela al centro del país y de todos estos países y de Estados Unidos a la Costa Atlántica.

En cuanto a los precios diferenciales para vivienda social, lo que se va a lograr es crear un mercado negro y que los constructores se dediquen a arbitrar y a especular, no a hacer casas. Mostrarles el diente a los industriales de vez en cuando para que atenúen sus aspiraciones de precio puede tener justificación, si se hace respetando la ley, y corresponde a las funciones de un gobierno democrático, pero imponer controles de precios o introducir precios diferenciales a la fuerza es una tontería con potencial de hacer mucho daño.

Mostrarles el diente a los industriales de vez en cuando para que atenúen sus aspiraciones de precio puede tener justificación”.

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