Cemento: quién vela por usuarios

Cemento: quién vela por usuarios

He visto en todos los medios de comunicación que el Gobierno viene investigando a las compañías que producen cemento en el país por adelantar prácticas de competencia desleal contra los constructores. Se supo que el Gobierno va a acordar un precio concertado entre las cementeras y los constructo- res. Pero, ¿quién se preocupa de los consumidores?

07 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Según la información que se ha conocido a través de los medios, la Superintendencia de Industria y Comercio viene adelantando varias actuaciones respecto de algunas de las fábricas de cemento. No conozco el caso y el resultado sólo se sabrá una vez la autoridad dé su fallo. En esa medida, la respuesta que daré es apenas hipotética y sólo haré mención al caso de las cementeras para fines ilustrativos. Teniendo en cuenta esas fuentes de información, la autoridad las investiga porque presuntamente se habrían puesto de acuerdo respecto de los precios del cemento.

La investigación es de carácter administrativo, lo cual implica que, en el evento que se comprobara la violación de las normas, la entidad ordenaría la terminación de la conducta y, si fuera procedente, sancionaría a las entidades y a los funcionarios que hubieren estado involucrados. Pero, tal como lo señala el amable lector, con ello no se logra nada en favor de los consumidores.

Ciertamente, en la Constitución Política se consagró el derecho a la libre competencia como un derecho de todos. A nivel legal existe la ley 155 de 1959 y el decreto - ley 2153 de 1992, en los cuales se prohíben los comportamientos que afectarían ese derecho.

Puntualmente, si fuera cierto que las cementeras han acordado sus precios, además de haber afectado el normal funcionamiento de ese mercado y de la economía, habrían vulnerado a los compradores.

Cada comprador de cemento tiene derecho a que su bolsa valga lo que la libre competencia determinaría. Si el precio no es de libre competencia, será más alto. Así, cada vez que un colombiano compra una bolsa de cemento, los partícipes del supuesto acuerdo se apropian de, manera ilegítima, de la diferencia entre el precio de mercado y el precio que el cartel haya determinado.

Para obtener la indemnización de esos perjuicios, se cuenta, naturalmente con la acción ordinaria ante un juez. Y, además, si algún consumidor quisiera la reparación, podría acudir a la acción popular, en la cual, si los damnificados son 20 o más, discutirá, no solo su caso sino el de todos los que hayan sido las victimas del comportamiento colusivo.

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