¿En qué se incumplieron Gobierno y ‘paras’?

¿En qué se incumplieron Gobierno y ‘paras’?

En al menos siete ocasiones, el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega se convirtió en el salvavidas del proceso de paz con las autodefensas.

06 de noviembre 2006 , 12:00 a. m.

Cada vez que el comisionado Luis Carlos Restrepo tenía problemas con los jefes ‘paras’, el hoy embajador en Italia fue clave para calmar los ánimos y asegurar que los diálogos siguieran adelante.

Pero esa doble vocería en el Gobierno está pasando cuenta de cobro. La última carta de Vicente Castaño, en la que intenta justificar su negativa a someterse a las autoridades, sugiere la existencia de compromisos que nunca fueron formalizados y que ahora complican las cosas.

“El proceso tuvo problemas de diseño: hubo exceso de informalidad y por eso no se conocen realmente los alcances de la negociación”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

De cualquier manera, llama la atención que durante los tres meses que lleva prófugo, Castaño apenas había mencionado estos argumentos. De hecho, había exigido otras condiciones para someterse y había cruzado varios mensajes con el Gobierno. A la postre todos esos intentos de acercamiento le dieron tiempo y espacio para evadir a las autoridades.

NI TIERRAS NI LISTAS SIN ‘COLADOS’ Además de las violaciones al cese de hostilidades, que según varias ONG dejan por lo menos 2.500 personas asesinadas desde diciembre del 2002, hay varios hechos que ponen en entredicho el compromiso de los ‘paras’ con el proceso.

En marzo de este año, en un foro, el ministro Sabas Pretelt de la Vega informó que los jefes paramilitares se habían comprometido a hacer entrega de unas 100 mil hectáreas arrebatadas en la guerra.

Pero ese anuncio, que los paramilitares no refrendaron públicamente, todavía está en veremos. El Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas no tiene noticia concreta de la mayoría de esas propiedades.

Y en julio, el Gobierno anunció un nuevo compromiso de las Auc: depurar las listas de los desmovilizados, para evitar que las ayudas que mensualmente entrega el Estado lleguen a personas que no las necesitan.

Pero los jefes de las autodefensas negaron haber tocado el tema y hoy, casi cinco meses después, no hay certeza de que todas las personas que reciben el estipendio tengan derecho. Incluso, el computador de ‘Jorge 40’ dejó en evidencia que en las desmovilizaciones hubo muchos ‘colados’.

EXTRADICIÓN, LA GRAN DUDA DE LOS ‘PARAS’ La incertidumbre sobre la extradición y el endurecimiento de la Ley de Justicia y Paz tras su revisión en la Corte Constitucional son los mayores reclamos que los jefes paramilitares le hacen al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ellos siguen esperando que quede por escrito un compromiso que les hizo el ministro Pretelt –confirmado en una entrevista con EL TIEMPO– de suspender la vigencia de las extradiciones cuando cumplan sus sentencias. Se suponía que ese tema iba a ser abordado en los decretos reglamentarios, pero los dos que se expidieron hace unas semanas no hicieron ninguna referencia al asunto.

Y en mayo, cuando los ‘paras’ amenazaron con romper el proceso por la sentencia de la Corte, el Gobierno les planteó la posibilidad de aprobar una nueva ley para devolverles los beneficios perdidos.

Esa opción, sin embargo, se ha venido desinflando. En buena medida, porque desconocer el fallo de la Corte, que le dio legimitidad internacional a la negociación con las Auc, supondría costos políticos muy altos.

Sin embargo, en el último decreto reglamentario el Gobierno ratifica para los desmovilizados el beneficio de descontar de la pena hasta 18 meses del tiempo que estuvieron en Ralito y la opción de pagar cárcel en sitios de reclusión donde se desarrollen proyectos productivos con desmovilizados y comunidades desplazadas.

$ 30.000 MILLONES PARA RECLUSIONES El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, dijo ayer que hay disponibles unos 30.000 millones de pesos para construir y adecuar los lugares donde los ‘paras’ serán recluidos tras ser procesados bajo la Ley de Justicia y Paz.

Holguín señaló que actualmente el centro de reclusión de La Ceja, en Antioquia, donde está la mayoría de los ex jefes desmovilizados, tiene una capacidad para 400 personas. Añadió que ya se está terminando de construir el centro de reclusión de Urrá (Córdoba), para 600 personas. También indicó que se iniciaron las adecuaciones de otra prisión en Unguía (Chocó), del pabellón A de La Picota, en Bogotá, y de unas construcciones “pequeñas” en Montería y Valledupar. El jefe ‘para’ Vicente Castaño criticó que el Gobierno no había construido las cinco cárceles que prometió

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.