DEMOCRACIA BLOQUEADA

DEMOCRACIA BLOQUEADA

Colombia: país de leyes. La democracia más sólida de Latinoamérica. Estado Social de Derecho. Nación de normas y no de hombres. Instituciones democráticas firmes. Estos son algunos de los conceptos siempre repetidos con que libros de derecho constitucional, obras políticas, escritos de prensa o simples discursos de plaza pública, se refieren al régimen poítico-jurídico que se ha dado Colombia durante estos 173 años de vida institucional independiente.

18 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

En general, esas afirmaciones corresponden a la formulación teórica del concepto del mismo sistema democrático: separación formal de poderes, elecciones periódicas, libertad de prensa, respeto formal de las libertades públicas fundamentales, etc. Suelen mencionarse, además, la proliferación de estatutos jurídicos y la regulación legal de casi todas las actividades ciudadanas, llegando en ocasiones al reglamentarismo excesivo.

La eficacia de un sistema político se mide, sin embargo, por el grado de correspondencia entre las fórmulas jurídicas y la realidad político-social. Las Constituciones, las leyes, las normas, en general, no dicen nada en sí mismas, si lo que ellas disponen no guarda relación con la realidad que supuestamente regulan.

Una equivocada percepción del fenómeno ha llevado a los colombianos a confundir acción política con acción legal, y ello nos ha conducido a una especie de fetichismo normativo y al desgaste de energías personales y políticas en reformas constitucionales y legales sobre cuya real aplicación poco nos preocupamos una vez expedidas.

Los ejemplos en este sentido darían por sí solos para llenar libros de derecho constitucional o administrativo o, como prefiere decirse ahora, de ciencia poítica. Muchas de las disposiciones de la Constitución la pobre de 1886 o de la reforma constitucional de 1936 (tal vez el cambio institucional de mayor contenido ideológico y político de este siglo) no tuvieron siquiera un solo desarrollo legislativo. Por ejemplo, la norma sobre carrera administrativa contenida en el plebiscito (supuesta expresión del constituyente primario, producto de un acuerdo entre los partidos después de la sangrienta confrontación popular de los años 50) prácticamente nunca se cumplió de manera efectiva. Las disposiciones sobre los planes de desarrollo económico y social de la reforma constitucional de 1968 (cuyos tropiezos en el Congreso llegaron a generar una crisis presidencial), no se cumplieron durante más de veinte años de teórica vigencia, ya que ni siquiera las cámaras pudieron ponerse de acuerdo sobre la integración de la Comisión del Plan, especie de Congresito, que debía dar primer debate a los planes de desarrollo económico y social.

No es extraño, por lo tanto, que en el último proceso de ajuste institucional, los colombianos, en una especie de éxtasis, pidiéramos a gritos (unos menos silenciosos que otros) el cambio de la Constitución de 1886, muchas veces sin preguntarnos antes el porqué de la inaplicación de sus normas (respeto a la vida, honra y bienes de los ciudadanos, asistencia social, dirección de la economía en función de los intereses populares, educación primaria gratuita, etc.). Tampoco nos detuvimos a pensar si los males de nuestro país atribulado reposaban precisamente en esa vieja carta o más bien, en la ausencia de decisión política para aplicarla.

Uno de los temas en los cuales, ni en las viejas Constituciones ni en la nueva, nunca hubo real voluntad política de hacer vivas sus normas, fue el de la responsabilidad de quienes ejercen el poder por elección o por designación.

Para que pueda hablarse, en la práctica, de Estado de Derecho , lo menos que se debe pedir es que sus propias normas se cumplan; que los mecanismos de control funcionen; que la existencia de la oposición sea considerada normal; y que se puedan iniciar y también terminar juicios de responsabilidad política, civil, desciplinaria e, incluso, penal. Irresponsabilidad crónica Curiosamente, con frecuencia, cuando en Colombia se ha planteado la alternación en el poder de partidos distintos a los tradicionales, o cuando se ha pretendido adelantar juicios de responsabilidad política, o cuando se busca establecer responsabilidades penales o disciplinarias por hechos graves de la vida nacional, se dice que las Instituciones (sin especificar su alcance) están en peligro. Ello equivale a decir que aceptamos la democracia a condición de que sus propias normas de control no se cumplan.

Esos juicios de responsabilidad (concebidos como normales en cualquier sistema democrático real) no se han permitido en Colombia ni a los partidos políticos, ni a los parlamentarios, ni a los miembros del gabinete, ni a las Fuerzas Armadas, ni a los jefes de Estado, ni siquiera a funcionarios medianos o altos del Estado. No le quedará difícil al historiador encontrar pruebas al canto. Los partidos en épocas electorales desempolvan a sus académicos , a sus científicos, para elaborar programas ideológicos , planes o propuestas de Gobierno, de cuya efectividad nadie vuelve a acordarse cuando se alcanza el poder. Bastaría comparar los programas aprobados en las convenciones de los partidos, los discursos de posesión presidencial, los planes de desarrollo, con los resultados de los respectivos gobiernos, para descubrir la falta casi absoluta de correspondencia entre lo que se promete o se planea como mero ejercicio intelectual y lo que luego se ejecuta desde el poder.

En otros países, latinoamericanos incluso, esa falta de consistencia ideológica y política llevaría a establecer responsabilidades que implicarían la pérdida del pdoer en la siguiente elección. En Colombia, en cambio, ante la eventualidad de la alternación, se amenaza con que se va a caer el partido y a menudo se utiliza el argumento de que se desencadenaría la violencia si se produjera un cambio en la conducción política del Estado.

Todo ello ocurre dentro de ordenamientos jurídicos que formalmente toleran e, incluso, impulsan el libre examen y ejercicio sin trabas de la oposición política.

Si realmente no funciona esa responsabilidad de los partidos, menos puede funcionar la que se deriva de la organización jurídica fundada en ellos. De ahí la brecha cada vez mayor entre normas jurídicas y realidad sociopolítica.

En Colombia los partidos se caen por divisiones internas, por razones personales e, incluso, por factores fortuitos. Pero jamás por el incumplimiento desde el gobierno del programa que prometieron al pueblo.

Y por la vía de la irresponsabilidad de los partidos se llega a la de quienes, en su nombre, ejercen el mando.

Algunos ejemplos demuestran esta afirmación: Durante más de cuarenta años se utilizó la figura del Estado de Sitio en forma desbordada, ilimitada e incontrolada, para manejar situaciones bien distintas de las señaladas en la Constitución. En el plano anecdótico, es conocido el ejemplo del nombramiento de secretarias por decreto de Estados de Sitio.

Varias reformas constitucionales se expidieron para frenar los abusos cometidos bajo Estado de Sitio. Y la aceptación de la existencia de esas extralimitaciones (léase violaciones de la Constitución) fue uno de los motivos para cambiar sustancialmente el tratamiento del concepto de Estado de Sitio dentro de la nueva carta política. Y a pesar de que su abuso ha sido reconocido por comentaristas políticos, y aun por la Corte Suprema de Justicia, nunca hubo juicio de responsabilidad, por este motivo, contra Presidente o Ministro alguno. Y la norma regía: el Presidente y los ministros debían responder por declarar el Estado de Sitio sin que existieran fundamentos reales, o por no levantarlo si desaparecían las causas que lo habían generado, o por permitir que se dieran abusos en los decretos que se dictaban al amparo del mismo.

La única vez que en Colombia se pretendió adelantar un juicio contra el Presidente por abuso de poder, el debate se ahogó por la vía fácil del cierre del Congreso el 9 de noviembre de 1949. Solidaridad mal entendida La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual debía ser la comisión judicial del Congreso, la que investiga, interroga, examina documentos, practica pruebas y prepara juicios contra presidentes, ministros y altos funcionarios, por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones, solo acumula procesos o denuncias que terminan por prescripción. En la mayoría de los casos, la solidaridad política ha impedido que en este campo funcionen los ordenamientos institucionales.

En el ámbito de la responsabilidad de la Nación frente a particulares, por hechos u omisiones en el ejercicio de la función pública, la conclusión no puede ser más clara y desoladora: millonarias condenas a la Nación (es decir, a todos los colombianos) y absolución o ausencia de juicio individual para los autores o generadores del daño. En el campo de la violación de los derechos humanos, son innumerables las condenas a la Nación por torturas, lesiones personales, homicidios (simple y agravado), detenciones arbitrarias, etc. Sin embargo, paralelas a esas condenas encontramos, en la gran mayoría de los casos, absoluciones o ausencia de juicios en la justicia penal militar. En otros términos, parece que nuestra democracia aceptara que se fijaran responsabilidades, siempre y cuando se establecieran ellas en el plano genérico y no en el individual, como debería corresponder a todo Estado de Derecho.

En relación con el más grave episodio de violencia (por la acción y la reacción) ocurrido en este siglo en Colombia después del bogotazo , esto es, la toma y recuperación sangrienta del Palacio de Justicia, nuestra democracia no permitió que se adelantaran juicios a quienes desde fuera del establecimiento cometieron actos delictuosos de fuerza, ni a quienes desde dentro del mismo la utilizaron en forma inadecuada, violando así todas las normas del derecho internacional humanitario, con los resultados conocidos. El desprevenido analista del futuro, frente a la ausencia de responsabilidad de lado y lado, va a imaginar, con razón, que magistrados, empleados, soldados, abogados, visitantes, policías y demás víctimas inocentes del holocausto, cometieron suicidio colectivo.

En este caso, también las solidaridades ( complicidades?) políticas y de cuerpo, llevaron a que en el país se impusiera sobre el tema un respetuoso silencio . Observación parecida puede hacerse con respecto de los trescientos mil muertos de la llamada violencia: descansan en paz, mientras que algunos de los que la dirigían, eran o fueron después presidentes, ministros, eminencias grises , gobernadores, alcaldes, jefes de la Fuerza Pública, etc. Nada, absolutamente, les ocurrió distinto a cambiar de puesto en los diferentes gobiernos (...) .

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