LA PROCURADURÍA RONDA A DOS CONGRESISTAS

LA PROCURADURÍA RONDA A DOS CONGRESISTAS

La Procuraduría General de la Nación comenzó a definir ayer la situación disciplinaria de dos congresistas investigados, uno, por presunto enriquecimiento ilícito, y otro, por incompatibilidad para ejercer dicha investidura. El primer caso es el del representante a la Cámara, Jaime Lara Arjona, al que el organismo fiscalizador está investigando por presunto enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como secretario de la Comisión Segunda del Senado.

16 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

La Procuraduría Tercera Delegada para Vigilancia Administrativa, a cargo de la abogada Alicia Rubiano Amézquita, le formuló pliego de cargos porque presuntamente obtuvo durante 1986, 1987 y 1988 un incremento patrimonial no justificado.

La investigación preliminar, adelantada por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, logró establecer que las sumas pagadas por la compra de activos y los gastos efectuados por Lara Arjona, son notablemente superiores a los ingresos familiares recibidos.

Según la Procuraduría, el hoy representante a la Cámara por Córdoba, obtuvo ingresos entre 1986 a 1988, como secretario de la Comisión Segunda, por 5 387.094 pesos.

Al estudiar los extractos bancarios, el organismo fiscalizador descubrió que realizó consignaciones por un total de 45 638.146 pesos. Incluso dice la Procuraduría hizo depósitos bancarios por 27 159.843 pesos, superiores a sus ingresos familiares oficiales .

De otra parte, la viceprocuraduría comenzó a estudiar la posibilidad de demandar la pérdida de la investidura del también representante a la Cámara Juan Fernando Góngora Arciniegas, que presuntamente se encuentra inhabilitado para desempeñar ese cargo.

En 1977 Góngora fue condenado por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá a pagar 18 meses de cárcel por causar lesiones personales a un ciudadano.

Según el artículo 179 de la Constitución, no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

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