TUTELA ABRE EL ARCHIVO SECRETO DE PROCURADURÍA

TUTELA ABRE EL ARCHIVO SECRETO DE PROCURADURÍA

Los tribunales de justicia acaban de otorgar pleno vigor al acceso ciudadano y, en particular, periodístico, a actos y documentos oficiales. La omisión de los funcionarios públicos en atender oportunamente las solicitudes amparadas en el derecho de petición, otorga derechos jurídicos inconculcables en favor del autor de la petición, y éstos pueden hacerse valer por vía de tutela con graves consecuencias en contra de las entidades públicas.

14 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

Así, excedido el lapso máximo 10 días establecido por la ley para que se produzca una respuesta del respectivo organismo, cualquier persona puede obtener de inmediato copia de cuanto solicitó y exigir inclusive el relevo del funcionario que se muestre renuente a entregar el respectivo documento.

Sobre ese criterio, una sentencia de inmediato cumplimiento acaba de abrir a la luz pública aquellos archivos quizá más celosamente protegidos por la Procuraduría General de la Nación.

Los jueces han otorgado a un periodista libre acceso para obtener copias de la totalidad de investigaciones que desde 1982 y hasta 1992 ha tramitado la Procuraduría por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios.

El mismo acceso se extiende a las pruebas documentales y testimonios, obtenidos por la Procuraduría sobre la crisis energética y, en particular, el descalabro de El Guavio.

Sobre una ponencia del magistrado Ernesto Rey Cantor, presidente de la Sección Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, la justicia tuteló el derecho de petición ciudadana consagrado en la Constitución de 1991.

La providencia obliga al Ministerio Público a acatar estrictamente la Ley 57 de 1985, norma que consagró la publicidad de los actos y documentos oficiales y que estableció un término máximo de diez días a los organismos oficiales para responder las solicitudes de petición.

La decisión judicial absuelve un recurso de tutela elevado por el abogado y periodista Alberto Donadío contra la Procuraduría General de la Nación.

La solicitud tenía fundamento en el artículo 23 de la Constitución, norma que consagró el derecho de petición así: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución .

Tal precepto constitucional, observa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene su desarrollo en la ley que consagró el acceso a los documentos públicos.

La Ley 57 de 1985 señala en su artículo 12: Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución y la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.

Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes en un término máximo de diez días.

Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres días inmediatamente siguientes. El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo .

Con todo, a instancias de la secretaria privada de la Procuraduría, María Angela Holguín, y de otros altos funcionarios del organismo, el Ministerio Público se abstuvo de contestar oportunamente la solicitud de Donadío y, cuando lo hizo, negó la entrega de los documentos argumentando la reserva que existe sobre ellos.

Así, en concepto del Tribunal, se vulneró el derecho de petición de Donadío y se le otorgó el derecho a acceder a lo que solicitó.

Si la Oficina de Investigaciones Especiales, que investiga el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Estado, alega que una investigación tiene reserva legal, debe alegarlo dentro del término de los diez días que establece la Ley 57.

Si no lo alega, la consecuencia jurídica es la de hacer entrega de los documentos .

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