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AUMENTARÁN PENAS A TODOS LOS DELITOS

AUMENTARÁN PENAS A TODOS LOS DELITOS

Colombia aumentará las penas de prisión para la totalidad de delitos que hoy por hoy se encuentran tipificados en su código penal y en decretos leyes expedidos en forma aislada. A instancias de estudios realizados por el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, y su equipo asesor, el gobierno del presidente Samper adoptó la decisión política de solicitar al Congreso una reforma profunda en materia de sanción criminal.

En palabras del ministro Martínez, hay que obtener un incremento significativo de las penas en todos los delitos para asegurarse de que las sanciones impuestas son realmente proporcionales al tipo de daño causado a la sociedad y que instrumentos como la política de sometimiento no culminan en la imposición de condenas irrisorias.

El objetivo es evitar que hacia el futuro, en razón de lo bajo de las penas, se repita la perspectiva actual según la cual Jhon Jairo Velásquez Vásquez, Popeye y Carlos Mario Alzate Urquijo, Arete , artífices de varios crímenes que estremecieron al país, puedan ser condenados a un máximo de ocho años efectivos de prisión.

En criterio del nuevo Gobierno, el problema no radica ni en los instrumentos que han permitido el sometimiento de los delincuentes y sus confesiones sino en la falta de coherencia entre la política de rebajas y las penas actualmente tipificadas para los delitos.

El incremento de penas va a comprender desde la bigamia y la conspiración contra el Estado hasta el cohecho y el prevaricato.

Lo que el ministro Martínez y su equipo se proponen definir ahora con el Jefe de Estado es si se presenta un paquete completo al Congreso o si el Gobierno empieza por proponer incrementos de pena en delitos que hoy constituyen las conductas criminales más ostensibles: el cohecho o la tradicional mordida entre ellos.

Colombia aumentará las penas de prisión para la totalidad de delitos que hoy por hoy se encuentran tipificados en su Código Penal y en decretos leyes expedidos en forma aislada.

A instancias de estudios realizados por el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, y su equipo asesor, el Gobierno del presidente Ernesto Samper adoptó la decisión política de solicitar al Congreso de la República una reforma profunda en materia de sanción criminal.

En palabras del ministro Martínez, hay que obtener un incremento significativo de las penas en todos los delitos para asegurarse de que las sanciones impuestas son realmente proporcionales al tipo de daño causado a la sociedad y que instrumentos como la política de sometimiento no culminan en la imposición de condenas irrisorias... El incremento de penas va a comprender desde la bigamia y la conspiración contra el Estado hasta el cohecho y el prevaricato.

Lo que el ministro Martínez y su equipo se proponen definir ahora con el Jefe de Estado es si se presenta un paquete completo al Congreso o si el Gobierno empieza por proponer incrementos de pena en delitos que hoy constituyen las conductas criminales más ostensibles: el cohecho o la tradicional mordida , entre ellos.

El Gobierno se propone poner fin a lo que considera un severo divorcio entre estrategias como el sometimiento a la Justicia y las penas aplicables a los distintos delitos.

En la práctica se trata de evitar que, en razón de lo bajo de las penas de prisión, las rebajas por confesión, colaboración eficaz con la Justicia y aceptación de cargos criminales terminen en la imposición de condenas menores de prisión.

Un ejemplo tipifica el objetivo. Carlos Mario Alzate Urquijo, Arete , purgará entre 14 y 16 días por cada una de las 206 víctimas de los atentados al avión de Avianca y la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) si se mantienen los preacuerdos a que ha llegado con la Fiscalía y cuya revisión ordenó el Fiscal General, Alfonso Valdivieso.

Otro tanto (imposición de una pena relativamente menor) ocurrirá respecto de John Jairo Velásquez Vásquez, Popeye , procesado en calidad de partícipe en el cruento episodio del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos Jiménez y otros delitos.

Es el efecto práctico de la política de sometimiento a la Justicia que diseñó la administración del presidente César Gaviria y que impulsó ante el Congreso de la República hasta convertir en Ley.

De fondo, según lo sostuvo el Gobierno Gaviria en diversas oportunidades, una estrategia para obtener el juzgamiento de delincuentes y el esclarecimiento de crímenes que de otro modo hubiesen quedado virtualmente impunes ante la precariedad de los informes de inteligencia y la falta de evidencias para señalar responsabilidades individuales.

Alzate Urquijo y Velásquez Vásquez tienen derecho a rebajas de penas por presentación voluntaria y confesión de delitos, por colaboración eficaz con al Justicia y por audiencia anticipada y aceptación de los cargos que formulara en su contra la Fiscalía General de la Nación.

En principio, la razón de las rebajas es que las declaraciones de Alzate Urquijo y Velásquez Vásquez condujeron al esclarecimiento de cerca de 60 de los crímenes más pavorosos que registró Colombia y que involucran desde los atentados contra el DAS y el avión de Avianca hasta el asesinato de policías.

Con todo, aún debe revisarse la eficacia de esas confesiones y es esa precisamente la misión que el fiscal Valdivieso ha encargado a un equipo especial de fiscales.

Lo cierto es que episodios como estos y las sentencias en contra de Iván Urdinola y los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vásquez, son los que han llevado a diversos expertos a plantear la necesidad de una revisión de la política de sometimiento.

En criterio del nuevo Gobierno, sin embargo, el problema de la imposición de penas bajas para delitos de alta gravedad no radica en los instrumentos que han llevado a los delincuentes a someterse a la Justicia y a hacer confesión de sus delitos sino en la falta de coherencia entre esas estrategias y las penas tipificadas para los delitos.

No es posible aplicar diversas sistemas de rebajas cuando son mínimas las penas para los delitos , explicó el Ministro de Justicia.

El Gobierno, no obstante, considera que éste no es un problema que no puede abordarse desde la perspectiva de delitos de narcotráfico y terrorismo sino que involucra la totalidad de conductas ilícitas y de ahí su decisión de impulsar un incremento del total de penas.

Hoy por hoy la bigamia tiene una pena mayor que la conspiración contra el Estado. La primera tiene una pena entre uno y cuatro años y la segunda entre 4 meses y 2 años.

El peculado culposo y el cohecho impropio tienen una pena mínima de 6 meses. Así las sanciones frente a la tradicional mordida son virtualmente nulas. Y la asonada y la fuga de presos tienen penas menores a la injuria.

El incremento en las penas, claro está, no tiene efectos retroactivos.

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