PUERTOS: GOBIERNO FUERA DE BORDA

PUERTOS: GOBIERNO FUERA DE BORDA

Con la decisión del Gobierno de no ser juez y parte en el desmonte del monopolio portuario, empezó a despejarse el camino para entregar a los particulares el manejo de los muelles públicos de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Tumaco. Este paso, unido al resto de la reglamentación que se expedirá en un plazo máximo de sesenta días, era necesario para jalonar el proceso de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos), según el superintendente general de Puertos, Mayron Verjel Armenta.

13 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

El funcionario está convencido de que sólo cuando se aplique la totalidad de la nueva estructura portuaria ordenada por la Ley 1a. de 1990, el Estado podrá tener un control real sobre las tarifas y se acabará el caos actual, causado por la falta de competencia y la ausencia de mecanismos para ejercer la auditoría.

A su juicio, aunque es indispensable liquidar al personal que aún depende de Colpuertos, se ganó terreno al definir los criterios para la constitución de las sociedades portuarias, entidades que se ocuparán de manejar y administrar la infraestructura, pero no podrán prestar servicios.

Tal como se planteó originalmente, la Nación iba a participar en esas sociedades mediante la entrega de las instalaciones y equipos de los cinco terminales marítimos públicos que hay en el país.

Sin embargo, el millonario costo de estas instalaciones hacía casi imposible que el sector privado pudiera asociarse porque debía hacer aportes equivalentes en dinero para tener poder decisorio.

El Estado tiene fama de mal administrador y nadie está dispuesto a asociarse con él si no puede tomar decisiones , dijo Verjel.

Según explicó, se decidió que la Nación debía centrarse en ejercer como ente regulador del sistema portuario a través de la Superintendencia General de Puertos. Por esto no resulta adecuado que también tenga acciones en las sociedades portuarias.

Los criterios aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) hablan de un setenta por ciento de participación de los particulares, ninguno de los cuales tendrá más del tres por ciento de las acciones; un 15 por ciento para el municipio donde está el puerto y otro 15 por ciento para el departamento.

Sin embargo, estos parámetros no son inflexibles, de manera que no está excluida tajantemente la participación de la Nación, pero el funcionario considera que si se da, debe ser muy limitada.

De todas maneras, el Gobierno mantiene la discrecionalidad para decidir si la sociedad portuaria es suficientemente pluralista, y de no ser así, puede sacar acciones para la venta en bolsa. Otras reglas No obstante, esta reglamentación no es suficiente. Falta expedir las normas para los operadores portuarios, que serán particulares dedicados a prestar los distintos servicios a las embarcaciones.

Estas se darán a conocer durante la presente semana y, según informó el Superintendente de Puertos, en la medida en que haya mayor competencia también habrá mayor flexibilidad.

Además, está pendiente el establecimiento de una fórmula para calcular las tarifas de contraprestación por el uso de la infraestructura y los terrenos donde están situados los puertos.

Esta debe contemplar aspectos particulares de cada puerto, como la definición de quién hará los dragados de los canales de acceso. En Barranquilla, por ejemplo, la tarea está a cargo de la Nación, mientras que en Cartagena y Buenaventura, no.

Y aunque habrá libertad para el cobro de servicios a los usuarios, la Superintendencia de Puertos vigilará que las sumas no sean excesivas, pero tampoco muy baratas. Es decir, supervisará para evitar prácticas desleales.

Los cálculos de la Superintendencia apuntan a que, a finales de este año, Santa Marta funcione con las nuevas reglas, mientras que Buenaventura, Cartagena y Barranquilla deberán hacerlo en el segundo trimestre del año entrante.

Mientras tanto, ya se están constituyendo las sociedades portuarias regionales y se contempló que las firmas promotoras creadas en las regiones con tal fin puedan hacer la solicitud para obtener la concesión. De esa manera, según el Superintendente, se va ganando tiempo, en espera de la reglamentación que estará completa dentro de sesenta días.

Asimismo, mientras continúan la liquidación y la jubilación de los empleados de Colpuertos en los terminales, se permitió que los particulares sean operadores para los servicios de bajamar y próximamente se hará lo mismo con los de cargue y descargue de los buques. Distribución de funciones Las sociedades portuarias regionales administrarán los bienes y la infraestructura, mientras que la prestación de los servicios estará a cargo de operadores portuarios.

Según los criterios fijados por el Conpes, la sociedad portuaria regional será la encargada de definir las políticas de operación y administrar los bienes sobre los cuales obtuvo la concesión.

También supervisará el uso de la infraestructura, manejará la prioridad de las líneas de atraque, regulará y vigilará la prestación de los servicios y supervisará el desempeño de los operadores portuarios.

Los operadores portuarios, por su parte, competirán en precios, eficiencia y costos, según la reglamentación que expida la Superintendencia General de Puertos y los procedimientos establecidos por cada sociedad regional.

Estos operadores prestarán los servicios de estiba, desestiba, cargue, descargue, manejo y transferencia, almacenaje, pilotaje y remolque de las embarcaciones.

La autoridad marítima en los canales de acceso y zonas de fondeo será ejercida por la Dirección General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa. En cada puerto, la responsabilidad de mantener el orden en las operaciones portuarias recaerá en las sociedades portuarias regionales.

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