NO SE PUEDE PARALIZAR AL ESTADO : GOBIERNO

NO SE PUEDE PARALIZAR AL ESTADO : GOBIERNO

A través de sus agentes en las carteras de Salud y Hacienda, el Gobierno del Presidente César Gaviria lanzó una severa ofensiva jurídica en defensa de los auxilios a fundaciones, hospitales, centros educativos, academias e instituciones privadas cuyo objeto es la asistencia de interés público. La impugnación oficial a la determinación que dejó en el limbo auxilios por cerca de cien mil millones de pesos y que sumió en una aguda crisis a organismos de asistencia en once departamentos, está consignada en dos sólidos memoriales elevados el jueves ante el Consejo de Estado.

12 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

Es contundente el mensaje final del Gobierno al Consejo: aún sin la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, no es posible condenar a muerte a millares de entidades de interés público que para subsistir dependen de los recursos del Estado . La ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo sostiene el Ejectivo no puede conducir a sostener que debe paralizarse la actuación del Estado y que, por consiguiente, no es posible satisfacer los derechos fundamentales de los habitantes, razón de ser la organización política .

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente, el 25 de septiembre pasado, el decreto 777 de 1991, que reglamentó el sistema de auxilios por contratación. La medida garantizaba apoyo económico oficial a la labor de hospitales, ancianatos, fundaciones y academias privadas de escasos recursos.

Sin embargo, con ponencia del magistrado Miguel González, la Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo que el Gobierno no estaba en posibilidad de realizar aportes a través de contratos porque (ver recuadro) no existía Plan Nacional de Desarrollo y éste es el requisito previo para la asignación y entrega de auxilios.

Esa tesis observa el Gobierno en su defensa equivaldría a considerar que el Ejecutivo está maniatado para actuar en todos aquellos casos en que la Constitución previó la expedición de leyes orgánicas o marco, y ello cobijaría inclusive la ejecución del presupuesto Nacional entre 1992 y 1995.

La razón es que el diseño y ejecución del presupuesto nacional también deberá consultar en el futuro el Plan Nacional de Desarrollo.

La argumentación del Gobierno incluye otros ejemplos: No podría el Estado tomar decisiones tampoco en materia de medio ambiente o vender su participación en una empresa, pues, respectivamente, no se han expedido las leyes que regulan la participación de la comunidad o la de los trabajadores, según el caso .

Por otro lado, argumenta el Ejecutivo, exigir desde ahora la vigencia de un Plan Nacional de Desarrollo, imposible de expedir, y atar a ello los aportes a hospitales, fundaciones, ancianatos, etc, desnaturalizaría la razón de ser del Estado Social de Derecho.

Este, que requiere de los particulares para atender diversas obligaciones, no podría cumplir con fines básicos como la Educación o la salud o la asistencia a la tercera edad.

A juicio del Gobierno, es tal la prevalencia del interés público sobre normas instrumentales para atenderlo que el Consejo de Estado francés creó la teoría de las circunstancias excepcionales.

De acuerdo con ésta, ciertas decisiones administrativas que serían ilegales pueden considerarse legales en ciertas circunstancias por cuanto ellas son necesarias para asegurar el orden público y el funcionamiento de los servicio públicos .

Bajo esa perspectiva, en concepto del Gobierno, la necesidad de satisfacer el interés público debe prevalecer sobre la imposibilidad de obrar con sujeción estricta a la Ley formal.

Los argumentos oficiales están consignados en los recursos de reposición elevados el jueves ante el Consejo de Estado por los titulares de los ministerios de Hacienda, Rudolf Hommes y Salud, Gustavo de Roix. El otro argumento Según el Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo es una institución que únicamente puede entrar a operar a partir de 1995.

La razón de ello es que la Constitución fijó un requisito sine quanon: El Plan Nacional de Desarrollo debe ser sometido a consideración del Congreso en el curso de los seis primeros meses de Gobierno.

Así, observa el Ejecutivo, sería ilógico pensar que la Constituyente quiso imponer la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo desde esta administración a sabiendas de que, a la fecha de expedición de la nueva Carta, julio 4 de 1991, el Gobierno Gaviria cumplía doce meses en el poder.

Es claro que constitucionalmente está previsto que no existirá un Plan Nacional de Desarrollo antes de 1994 o 1995 y por eso no se otorgó facultad extraordinaria alguna a este Gobierno para expedirlo .

La Constituyente puntualiza el Gobierno previó la ejecución del gasto público sin que existiera Plan Nacional de Desarrollo hasta 1995 (...) y si el propósito del Constituyente es asegurar la subsistencia de una serie de entidades que desarrollan actividades de interés público, no parece lógico concluir que solo puedan celebrarse contratos (aportes) a partir de 1995, cuando exista el Plan Nacional de Desarrollo, pues tal circunstancia determinaría la extinción de la mayor parte de ellas . El artículo sobre Plan y auxilios Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del Poder Público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

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