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INDEMNIZACIÓN ES EXCEPCIONAL

INDEMNIZACIÓN ES EXCEPCIONAL

La indemnización a través de la acción de tutela es excepcional, precisó la Corte Constitucional. Mientras los afectados puedan reclamar el resarcimiento de los daños causados a través de otros mecanismos como la responsabilidad extracontractual o por la vía del contencioso administrativo, los jueces no pueden proceder a indemnizar en abstracto al fallar tutelas.

Los criterios los fijó la sala de revisión número 5 de la Corte Constitucional que encabeza el magistrado José Gregorio Hernández Galindo.

Según el pronunciamiento, es claro que en principio no se puede obtener indemnización por perjuicios a través de la tutela, por lo que la figura se puede dar en casos excepcionales.

En primer término, puede haber indemnización cuando el afectado no tenga otro medio judicial y cuando la violación del derecho sea manifiesta.

También hay lugar a indemnizar en abstracto cuando se concluya que la violación del derecho afectado se haya producido mediante clara e indiscutible arbitrariedad Además las indemnizaciones en abstracto decretadas a través de la tutela deberán resarcir el daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho.

Los criterios fijados por la Corte Constitucional en torno a este tema se produjeron al negar una tutela a la ciudadana que pretendía que una empresa constructora respondiera a través de este mecanismo por la muerte de una persona y las heridas recibidas por otra, como consecuencia de una descarga eléctrica que se presentó en la vivienda que fue construida por la compañía demandada.

En criterio de la Corte, se está actuando con ligereza por parte de algunos jueces en el caso de las indemnizaciones, desconociendo las excepcionalidad que debe existir en el recurso.

Generalmente las indemnizaciones en abstracto por medio de la acción de tutela no se dan en casos contra el sector oficial, porque para ello hay que acudir al contencioso administrativo.

Las indemnizaciones en abstracto ordenadas mediante tutela deberán tramitarlas las autoridades competentes a través de un procedimiento especial que se prolonga por seis meses.

En este caso, en la práctica, el juez respectivo, sólo tiene que establecer el monto de la respectiva condena.

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