SE DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS JUDICIALES

SE DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS JUDICIALES

La Corte Constitucional dijo ayer que mediante una acción de tutela se puede hacer cumplir una sentencia judicial y obligar a la Nación a indemnizar y cancelar obligaciones laborales cuando es condenada por fallas de la administración pública. Para el máximo tribunal constitucional, el cumplimiento de las sentencias es un derecho fundamental que se desprende del debido proceso y de una verdadera administración de Justicia.

11 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

La Constitución consagra el derecho a un debido proceso y éste no podría entenderse satisfecho si al término de un litigio judicial, en el que la Justicia reconoce un derecho X a un ciudadano, el Estado se abstiene de dar cumplimiento a ese fallo .

Al resolver una tutela, la corporación dice en el fallo que para que haya un verdadero acceso a la administración de Justicia es necesario que las sentencias proferidas por los jueces se cumplan no solo en su totalidad sino prontamente.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se produjo al resolver una acción de tutela que interpuso el profesor Carlos Emiro Chamorro Espriella, quien laboraba en el colegio Simón Araújo de Sincelejo (Sucre), contra el Ministerio de Educación, y quien fue declarado insubsistente irregularmente.

La Corte, mediante el fallo de tutela, le ordenó al Ministerio reintegrar al profesor, separado del cargo en 1975, y cuya restitución de derechos (reintegro al cargo, pago de salarios y prestaciones) fue ordenado por el Tribunal Superior de Cundinamarca y confirmado por el Consejo de Estado en 1980.

Los fallos de los tribunales de lo contencioso administrativo fueron desconocidos por el Ministerio de Educación. Ahora la Corte Constitucional no solo ordena el reitegro del educador, sino que además le pide al Ministerio cancelar los salarios y prestaciones a las que haya lugar con su propio presupuesto y a través del Fondo Educativo Regional de Sucre.

En concepto de la Sala Número II de Revisión de Acciones de Tutela y con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes, la Corte censura el grave costo que tiene para los ciudadanos la desidia oficial frente al cumplimiento de sentencias.

Si una sentencia judicial de reintegro se deja de cumplir, el Estado tiene de todos modos que cancelar brazos caídos por ese concepto a quien ha resultado beneficiario de un fallo.

Es insólito que, como en el caso presente, el erario deba asumir diez años de salarios y primas por una persona a la que no se ha ocupado a pesar de la orden judicial de hacerlo .

En el fallo, la Corte precisa que la tutela puede adelantarse para buscar el cumplimiento de condenas contra la Nación, y obligar al Gobierno a que cumpla con esos deberes.

El pronunciamiento fue hecho en la sala de revisión de tutelas número dos que integran los magistrados Alejando Martínez, Eduardo Cifuentes y José Gregorio Hernández.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.