EL PALACIO DE JUSTICIA AÚN RONDA AL M-19

EL PALACIO DE JUSTICIA AÚN RONDA AL M-19

El Gobierno le acaba de solicitar al Consejo de Estado responsabilizar única y exclusivamente al M-19 por los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia, y obligarlo a pagar las condenas que se profieran por esos acontecimientos. La solicitud esta contenida en un recurso Extraordinario de Súplica que acaban de presentar los ministerios de Gobierno, Defensa y Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra un fallo de la Sección Tercera de esa corporación.

03 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

El pasado 19 de agosto la Sección Tercera condenó a la Nación a pagar cerca de 335 millones de pesos a los parientes de dos personas que murieron durante la ocupación del Palacio de Justicia.

El Estado busca, ahora, que ese fallo sea revocado por la Sala Plena del Consejo de Estado, y en una nueva decisión señale al M-19 como el único responsable de esa acción.

El Gobierno se conforma, incluso. conque la corporación decida que la responsabilidad es compartida entre las Fuerzas Armadas y el entonces grupo guerrillero, y en consecuencia, determine cuánto debe cancelar cada una de las partes.

El 6 de noviembre de 1985 el M-19 ingresó al Palacio de Justicia y arrinconó, no sólo a las altas corporaciones del poder judicial, sino a todas las instituciones del país.

Hoy, nueve años después, los ministerios de Gobierno, Justicia y Defensa, además del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se unen para arrinconar judicialmente al M-19.

La idea es obligarlo a pagar una millonaria suma de dinero por las víctimas que perecieron en el Palacio de Justicia, y así descargar un tanto la responsabilidad política y económica del Estado.

Las cuatro instituciones acaban de interponer ante la Sala Plena del Consejo de Estado un recurso Extraordinario de Súplica contra la condena que profirió esa corporación por la muerte del magistrado Carlos Medellín y el conductor de la consejera Clara Forero de Castro.

El pasado 19 de agosto, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a estas cuatro entidades a pagar cerca de 335 millones de pesos a los familiares de estas dos personas.

La base de la sentencia sostiene que a pasar de las informaciones que señalaban que la toma del Palacio de Justicia se podía presentar, nadie hizo nada para prevenirla.

La determinación de la Sección Tercera fue impugnada por los abogados de los tres ministerios y el DAS, quienes buscan que el Consejo de Estado señale como único responsable de la condena al M-19.

Los apoderados legales de estas instituciones alegan que la Sección Tercera modificó la jurisprudencia del Consejo de Estado sin autorización, y por eso determinó que la Nación era la única responsable de la toma del Palacio.\ Según los apoderados de las instituciones oficiales, la toma del Palacio de Justicia no podía ser controlada o evitada por el Estado.

Por el contrario -sostienen-, estamos ante la voluntad consciente de un grupo de terroristas, dirigida de manera deliberada a la producción de un resultado que se conocía de antemano (...). Elementos, todos estos, que determinan su responsabilidad .

Los abogados de los ministerios de Gobierno, Defensa y Justicia, en consecuencia, solicitan que el fallo impugnado sea revocado y en su lugar se exonere a la Nación de toda responsabilidad.

Otras alternativas Si la Sala Plena del Consejo de Estado decide no exonerar totalmente a la Nación, los abogados de las entidades oficiales se conforman con una responsabilidad compartida con el M-19.

Si la exoneración no es total, deberá entonces ser parcial , afirman los impugnantes.

La Nación pretende que el Consejo de Estado, al revocar el fallo, decida - como segunda opción-, que la responsabilidad es compartida entre estas instituciones y el M-19 y, en consecuencia, fije cuánto deben pagar a los familiares de las víctimas cada una de las partes condenadas.

En el peor de los casos el Estado colombiano sólo sería parcialmente responsable (...), el principal responsable de la tragedia del Palacio de Justicia fue el grupo guerrillero M-19 , sostienen los abogados que defienden los intereses del Estado.

En caso de que la Sala Plena del Consejo de Estado decida modificar el fallo y hacer, total o parcialmente, responsable al M-19, los familiares de los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia o los actuales integrantes de esa organización, hoy política, deberán responderle patrimonialmente a los parientes de las víctimas de la toma.

De ser o no aceptada la petición de los tres ministerios y el DAS, sobre la responsabilidad del M-19, los impugnantes le solicitaron al Consejo de Estado, además, reducir el monto de las condenas, porque las víctimas y sus herederos, en algunos casos, recibieron indemnizaciones especiales, laborales y prestaciones, que ahora deben ser descontadas del monto total de las sanciones económicas.

Si la solicitud de revocatoria del fallo condenatorio no prospera, al Estado le queda otra alternativa judicial para lograr que el M-19 pague una parte de las condenas que profieren los tribunales contenciosos administrativos contra la Nación.

El procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Juan Carlos Henao, ha insistido en que la Nación debe utilizar la Acción de Repetición contra el M-19.

Es decir, que una vez la Nación sea condenada, ésta debe entrar a demandar, ante los mismos tribunales administrativos, al M-19 para que lo obliguen a pagar una parte de la indemnización que le corresponde cancelar al Estado.

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