TUTELA ORDENA SACAR MÚSICOS CALLEJEROS DE LA CARRERA 70

TUTELA ORDENA SACAR MÚSICOS CALLEJEROS DE LA CARRERA 70

Los músicos callejeros que se ubicaban en la carrera 70 de Medellín, tendrán que irse con sus instrumentos a otra parte, ya que un fallo de tutela les prohibió trabajar en la zona. En adelante, de acuerdo con el fallo del juzgado cuarto penal municipal de Medellín que fue proferido el miércoles pasado, el alcalde de Medellín deberá ordenar a los organismos de Policía y jurídicos competentes, el desalojo de los músicos callejeros en esa zona de diversión de los paisas.

01 de octubre 1994 , 12:00 a. m.

La acción de tutela fue presentada por dieciséis ciudadanos que residen en varias unidades residenciales de ese sector, por considerar que se les estaban violando los derechos fundamentales a la paz, la tranquilidad y a la intimidad personal y familiar.

Esos derechos, según la tutela, son violados por los integrantes de conjuntos musicales compuestos por duetos, tríos y vallenatos que se ubican en la carrera 70 entre calles 41, 42, 43 y 43A, de la nomenclatura urbana, los cuales comienzan a sonar sus instrumentos desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, presentándose ruidos insoportables que les impide conciliar el sueño .

A la actividad de los músicos se suma la de particulares que solicitan serenatas por contrato.

Esto, según la tutela, crea un alboroto en el sector cuando los músicos ensayan los instrumentos, mientras que las personas que requieren de sus servicios consumen licor, bailan y gritan, impidiendo el descanso de los vecinos.

Según los ciudadanos, la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Inspección de Permanencia del barrio Belén, así como la inspección 11B Municipal y la Estación de Policía del barrio Laureles, no habían adoptado las medidas adecuadas para garantizar la tranquilidad pública frente a los artistas callejeros.

El fallo reconoce el derecho al libre trabajo de los artistas y de los establecimientos públicos, pero aduce que de acuerdo con los artículos 23, 26 y 33 de la Constitución Política de Colombia, las ocupaciones deben ejercerse dentro de los límites del bien común y el interés social, y bajo la inspección y vigilancia de las autoridades .

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