LEY CONTRA EL SECUESTRO

LEY CONTRA EL SECUESTRO

En un país que ha batido todas las marcas mundiales de la infamia en materia de secuestro, es apenas lógico que se endurezcan las penas contra el más cobarde y atroz de los delitos. En este sentido, el Congreso ha interpretado no solo una urgencia nacional, sino un clamor ciudadano. El plebiscito de un millón de firmas, obtenidas en tiempo record, en el que se pide una legislación más drástica, mide bien el grado de indignación colectiva que hoy produce esta criminal industria. Con razón. En Colombia hubo el año pasado 1.714 secuestros. Una cantidad que supera, en más de dos veces, a todos los secuestros sumados registrados en el resto del mundo en ese mismo período.

04 de octubre 1992 , 12:00 a. m.

Las cifras son espeluznantes. De 54 secuestros que registró el país en 1978, se pasó a 721 en el 88 y a 1.331 en el 90. Este año ya vamos en más de 900. Un incremento tan inverosímil como aterrador. Y se está hablando de los casos que han sido conocidos por las autoridades.

Países tan conflictivos o violentos como Perú, El Salvador, Brasil y Guatemala no llegaron, entre todos, a sumar cien casos de secuestro. Italia, donde el auge de este delito creó una verdadera crisis nacional, tuvo en su peor año 1977 78 secuestros. El caso de Colombia es, pues, realmente inconcebible. No se entiende cómo un país puede aguantar semejante flagelo; cómo se pudo llegar a un extremo que desafía todas las normas de la convivencia social; cómo no se ha generado una reacción institucional o ciudadana que responda al aberrante grado de chantaje al que hoy está sometida la sociedad colombiana.

La ley contra el secuestro, que se discute en la Comisión Primera del Senado, es el primer indicio de que se comienza a reaccionar. Tal vez tímida y tardíamente.

Pese a la dedicación y seriedad con que han discutido el tema, se nota cierta reticencia entre algunos congresistas a aprobar la norma sobre congelación de bienes. Otros, porque provienen de movimientos políticos que lo practicaron, se opusieron incluso a que se negara la posibilidad de amnistía e indulto para quien incurra en este delito.

Pero por algo se comienza y todo lo que se haga en el plano legal para castigar más severamente el secuestro es bienvenido. Ya han sido aprobados 20 de los 26 artículos del proyecto y el martes debe darse el debate final. Falta ver si no se enredan con lo de la congelación de bienes. Norma que en Italia se consideró como un instrumemto decisivo.

Cuando la ley se aplica con todo el rigor del caso, produce efectos positivos. Fue la experiencia en Pakistán, donde la ola de secuestros que padecía ese país se redujo notablemente desde que una nueva y drástica ley les fue aplicada a varias bandas criminales. El poder disuasivo de estas leyes, su carácter ejemplarizante y su efecto de demostración, dependen de la drasticidad con que se apliquen. Y, por supuesto, de que se apliquen. Y esto está por verse en un país como el nuestro, donde campea la más flagrante impunidad y donde un número alarmante de ex miembros de los cuerpos de seguridad aparecen involucrados en secuestros.

Cuando en medio de una crónica inoperancia de la justicia, se ha llegado a la alucinante cifra de cinco secuestros diarios, uno se pregunta si ya habrá norma legal que pueda detener tan apabullante auge del delito. Si todo este debate político-jurídico no será en el fondo un espejismo incapaz de frenarlo de forma significativa. Porque se está partiendo de una premisa hasta ahora ficticia: que a los secuestradores los capturan, que los jueces los condenan y que las cárceles los mantienen encerrados durante largas décadas.

Por eso, casi todas las personas que han sido víctimas de esta infamia piensan y las entiendo que lo ideal sería que no hubiera secuestradores presos. Sino muertos. Por su carácter sistemáticamente reincidente; por el tremendo poder de venganza y chantaje que mantienen (en la hipótesis de que sean capturados) aun desde las cárceles, donde dicho sea de paso se planifican secuestros a granel.

No son solo quienes han padecido este calvario los que así piensan. Según encuestas, un 60 por ciento de colombianos apoya la pena de muerte para el secuestro. Pero aquí estamos nuevamente ante el discutible poder disuasivo de la ley ante un fenómeno como es la boyante industria del secuestro en Colombia.

Tanto o más importante es que el Estado, en aras de su propia supervivencia, si ya no puede garantizar la de los ciudadanos, recupere su noción de seguridad. Y pueda reprimir más directa y eficazmente este delito. Lo que implica que, a la vez que promueve leyes más duras, se dedica a fortalecer unos cuerpos de seguridad e inteligencia, cada vez más especializados y depurados, que golpeen el mal en su raíz.

En el fondo, lo que la gente quisiera es poder leer más titulares como el que produjo esta semana una operación del UNASE en Bucaramanga: Dados de baja cinco delincuentes en rescate de secuestrada . Así es la cosa.

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