La respuesta del Ministro al ‘Times’

La respuesta del Ministro al ‘Times’

Así, como cualquier gamín bogotano, el ministro Sabas contestó al artículo de The New York Times que cuestionaba los resultados del Plan Colombia. El debate, más que sobre Plan Colombia, es sobre el éxito o fracaso de la política antidrogas de Estados Unidos en Colombia. La teoría que ha sustentado esta política es simple. Se trata de concentrar recursos en impedir o alterar la oferta para encarecer el suministro de drogas a los consumidores y así, por el alto precio, disuadir a nuevos consumidores de entrar al vicio. Para E.U., e l Plan Colombia tiene ese fin. La parte colombiana del Plan tiene el mismo propósito y uno adicional y no menos importante, y es que, como la siembra de coca es el principal recurso financiero de las Farc, reducir esta fuente de recursos y tomar control de estas zonas es prioritario.

25 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Desde el 2001 el gobierno norteamericano destinó casi 5.000 millones de dólares para reducir la oferta. El objetivo era disminuir al 50 por ciento el cultivo y tráfico de cocaína en 6 años. El área estimada para el 2001 era de 170 mil hectáreas de coca.

Para el 2003, el Gobierno, ya de Uribe (Balance de Resultados, Plan Colombia, DNP, 2003), reconocía el éxito parcial del Plan y estimaba que el área se había reducido en 37,5 por ciento, o sea se estaba cerca de la meta.

Por esa fecha, el ministro del Interior, Londoño, declaraba el triunfo de la erradicación en Putumayo y no estaba tan equivocado.

Es decir, hasta el 2003 el Plan estaba funcionando. ¿Qué pasó después? Los datos son decepcionantes. Se batieron récords de área fumigada (130 mil hectáreas), pero se cultivaron nuevas zonas sin que la reducción efectiva fuera significativa. A este gobierno se le desmoronó el Plan Colombia.

En cuanto al precio de la coca en el mercado, tampoco hay resultados. Antes que subir, baja y esto no ayuda a disminuir el consumo. Según datos de Cambio, la oferta de cocaína se mantiene casi igual. Cientos de miles de hectáreas fumigadas y 5.000 millones de dólares después, la oferta se mantiene.

En lo judicial, la lucha contra las drogas tampoco parece ir en la dirección correcta. El negocio es de pobres en la base de la pirámide, y de multimillonarios en la punta. Los vendedores minoristas y los campesinos cultivadores no se enriquecen nunca con la coca. Al contrario, ellos sí van a la cárcel, son separados de sus familias y entran en el círculo vicioso del crimen, del cual no se sale y el cual no enriquece.

La extradición es un instrumento judicial diseñado para que los de la punta de la pirámide tengan castigos efectivos. Pero esto también se ha erosionado. No por la cantidad de extraditados, que es inmensa, sino por el perfil del extraditado, que es cada vez más bajo en la pirámide del negocio.

Se extradita a pocos capos y a muchos ‘traquetos’ y este no es el sentido de un instrumento excepcional de juzgamiento, diseñado para los jefes del negocio y no para reemplazar a la justicia nacional. El trato para los ‘paranarcos’ es otro mensaje que deteriora el sentido de la extradición. Los cultivadores van presos, los ‘traquetos’ medios, extraditados, y los jefes quedan (?) en colonias rurales.

Una de dos. O la teoría que sustenta la política antidrogas hay que revisarla, o la teoría está bien y la aplicación falla, o ambas. En todo caso, lo que habría que hacer es sentarse con las autoridades norteamericanas a revisar toda la política antidrogas, investigar cómo funciona hoy el negocio y evaluar la efectividad de los programas de reducción de consumo.

Hacerlo serenamente y tener respuestas, correctivos y rectificaciones pronto, antes de las elecciones de noviembre, pues, si cambia la mayoría en el Congreso estadounidense, puede que la revisión la hagan allá, sin reflexión y sin tener en cuenta la posición y el interés colombianos. Por eso, más que gritarles a los gringos “¡Agradezcan!”, hay que invitarlos a que juntos revisemos todo.

rafaelpardo@rafaelpardo.com

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