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Circunstancias, medios y fines de la tributación

Los asomos de desconcierto por las críticas de diversos flancos y las iniciativas de introducir modificaciones sobre la marcha al proyecto de reforma tributaria parecen ignorar la circunstancia de ser precisamente eso: un proyecto, una propuesta para examinar, discutir y revisar.

Fundamentalmente en el seno del Legislativo. Por lo pronto, el mismo
Gobierno, ante la imposibilidad real de cortar de tajo el gravamen a las
transacciones financieras, ha aceptado reducirlo del cuatro al tres por mil.
Y ha puesto comprensivo oído a la solicitud de mantener la exención a las
plataformas de exportación que a ella exclusivamente se consagran. En el
ángulo neurálgico del IVA a la canasta de bienes básicos de la canasta
familiar, alimentos primariamente, todo indica el consenso de los diversos
sectores políticos sobre su inconveniencia y temeridad.
Desde viejos tiempos ha habido la tentación de forzar a todo el mundo a
soportar la carga impositiva. Incluso, Mrs. Margaret Thatcher se arriesgó a
proponer en Gran Bretaña el impuesto universal de capitación, al que nadie
consiguiera escapar, y sufrió las consecuencias políticas de su arrojo. La
fiscalidad no puede ignorar la estructura y la condición económica de los
pueblos, ni sustraerse a procurar la corrección de sus profundas
desigualdades.
Donde como en Colombia la pobreza alcanza el nivel del cincuenta por ciento
de la población según el dato oficial, o el sesenta por ciento al tenor de
respetables medios académicos, toca proceder en consecuencia, con claros
criterios de equidad. No por capricho, ni por estrategia electoral, el
presente Gobierno lanzó al comienzo del mes en curso el programa para su
erradicación. Problema estructural este de la pobreza, su origen se
encuentra, a juicio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la
Universidad Nacional, “en una distribución inequitativa de los activos de la
economía”. Semejante concepto lo apoya en el hecho que el 0,21 por ciento de
accionistas es dueño del 80 por ciento del capital bursátil y en el de que
de 82,1 millones de hectáreas rurales 44 millones, equivalentes al 53,5 por
ciento del territorio, son poseídas por tan solo 2.428 propietarios,
públicos y privados. Peor aún: la escandalosa concentración de la tierra se
ha extremado a golpes de violencia de narcotraficantes y paramilitares, sin
contar lo que se hayan apropiado las Farc en sus dominios. Toda una reforma
agraria al revés, ante los ojos atónitos del resto de los compatriotas.
El proyecto en cuestión se declara neutro en cuanto al recaudo. Para nada se
ocupa del déficit fiscal, como tampoco de la deuda pública en constante y
acelerado crecimiento. La financiación del conflicto armado, y también de
sus secuelas de desplazados y reinsertados, se deja inexplicablemente para
después. Al parecer, con otro impuesto transitorio sobre el patrimonio, una
vez desechado el de carácter permanente. Parte de la hipótesis de unas
finanzas públicas en equilibrio y, tal como aquí se ha observado, reorganiza
las cargas con el ánimo de simplificarlas.
Establece dos grandes categorías: la de los negocios y la de los
asalariados, dando a las empresas prioridad y estímulo mayores. De esta
suerte, se tiene la impresión de que tiende a colocar en mejores condiciones
los frutos del capital que los del trabajo. En este orden de ideas, se
aparta del derrotero consuetudinario de gravar más las rentas de aquel
mediante el impuesto complementario de patrimonio. Innovaciones hay y estas
son algunas de ellas.
El ideal habría sido enmarcar el proyecto en el conjunto de la fiscalidad y
de los objetivos del Estado. Si al decir del BID, en su estudio ‘América
Latina frente a la desigualdad’, la distribución del ingreso en el área
dependerá crucialmente de la acción de los gobiernos, convendrá ver hasta
dónde la fiscalidad ha de contribuir a esa tarea. Así deba realizarse,
prioritariamente, a través del gasto en educación, salud y seguridad
social.
abdesp@cable.net.co
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