Un proceso en vilo

Un proceso en vilo

Aún es difícil evaluar si la decisión presidencial de ‘conducir’ para su reclusión en sitios especiales a los principales jefes desmovilizados de las Auc ha contribuido a resolver la innegable crisis que enfrenta el proceso con los paramilitares.

20 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Ha habido varias explicaciones acerca de lo que llevó al Presidente a emitir su escueto pero tajante comunicado del lunes: una eventual preocupación suya por el exhibicionismo de algunos jefes ‘paras’; la necesidad de devolver legitimidad a un proceso bastante cuestionado, y hasta presuntas presiones de los Estados Unidos.

El hecho es que la decisión presidencial introduce nuevos elementos en el de por sí traumático proceso con los paramilitares. De cómo evolucionen esos nuevos elementos dependerá el futuro de dicho proceso.

Sin duda, hacía falta coherencia. No tiene presentación que, sin iniciar procesos, ni ponerse a disposición de las autoridades –como exige la Ley de Justicia y Paz– los jefes ‘paras’ hayan dejado Ralito para montar su ‘casa de paz’ en Copacabana. La decisión de Uribe tiene, obviamente, la intención de recoger las riendas que él mismo había aflojado para tratar de devolver credibilidad al proceso.

La orden parece haberlos sorprendido. Tanto, que, a estas alturas, nueve ex comandantes clave no han acudido a ponerse en manos de las autoridades. En el caso de personajes como Ramiro ‘Cuco’ Vanoy y el ‘mellizo’ Miguel Mejía Múnera (‘Pablo Arauca’), su reputación como narcotraficantes que compraron la franquicia de autodefensas y el hecho de estar pedidos en extradición podrían explicar que duden de entregarse por temor a ser enviados a Estados Unidos.

* * * * Lo que más debería preocupar al Gobierno son otros nombres. Hombres de la entraña paramilitar como Vicente Castaño, Rodrigo Tovar (‘Jorge 40’), Manuel Pirabán (‘Jorge Pirata’), Arnubio Triana (‘Botalón’) y Freddy Rendón (el ‘Alemán’) tienen el peso, el poder y, entre la tropa rasa desmovilizada, el prestigio para revivir las autodefensas en regiones clave como la Costa Caribe y su interior, el Chocó y los Llanos. Desde el control de rutas del narcotráfico hasta un detallado conocimiento logístico y operativo de sus regiones, pasando por una red de profusos contactos con poderes locales, son parte de su ‘bagaje’. Sería un severo golpe al proceso con las Auc que decidiesen declararse en rebeldía. Y debe hacerse todo lo posible para traerlos de vuelta.

Un segundo elemento de preocupación deben ser los 2.695 integrantes de la lista de desmovilizados que el Gobierno envió a la Fiscalía para ser procesados bajo la Ley de Justicia y Paz (se acogen a ella quienes han cometido delitos no indultables). Esos mandos medios son la espina dorsal de los paramilitares. Y, salvo un centenar que se encuentra en Ralito, todos están en libertad. Fuera de su nombre y cédula, la justicia no tiene mayor información sobre ellos, ni sabe dónde están. ¿Serán capaces las autoridades de convencerlos de que se presenten voluntariamente para iniciar sus procesos, entregar su versión libre y pagar la pena alternativa de entre 5 y 8 años? ¿Cuánto tardarán un reducido número de magistrados (8) y de fiscales (20) en abrirle expediente a semejante cantidad de individuos? * * * * Tampoco está claro uno de los elementos que más suspicacias han despertado: el marco jurídico del proceso. Hay leyes (la 975 y la 782); hay ya un decreto reglamentario (el 4760 del 2005), y está el fallo de la Corte Constitucional. La lista de elegibles para aplicarles la Ley 975 acaba de ser entregada a la Fiscalía, pero no está claro cómo y en qué plazos se va a establecer quiénes, finalmente, podrán acogerse (la decisión está en manos de los magistrados especialmente designados). Y falta el decreto que debe reglamentar todo esto. Decreto cuya filtración hace un par de semanas alimentó las suspicacias de que el Gobierno planeaba ‘poner conejo’ a los elementos más drásticos del fallo de la Corte.

En todo esto debe primar el realismo y la norma de ‘ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre’. A cambio de una real desmovilización y desmonte del paramilitarismo, de garantías ciertas de no repetición y de medidas de reparación de las víctimas y esclarecimiento de la verdad, el país puede ser generoso con temas como las penas y los lugares y condiciones de reclusión de los paramilitares.

* * * * Ha habido claros vacíos e improvisaciones del Gobierno. La propia decisión presidencial, aunque lógica, no está exenta de riesgos. Por su parte, los comandantes desmovilizados dicen que el Gobierno les cambia las reglas del juego y han aprovechado para hacer toda clase de demandas en busca de mejores condiciones. Sin embargo, a lo que debemos apostarle los colombianos es a que esto salga bien.

Los jefes que no se han entregado deben hacerlo antes de que se creen situaciones irreversibles, y el Gobierno está en mora de promulgar el decreto reglamentario. Solo así el país podrá juzgar si se ha encontrado un equilibrio adecuado entre verdad, justicia y reparación. Y el proceso, por fin, podrá pasar de la desmovilización a los primeros pasos de lo que realmente importa: la reconciliación y la paz.

editorial@eltiempo.com.co

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.