Ningún otro mandatario como el de la capital indígena de Colombia se siente con las manos atadas como Gómez.
De hecho, sentencia que hasta que se acabe el novelón de los concejales no volverá a presentarles ninguna iniciativa y menos a girarles un solo peso de honorarios.
El novelón al que se refiere el mandatario ya lleva un año largo, cuando la Procuraduría inhabilitó a los titulares y sus segundos renglones asumieron (vea recuadro Enredo jurídico por anulación de fallo) , pero uno de sus episodios más críticos lo vivió el pasado primero de agosto, cuando a la sede del cabildo llegaron no 15 concejales, como ordena la ley, sino 29, para tomar posesión e instalar las sesiones ordinarias.
En ceremonias diferentes a las que no asistieron ni el Alcalde ni sus funcionarios, los 29 se posesionaron y el municipio quedó con dos legislativos.
Primero se instaló un grupo y después el otro, sostiene el secretario Davinson Mejía, quien anunció que se mantendrá al margen de las sesiones.
Por ese pleito, los concejales están enfrentados y el municipio vive bajo un clima de ingobernabilidad. Cada uno de los cabildos se reclama como legítimo, pero la decisión está en manos del Tribunal Contencioso de La Guajira.
Ese ente debe aclarar si los 14 concejales que fueron inhabilitados por la Procuraduría y luego exonerados pueden regresar o no a sus curules.
Pero primero se debe instaurar una demanda que nadie ha presentado, según confirmó la Secretaría del ente.
Mientras hay una solución, el Alcalde no sabe a cuál de las dos células presentarle los proyectos para que su administración siga su marcha. No hay claridad en el Legislativo y no sabemos qué pueda pasar cuando tengamos que pedirle facultades, asegura.
Por ahora Antonio Almazo, el único concejal que quedó con vida tras el enredo, reclama una solución. Que la Procuraduría resuelva, porque no se sabe si debe haber o no restitución de funciones, dijo.
El primer paso ya lo dio el procurador regional, Carlos Daza, quien tras una consulta respondió que no hay sanción que ordene la desvinculación del cargo a los concejales investigados y que sus credenciales siguen vigentes.
Pero por ahora parece que ninguno de los dos bandos está resuelto a ceder.
ENREDO JURÍDICO POR ANULACIÓN DE FALLO La decisión de la Procuraduría de echar para atrás un fallo que en el 2005 destituyó e inhabilitó para ocupar cargos a 14 de 15 concejales por haber elegido Personera a la hermana del secretario de Salud mantiene en el limbo jurídico al Concejo de Uribia.
Once meses después de que sus segundos renglones ocuparan sus curules, los titulares alegan que la Procuraduría los absolvió porque ellos no sabían que no podían elegir a la Personera y ahora no tienen impedimento que les impida volver a sus cargos.
Sus reemplazos dicen que el fallo que anuló la sanción no ordena la restitución de los cargos y por eso siguen ejerciendo. Juristas dicen que tras la anulación de la sanción, debe haber restitución de funciones. Pero tampoco está claro qué ente la ordena.
AÚN SIN RESPUESTA ''Así como la Procuraduría sancionó y revocó los fallos debe emitir un concepto que resuelva este limbo jurídico.
Antonio Almazo, el único concejal que no fue sancionado.
