No ha sido posible convencer a Washington de que el proceso de paz con los paramilitares deje a sus cabecillas fuera del alcance de la extradición. Los halcones del gobierno de Bush rechazan todo adelgazamiento y complejidad de un tema que ellos no perciben sino como un puro asunto de narcotráfico.
Para el gobierno colombiano, y de alguna manera para todos los colombianos, cualquier proceso de paz, pero especialmente el de los paramilitares, es una decisión ardua entre la cantidad de impunidad que debemos pagar por la paz.
Para Washington, la paz es una premisa de plena ajenidad, apreciable apenas como contribución contra el tráfico de drogas. El asunto nunca fue nuestra paz, sino su seguridad nacional.
La política de seguridad de Uribe ha estado soportada en el efecto circular de que liquidar el narcotráfico es liquidar los grupos armados y liquidar los grupos armados es acabar el narcotráfico. El quitar el agua al pez ampliado a quitarle el pez al agua. Washington ha venido acompañando ese planteamiento porque se ajusta a la perfección a sus prioridades, todas ellas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
En el contexto de la lucha antisubversiva, esos disensos subterráneos no aparejan contradicciones esenciales. Pero los procesos de paz con los paramilitares reprodujeron las contradicciones históricas del Estado colombiano: las autodefensas eran el aliado estratégico de las retaguardias que el Ejército no podía mantener, pero también los narcotraficantes que USA no podía tolerar.
Pastrana habría identificado que, lejos de aligerar sus posturas sobre la condición terrorista de las autodefensas, las fincas-cárceles, las penas breves y las extradiciones en el congelador, Washington las ha venido endureciendo sistemáticamente. Pastrana, que había llevado a los gringos a regañadientes hasta el Caguán, un proceso que según USA fortaleció a la guerrilla, no estaba interesado en apadrinar otras políticas de flexibilidad frente a actores armados del conflicto, vinculados, como todos, tan vitalmente al narcotráfico. Menos quería ser asociado por las autodefensas con esas presiones de Washington.
Parece poco probable que el proceso de desmovilización paramilitar sufra retrocesos esenciales. Pero Uribe tendrá que buscar en el interior del país el soporte que no encontrará tan fácil en la Casa Blanca. Hay que estar preparado para el retorno de ese fantasma que es la extradición. Tres aspectos orientarán esas novedades: nuevas exploraciones de una paz negociada con la subversión, un frente social más nítido que consolide hasta el final las lunas de miel con la opinión pública y unas reformas del Estado (el Estado tiene que ser fuerte para imponer la debilidad que se pretende desde los tiempos del Consenso de Washington).
La reforma judicial será una de las claves de ese nuevo Estado compasivo, concebido casi como una remembranza melancólica de Rerum Novarum (las lecturas de Prahalad son otra ficción de José Obdulio). Y dentro de ella se destaca la reforma de la tutela, que estaría desprovista de los propósitos depredadores de un Fernando Londoño. Por ejemplo, una tutela que proceda contra sentencias, pero no siempre; que caduque y que solo pueda interponerse ante jueces jerárquicamente superiores. Las cosas cambian, y no solamente para que todo siga igual. El futuro existe, así esté desprestigiado.
