Jugada para ganarse $130.000 millones

Jugada para ganarse $130.000 millones

De peso en peso, las personas que a diario utilizan bus, buseta o colectivo en Bogotá han aportado en los últimos tres años 130.000 millones para que el Distrito chatarrice buses viejos y así pueda reducir la sobreoferta. Cada vez que un bogotano paga 1.000 pesos para subirse a un bus está dando 17 pesos para este fin: dinero que las empresas transportadoras deben depositar en dos fiduciarias delegadas por el Distrito (desde el 2003) para cumplir con el objetivo de sacar 8.000 vehículos de transporte público colectivo de las calles.

06 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Cuentas de la Secretaría de Tránsito advierten que estas fiduciarias apenas han recibido 22.136 millones de pesos. La gran mayoría de las 66 empresas de la ciudad no han hecho los pagos respectivos y se han quedado con 108.000 millones de pesos. Unos 39 mil millones están en cuentas embargadas por la Contraloría. Del resto de dinero no hay pista.

Para quedarse definitivamente con estos 130 mil millones, algunos dirigentes del transporte han planeado estrategias con las que pretenden ganar como sea una demanda de nulidad contra el fondo de chatarrización (decreto 115 del 2003, administración Mockus) y que está por fallar el Consejo de Estado.

EL TIEMPO revela hoy episodios que van desde reuniones con abogados que dicen tener influencias en los altos tribunales, hasta un choque entre directivos de una empresa por el supuesto pago de un “soborno a magistrados”.

En noviembre seis dirigentes y un abogado, cuyos nombres nos abstenemos de publicar, se reunieron en la sede de un gremio del ramo.

Uno de los asistentes decidió narrarle a EL TIEMPO lo ocurrido: “Yo llegué y me enteraron de que había la posibilidad de que ese señor hiciera ‘la vuelta’. Y que (además de anularse el decreto) saldría en el fallo un párrafo donde se decía que ese dinero quedaba en manos de las empresas”.

El testigo agregó: “(el abogado) era como contacto allá (en el Consejo).

Seguramente es consultor o es muy cercano”.

Una jugosa recompensa A cambio de ‘la vuelta’, los transportadores debían pagar una cuantiosa suma. Un veterano empresario que fue contactado dos semanas después por una de las personas que asistió a esa reunión, le contó a este diario en qué consistía la negociación. “Eran unos honorarios de 150 ó 170 millones. Más una comisión de éxito que era muy significativa, de 8.000 ó 10.000 millones”.

Este ‘premio mayor’, según testimonios recogidos por EL TIEMPO, debía ser depositada por los empresarios en una fiducia. Y en el contrato que se firmaría con los abogados se incluiría una cláusula donde se establecía que podían cobrar la ‘comisión de éxito’ sólo si lograban el objetivo.

Una fuente del Distrito aseguró que apenas conocieron la versión sobre la intención de unos transportadores de hacer una ‘vaca’ para ‘arreglar’ el fallo, se tomaron decisiones. “Dijimos: aquí tenemos que movernos. Se solicitó una audiencia pública (ante el magistrado del proceso) para exponer la conveniencia del decreto para la ciudad”. Eso fue el 23 de mayo.

EL TIEMPO consultó a una de las personas más representativas del gremio, el presidente de Conaltur, Ramiro Rivera, quien dijo que él sí ha sabido de muchas reuniones en las que se ha hablado del 115, pero que no recuerda alguna donde se hablara del Consejo de Estado. “Se ha hablado de que esa plata (los 130.000 millones de pesos) debe ser y es de los propietarios. Ha habido comentarios de recoger 100 millones de pesos para asesoría, pero no se ha concretado”.

Es probable que la reunión donde estuvieron seis dirigentes no haya sido la primera. El tema de la ‘vaca’ ya ha recorrido los pasillos del Palacio Liévano, de las empresas y hasta de centros académicos.

También motivó un duro enfrentamiento entre directivos de Expreso Sur Oriente, a raíz de una junta donde la gerente Yasnid Riveros informó sobre un sorpresivo movimiento de dinero.

‘Dijo que era para un soborno ’ “Antes de comenzar esa reunión –narró a este diario un directivo– ella dijo que le había dado 98 millones de pesos a un doctor para sobornar a un alto tribunal. Yo dejé constancia de que no estaba de acuerdo. Ella dijo que cumplía con informarnos”.

Esta versión fue confirmada por Hernando Basto, accionista de la empresa, quien a través de una carta dirigida el 16 de marzo a la gerencia, narró lo que había encontrado al revisar las actas y pidió explicaciones. La misiva dice: “Encontré un egreso de 98.000.000 de pesos solicitados por la gerente y autorizados por la junta para pagar un posible soborno a unos magistrados para que fallaran la sentencia a favor de la empresa o propietarios de dichos dineros”.

El 29 de marzo, Riveros le respondió a Basto: “Las federaciones a las cuales está afiliada la empresa sí celebraron un contrato de prestación de servicios con abogados que fueron los que estuvieron al frente de la demanda de nulidad del decreto 115”.

Y a renglón seguido agregó: “Las empresas están luchando para que el Consejo confirme el fallo (…) a fin de que se ordene la devolución de la plata a los propietarios”. Riveros, en esa carta, evadió el tema de los 98 millones de pesos y del soborno. Pese a dos llamadas realizadas por este diario, la gerente no respondió.

Juan Martínez, quien entabló esa demanda del 115 ante el Consejo de Estado, dijo que él no ha recibido dinero de esa ni de otra empresa.

El ruido que empieza a rodear el proceso por el decreto 115 llevó al magistrado ponente a pronunciarse. “No admitiremos presiones”, dijo (ver nota anexa). En tres meses el alto tribunal se pronunciaría sobre este decreto que además de representar una jugosa bolsa para los transportadores, es para la ciudad la única vía para sacar de circulación 8.000 buses viejos.

wingon@eltiempo.com.co.

‘No vamos a admitir presiones’: magistrado.

El magistrado del Consejo de Estado Rafael Lafont Pianeta, encargado de redactar la ponencia en el caso del decreto 115, dijo que la corporación se ceñirá a lo que diga la ley y que solo se pronunciará sobre si el decreto es nulo o no. Es decir, no tocará el tema de la destinación de los dineros.

¿Ha conocido de la intención de algunos transportadores de ofrecer un dinero por un fallo a favor de ellos sobre la disposición de los recursos? Quiero ser categórico y contundente en lo siguiente: no he tenido conocimiento en este tema, pero aún en el evento extremo que se presentara, ni este despacho, ni ninguno de esta sección ni del Consejo de Estado admitirán presiones o socavamientos de ninguna especie en relación con este proceso ni con ninguno.

Con base en testimonios de algunas personas que han participado en reuniones para ese efecto, se ha hablado de contactos con una persona que dice tener influencias en el Consejo de Estado. ¿Usted qué dice sobre esto? No, no. Yo desconozco esa circunstancia. Esta corporación solo se circunscribirá a los mandatos de la ley y fallará con base en las pruebas existentes en el proceso y nada más sobre eso.

Esas gestiones buscan que el Consejo pronuncie sobre quién debe quedarse con el dinero ¿El Consejo de Estado puede pronunciarse sobre ese punto o solamente sobre la nulidad o no del decreto? Si la acción es de nulidad únicamente se puede pronunciar sobre la nulidad.

En consecuencia, esta corporación se pronunciará al respecto.

Usted fue Secretario de Tránsito de Bogotá y por eso debe conocer el gremio. ¿Ningún transportador se le ha acercado? Categóricamente, no.

PROCURADURÍA HACE TAMBALEAR FONDO DE CHATARRIZACIÓN.

El Alcalde no está facultado para crear impuestos, tasas o contribuciones.

Estos son competencia del Concejo.

Con este argumento, la Procuraduría le acaba de pedir al Consejo de Estado que anule los artículos 20 a 26 del decreto 115, a través del cual el entonces alcalde Antanas Mockus ordenó la inclusión en la tarifa de un recargo denominado ‘factor de calidad’para financiar el fondo para la chatarrización.

Son los mismos 17 pesos que salen del pasaje que paga cada usuario.

En los casi tres años que lleva esta puja jurídica, el fondo de chatarrización no ha funcionado. Prueba de ello es que ha desintegrado apenas 13 automotores (cabe anotar que mediante los contratos de concesión de TransMilenio se han chatarrizado otros 6.6.50 carros).

Hay dos razones para que eso pase. La primera, es que empresarios y propietarios se han negado a consignar los recursos porque están a la espera de que el Consejo de Estado ratifique la decisión del Tribunal. Han dejado de girar 108.000 millones de pesos según reporte de la Contraloría Distrital de julio de este año, que, a propósito, les embargó las cuentas a 64 de las 66 empresas en febrero pasado. El segundo lío es por el precio de los vehículos. Los propietarios piden 30 millones de pesos por el bus, más 1.630.000 pesos por cada mes de vida útil que tenga el carro.

Por estas dos razones es que el proceso está en un punto muerto.

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