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REMEZÓN EN LA POLICÍA: CADA QUIEN TIENE SU VERSIÓN

REMEZÓN EN LA POLICÍA: CADA QUIEN TIENE SU VERSIÓN

El remezón en la Policía Nacional tiene distintas razones de fondo según se consulte la versión de los oficiales que permanecen, el alto Gobierno y los propios generales relevados. El presidente Ernesto Samper y sus voceros atribuyen los cambios a la necesidad de otorgar mayor eficiencia a la Policía y, en particular, a la Subdirección de Policía Judicial e Investigación, (Dijin).

En concepto de los altos cargos que seguirán es asunto de poner fin al ácido enfrentamiento entre generales y a la creciente tensión que éste terminó por crear en otros niveles de la institución.

Los oficiales relevados tienen su propia visión. El general Jairo Antonio Rodríguez, director de la Dijin, le dijo en la tarde del viernes a un periodista de EL TIEMPO: me voy porque resulto incómodo y en la noche, en una entrevista, al abordar el tema de los narcocasetes, defendió a la Dijin y pidió que se busque qué es lo que hay detrás de esta porquería y quién es el beneficiario de todo esto .

Lo más evidente, por lo pronto, es que sí existía una profunda y vieja división entre altos cargos.

Las diferencias entre el director de la Policía, general Octavio Vargas Silva y el subdirector, general Fabio Campos Silva, se hicieron explícitas desde una reunión privada el mismo 17 de diciembre de 1993, quince días después de la operación final contra Pablo Escobar Gaviria y cuando Vargas asumió.

El último round de los generales La amenaza de un inminente enfrentamiento entre altos cargos de la Policía Nacional que culminó este viernes con el retiro del subdirector de la Institución, general Fabio Campos Silva, fue objeto de discusión por primera vez en la noche del 17 de diciembre de 1993.

Habían transcurrido 15 días desde la operación del Bloque de Búsqueda que puso fin a la vida de Pablo Escobar Gaviria y el general Octavio Vargas Silva celebraba ese día su posesión como nuevo director de la Policía Nacional.

Ascendía tras una tarea silenciosa y milimétrica de casi año y medio en la que las reuniones privadas, cada domingo, con el ministro de la Defensa Nacional, Rafael Pardo Rueda y la redacción de pormenorizados informes en torno a los avances contra el cartel de Medellín se le habían convertido a la vez en una obsesión y en una metodología de trabajo.

Los oficiales que acompañaban a Vargas en la celebración, en su mayoría, estrechamente ligados al derrumbe del cartel de Medellín, Los Extraditables y Pablo Escobar, se vieron envueltos repentinamente en el asunto Campos Silva.

Pocos oficiales como el brigadier general ascendido a subdirector de la institución -según se percibía internamente- eran tan distantes del general Vargas y tan ajenos a su élite de oficiales.

Aunque el tono de la conversación privada del 17 de diciembre nunca trascendió a Campos Silva varios hechos empezaron a constituirse en alerta de las divergencias.

Al lado de las fricciones con origen en la disparidad de criterios, siempre disimuladas por el protocolo jerárquico en la Policía - no mi general , si mi general , como Usted diga mi general - surgió un episodio con ribetes serios.

En el primer trimestre de este año, sin que el general Vargas Silva hubiese sido oportunamente enterado, el brigadier Fabio Campos pidió a algunos oficiales de la División de Investigación y Policía Judicial (Dijin), poner a su disposición documentos con el rótulo de información clasificada.

Se trataba de cintas y papeles hallados durante los allanamientos a traficantes y terroristas del Cartel de Medellín que permanecían guardados en la caja fuerte de la Dijin. El general Campos deseaba conocer inclusive el número en clave de la caja.

Antes de atender la orden, un oficial del servicio de Policía Judicial decidió elevar una consulta sobre el asunto a Vargas Silva que, aparentemente insatisfecho con el procedimiento que seguía el general Fabio Campos, ordenó congelar la entrega de los documentos hasta aclarar el sentido que tenía la solicitud de la información y el por qué no había sido informado de ello.

La coyuntura de las campañas electorales por la primera magistratura del Estado hizo nuevamente evidente el enfrentamiento. Personas cercanas a los candidatos recibieron mensajes en los que se explicaba que el general Fabio Campos Silva aspiraba en forma efectiva a ocupar la Dirección de la Policía y que inclusive tenía un diseño y una estrategia para consolidar el proceso de reestructuración de la institución.

Por último sobrevino el oscuro episodio de los narcocasetes y con éste la creciente desconfianza dentro de la propia Policía sobre el eventual origen de las intercepciones.

No hubo cargos Obligado a suspender en forma transitoria una comisión de estudios en el exterior para realizar las indagaciones sobre el caso de los narcocasetes, un oficial de la más probada eficiencia en la Policía llegó hasta lo que parecía ser la punta para halar el cordel.

El investigador obtuvo la declaración de un funcionario subalterno de la Sección de Inteligencia Electrónica de la Dijin en la que éste señalaba como responsables de las intercepciones al coronel Ramírez Archilla y a otros tres oficiales.

Según lo planteó, después de interceptar las líneas y obtener las grabaciones, los presuntos responsables de los narcocasetes -contra los que no se encontró evidencia alguna ni dentro de las investigaciones de la Policía ni de la Ficalía- hicieron entrega de las cintas al general Jairo Antonio Rodríguez, director de la Dijin y quien a su vez las entregó al general Campos Silva.

El resto de la historia eran simplemente hipótesis según las cuales las cintas terminaron luego en poder de la DEA y la CIA y por nadie sabe qué vía en manos del candidato Andrés Pastrana y después del Presidente César Gaviria y la Fiscalía.

Los investigadores de la Fiscalía exploraron a tal punto esa hipótesis que tanto el general Rodríguez como el coronel Ramírez Archilla fueron llamados a declarar y que la Fiscalía intentó citar a funcionarios de la DEA en Colombia.

Al final no hubo evidencia de ninguna índole contra los altos oficiales, ni declaración judicial sobre ese tema.

Por el contrario, el informe interno de la Policía explicó que era imposible señalar responsables o siquiera pretender vincular a la institución con el tema de los narcocasetes.

La desconfianza interna que generó el episodio terminó por crear nuevos obstáculos en la relación entre altos cargos y, en particular, entre Vargas Silva y Campos Silva al punto de que el ministerio de la Defensa fue enterado por ambas partes de sus mutuas reservas.

Había acusaciones mutuas de bloqueo a la tarea que debía desempeñarse y surgió clara la división que las diferencias podían crear en las bases de la institución policial.

El viernes pasado, cuando periodistas de Qap y Cambio 16 telefonearon al ministro de Defensa, Fernando Botero, para consultarle sobre las crecientes versiones según las cuales el subdirector de la Policía había ordenado privadamente interceptar los teléfonos del General Vargas Silva, Botero decidió telefonear al Presidente para explicarle que los cambios no podían esperar.

El Ministro aceptó entonces la inminente división interna y los relevos que había descartado en forma rotunda, el lunes de esta semana, a otros medios periodísticos que habían comunicado insistentemente con su despacho para establecer la veracidad sobre el supuesto episodio que una vez más involucraba a los dos altos oficiales.

Diettes en Cali Cali Durante la estadía del general Guillermo León Diettes Pérez, nuevo subdirector de la institución, al frente de la Policía Metropolitana de Cali, desde finales de 1992 hasta septiembre de 1993, en esta capital se registró un incremento de trascendencia de la inseguridad que llevó al Concejo local a citarlo para que respondiera a un cuestionario.

Según un informe de la Personería Municipal, en 1993 se registró un incremento del 38.8 por ciento en los casos de homicidios en Cali frente a 1992. En las estadísticas del 92 aparecen 1.112 muertes con arma de fuego mientras en el siguiente ascendieron a 1.511.

Los asaltos bancarios fueron una constante a los largo del año. Sólo en las primeras 20 semanas del año, hasta mayo del 93, se registraron 38 asaltos, casi dos por semanas, cuyas pérdidas sobrepasaron los 350 millones de pesos.

En los primeros seis meses de 1993, el hurto de motocicletas superó los 400 aparatos, unas 15 semanales.

Ante ese alarmante índice delincuencial, el general Diettes respondió en esa oportunidad que en parte, el incremento se explica por el aumento de la población y a comportamientos cada vez m s violentos e irascibles, además del excesivo número de licencias para el porte de armas de fuego.

Desde ese entonces, en la capital del Valle se adoptaron las mingas de seguridad con participación del Ejército y la Policía para realizar retenes móviles y batidas en amplios sectores donde se registraba preocupante incremento de la inseguridad.

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