Confirman a justicia ordinaria en caso de masacre en Jamundí

Confirman a justicia ordinaria en caso de masacre en Jamundí

La justicia ordinaria seguirá el proceso contra los ocho militares del Batallón de Alta Montaña por la muerte de 10 policías y un civil, en zona rural de Jamundí (Valle). Así lo ratificó anoche el Juzgado 10 Penal del Circuito, en contra de lo que pedía la defensa de los militares.

21 de junio 2006 , 12:00 a. m.

La próxima semana la Fiscalía presentaría el escrito de acusación que llevaría al juicio por homicidio agravado.

El juzgado tampoco acogió la apelación por la medida de aseguramiento contra el comandante del Batallón, coronel Bayron Carvajal, quien llegó minutos después de la muerte de los oficiales en la parcelación La Cristalina, del corregimiento de Potrerito, el pasado 22 de mayo.

Los abogados defensores sostuvieron que la Constitución indica que los jueces naturales de los militares son los jueces penales militares y ello se configura cuando cumplen actos del servicio como, dijeron, el que realizaban en esa ocasión.

Por su parte, la Fiscalía insistió en que los policías y el civil fueron acribillados y señaló que todo colombiano tiene como juez natural a la justicia ordinaria y solo en los casos excepcionales del servicio se acude a la penal militar.

El Juzgado acogió ese planteamiento e indicó que el solo hecho del uso del uniforme no otorga el fuero. En la providencia citó sentencias de las altas cortes que dirimen asuntos de competencia en los que concluyen que si existe duda en la actuación se acudirá a la justicia ordinaria.

Como parte de la argumentación de la defensa, el abogado Eugenio Vergara señaló que ni siquiera los comandos de la Policía Metropolitana de Cali y Jamundí conocían de la presencia de los 10 miembros de la Dijín y un informante en una presunta operación antinarcóticos.

Por su parte, los abogados Yudy Patricia Castro y Carlos García aseguraron que está probado que la orden de servicios de los policías fue falsificada y reseñaron algunos documentos de inteligencia que confirmarían que los militares estaban alerta sobre un posible secuestro o atentado a la infraestructura eléctrica.

La Fiscalía señaló que ese tema se analizará en el proceso, pero anticipó que la Constitución está por encima de cualquier normatividad y no debe ser invocada para justificar un exceso de fuerza.

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