En primer lugar, el Gobierno sí tendría intenciones de presentar un proyecto de ley para recuperar los temas de la Ley de Justicia y Paz que se caigan con el fallo de la Corte.
Así lo dijeron congresistas consultados por este diario, quienes afirmaron que, incluso, esa opción ha sido discutida por el Gobierno y los ex paras.
Sin embargo, voceros del Gobierno niegan que exista tal iniciativa. Este proyecto, un plan B para salvar el proceso, incluiría que se equipare la conformación y participación en grupos paramilitares con el delito de sedición, lo cual buscaría evitar, en principio, la extradición de los jefes de las Auc.
A estos les conviene que se reviva el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que tumbó la Corte por vicios de forma, y que les permitiría ser considerados delincuentes políticos, con la posibilidad de hacer proselitismo en un futuro.
Los legisladores consultados creen que la aprobación de la iniciativa sería en septiembre, lo que demoraría la aplicación de la ley.
Los otros temas que contendría el proyecto serían garantizarles a los ex paras una acumulación de penas en una sola condena alternativa, que el tiempo que permanecieron o han permanecido en Santa Fe Ralito sea considerada parte de la condena y que haya limitaciones a la entrega de bienes lícitos para restituir a las víctimas.
Sin embargo, los ex paras tienen otra carta bajo la manga: un referendo que promueven en universidades y ciudades capitales y que busca aprobar la no extradición de nacionales.
