Mañana se vence el plazo de cinco días dado por el contralor Óscar González al Alcalde Mayor para que éste anuncie la fecha y hora en que se deberá iniciar la demolición de los primeros dos predios construidos sin licencia en la parcelación Floresta de la Sabana, sobre los cuales ya hay resoluciones dictadas por la Alcaldía local de Usaquén.
Para proceder a una demolición es indispensable entablar una querella y obtener orden judicial antes de dictar la correspondiente resolución, como se hizo en los casos aludidos arriba. Lo malo, según la Contraloría, es que estas resoluciones solo representan una ínfima parte de las 89 edificaciones de lujo que se construyeron ilegalmente en esa parcelación. Y, lo que es peor, en los casos de varias de ellas se dejaron vencer los términos de las querellas por falta de diligencia de los funcionarios responsables.
Lo anterior significa que pueden pasar meses, y hasta años, antes de que se tomen acciones sobre la totalidad de estas construcciones ilegales. Sin hablar de las muchas otras que se han levantado en los cerros, con desprecio absoluto por la ley y, presumiblemente, con la complicidad de las mismas autoridades encargadas de proteger la valiosa reserva ambiental que ellos representan.
Según el Dama, en los cerros orientales de Bogotá hay más de 600 obras ilegales y respecto al 80 por ciento de ellas ni siquiera se han iniciado las querellas para demolerlas. La Contraloría Distrital estima que por esas construcciones se generó un detrimento patrimonial para la ciudad de 57 mil millones de pesos, solo entre el 2002 y el 2004, por concepto de deterioro ambiental y falta de pago de tributos.
En su empeño por combatir este problema, la Contraloría no solo ha emprendido acciones contra los particulares involucrados sino también contra los funcionarios que, por acción u omisión, comparten la responsabilidad de los detrimentos patrimoniales causados a la ciudad. Respecto a los casos en que se dejaron vencer los términos, los procesos fueron trasladados a la Personería y la Fiscalía, para que actúen en sus respectivos ámbitos.
Advirtiendo al gobierno distrital que el problema no es falta de maquinaria sino de autoridad, el Contralor mismo anunció que si hace falta se harán las demoliciones a pellizcos. Su decisión recuerda la de las autoridades españolas, que hace unos años amenazaron con demoler un piso que una de las hermanas del rey Juan Carlos proyectaba añadir a su villa de Marbella.
Las demoliciones son una medida drástica. Pero son un bienvenido precedente, pues ya era hora de que las autoridades actuaran con la decisión necesaria contra quienes vienen depredando el medio ambiente bogotano desde hace varios años, así como contra quienes lo han permitido o facilitado. Ojalá se lleven a término a cabalidad y se adopten las prevenciones indispensables para evitar nuevos atropellos contra la ciudad. El alcalde Luis Eduardo Garzón tiene todo el capital político necesario para emprender estas demoliciones. Concretarlas será un mensaje demoledor para que, en el futuro, sepan a lo que se arriesgan quienes quiere n pasarse por la faja las disposiciones ambientales de Bogotá y quienes les han ayudado a hacerlo.
