18.033 presos sin quien los cuide

18.033 presos sin quien los cuide

En la portería del edificio no hay ningún hombre de azul encargado de registrar las huella dactilares, ni mucho menos armado como los del Inpec. Sólo un portero amable pregunta el número del apartamento para dejar pasar a un visitante más.

19 de junio 2006 , 12:00 a. m.

“Bien pueda pase”, dice ajeno a que uno de los propietarios es una mujer que cumple una condena.

El apartamento del piso 21, desde donde se divisa el ajetreo del barrio Belén, en el occidente de Medellín, es la cárcel de Carolina Montoya*.

Ella cumple una condena de 56 meses por intentar llevar un kilo de cocaína a Miami. Desde hace cinco meses obtuvo la prisión domiciliaria por su buen comportamiento en prisión y por ser madre cabeza de familia de tres niñas, dos gemelas de 8 y una de 11 años.

La puerta blanca de su apartamento cárcel no tiene nada diferente a la de su vecino. No abre ella, aunque tampoco lo tiene prohibido. Lo hace una empleada del servicio que la acompaña.

La mujer de 29 años camina con calma y, de no saberse que está condenada, podría parecer una ama de casa.

Da clases en la casa cárcel Se le nota tranquila y así lo dice: “después de la cárcel, la domiciliaria es un cielo”.

La suya es una de las pocas experiencias buenas de prisión domiciliaria, reconocida por la Alcaldía de Medellín, pues ella aprendió a pintar mientras estaba en la Reclusión de Mujeres y ahora da clases en su apartamento cárcel.

Hasta allá, una vez por semana, llegan las vecinas del edificio a aprender pintura. Saben que su profesora está condenada. “Incluso mis hijas se mantienen aquí conmigo, casi no salen para reponer el tiempo que no estuvimos juntas”.

Se despierta a las 5:45 a.m. y su vida transcurre entre las tareas de sus hijas, el almuerzo, la pintura y las largas conversaciones por teléfono con tres amigas que le quedaron después de la captura.

El teléfono es su único contacto con el mundo. A través de él encarga los materiales para pintar, vende sus cuadros y habla con las profesoras de sus hijas.

A pesar de las tres ventanas y el balcón que muestran seductoramente la gente que camina libre por la calle, pocas veces se asoma. “Sólo cuando veo la gente bailar me da nostalgia de lo rumbera que fui. Pero entonces prendo el equipo y bailo aquí yo sola. Antes no salía de Mangos (una famosa discoteca) y ahora disfruto frente a un óleo”.

Llega el Inpec La llegada del guardia del Inpec, que debe vigilarla, parece la visita de un conocido. Lo anuncian en la portería, sube el ascensor, la saluda. “Viene cada dos semanas, verifica que esté aquí, hablamos un rato. Yo firmo un libro y pongo la huella y ya”, cuenta.

Carolina se cuida sola. Eso sí, debe cumplir una de las condiciones de su prisión domiciliaria: no tener licor en la casa. “Ellos vienen de sorpresa.

Yo luché mucho para que me dieran la domiciliaria como para arriesgar la estabilidad de mis hijas por eso o por una salida”.

Carolina lleva 125 días sin saber lo que es ir al supermercado o comprarse ropa ella misma. Tampoco piensa en tener novio: “Es que quién se va a encerrar conmigo”, dice.

Por cada cárcel, solo un dragoneante para vigilar.

El escaso número de funcionarios que destina el Inpec para el monitoreo de los 18.033 presos que tienen casa por cárcel en el país, hace imposible un verdadero control a los detenidos.

Por cada centro penitenciario y carcelario (son 139 en el país) hay apenas un dragoneante responsable de visitar los presos beneficiados con esta figura.

Por ejemplo, en Antioquia sólo hay tres dragoneantes para cuidar a 2.200 personas que tienen sus casas y apartamentos por cárcel. Cada prisión programa sus visitas, pero algunas tienen tantas domiciliarias a cargo que solo alcanzan a ir una vez al mes.

El subdirector del Inpec, coronel Efraín Serrano, afirma que los controles se dificultan más cuando deben vigilar detenidos que están por fuera de las ciudades o en barrios aislados, que implican crear dispositivos de seguridad.

Y eso si las direcciones son correctas, porque en departamentos como Antioquia hay 255 direcciones incompletas.

El Gobierno presentará un proyecto para restringir el beneficio, porque, según el ministro del Interior, Sabas Pretelt, se le está otorgando a gente considerada peligrosa.

La solución, según Rubén Pinilla, presidente del Tribunal Superior de Medellín, no es cambiar la Ley porque empeora el problema de hacinamiento, sino dotar al Inpec para vigilar a los detenidos.

Proponen que se controlen a través de llamadas telefónicas o de un software de vigilancia.

Se fugó de su domicilio, en Neira MANIZALES Trece días después de haber asesinado a su amante en el baño de un motel, Lina María López, una hermosa rubia de 18 años, fue capturada y acusada del delito de homicidio agravado. A pesar de la gravedad de los hechos, su abogado logró que le otorgaran el beneficio de la detención domiciliaria.

Sin embargo, un mes y 18 días después de haber sido llevada a su sitio de reclusión, una casa de la vereda La Gregorita, del municipio de Neira (Caldas), López huyó.

Su historia delictiva comenzó a las 3 de la tarde y cinco minutos del 23 de agosto del año pasado, cuando ingresó a la suite 33 del motel Tu y Yo, situado a las afueras de Manizales, junto a Rafael Alberto Anaya, un agente de la Policía de Carreteras.

Tres horas después, luego de que López le había prometido a Anaya una tarde inolvidable, lo sedó con el fármaco Benzodiazepina y le dio 59 puñaladas con dos armas blancas.

Tras asesinar al policía, la mujer llevó su cuerpo a la ducha de la habitación, donde lo cubrió con frazadas. Luego, pidió la cuenta y un taxi.

Con lo que no contó fue con la intuición de un empleado del motel, a quien le pareció muy extraño que saliera sola.

Él entró al cuarto y encontró el cadáver. La mujer no huyó sino que se acercó al cuerpo del agente y le dio varios besos. Dos días después del crimen, en el Juzgado Sexto de Control y Garantías de Manizales, se legalizó la captura de López. Se le formuló imputación por homicidio agravado y se le impuso medida de aseguramiento y detención preventiva en establecimiento carcelario.

El penalista que la defendía apeló la decisión del juez al argumentar que se trató de un homicidio simple porque la mujer actuó en “estado de ira y celos porque el policía la iba a dejar”. Por eso, pidió que le cambiaran la detención intramural por una domiciliaria, solicitud que le fue concedida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito el 5 de septiembre del año pasado.

Ella se fugó el 23 de octubre del 2005.

El juicio contra López se realizó en su ausencia entre el 13 y el 15 de febrero del 2006. El 5 de abril de este año, el Juez Sexto Penal del Circuito condenó a la mujer a 34 años y 6 meses de cárcel, revocó la medida de detención domiciliaria y le dictó una orden de captura. Las autoridades no han ubicado su paradero.

DELITOS GRAVES La detención domiciliaria (para sindicados) y la prisión domiciliaria (para condenados) es otorgada para delitos con penas menores de 5 años, mujeres que estén a punto de dar a luz o a madres o padres cabeza de familia y que sean los únicos responsables del núcleo familiar.

Sin embargo, el Gobierno reconoce que se ha otorgado por delitos graves como homicidio y tortura. En Antioquia hay 172 sindicados o condenados por acceso carnal violento que tienen su casa por cárcel.

Bogotá, Cundinamarca y Los Llanos tienen 7.714 personas en detención domiciliaria. De ellos, 3.720 son de la capital del país. En el 2006, según el Inpec, 10 no estaban en sus casas.

JUECES MUY ATENTOS Carolina Montoya, condenada en prisión domiciliaria.

La casa por cárcel debe ser para los que cometimos un error pero no vivimos del delito”.

PIDE RESTRICCIONES La interpretación que se ha hecho de la norma ha llevado a que personas peligrosas sean enviadas a prisión domiciliaria”.

Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior.

HAY HACINAMIENTO El Gobierno se queja del hacinamiento de las cárceles. La solución no es cambiar la legislación, sino hacer efectivos los controles”.

Rubén Pinilla, presidente del Tribunal Superior de Medellín.

7.714 personas tienen detención domiciliaria en Antioquia, los Llanos y Bogotá. De ese total, 3.720 personas son de la capital del país

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