TLC: nuevas reglas de juego en materia de inversión extranjera

TLC: nuevas reglas de juego en materia de inversión extranjera

El libre flujo de bienes y servicios y la circulación de capitales entre comunidades organizadas es considerado un motor del desarrollo económico. La existencia de reglas claras para la protección de las inversiones hechas por nacionales de un Estado en territorio de otro Estado, así como el establecimiento de cuerpos que resuelvan las disputas relativas a inversiones transnacionales, favorecen en el largo plazo el crecimiento y la equitativa distribución de la riqueza. (VER CUADRO)

16 de junio 2006 , 12:00 a. m.

El capítulo 10 del TLC recientemente negociado con los Estados Unidos incorpora una serie de garantías y procedimientos en asuntos relativos a inversión extranjera, que recoge principios de amplia aceptación en la comunidad jurídica internacional, incluidos en más de 2000 tratados bilaterales de protección a las inversiones, y en decenas de tratados de libre comercio. El régimen de protección a las inversiones consagrado en dichos textos descansa sobre dos pilares fundamentales.

En primer lugar, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, se acepta que las relaciones jurídicas y económicas entre un Estado y el inversionista de otro Estado desbordan los límites del derecho doméstico del Estado anfitrión, y son en verdad asuntos de derecho internacional. En consecuencia, se reconocen al inversionista una serie de derechos, con los correlativos deberes para el Estado, con independencia de si tales derechos se encuentran consagrados en la legislación interna del país en el cual se ha hecho la inversión, en el respectivo tratado, o en el contrato que el Estado firme con el inversionista.

Los principios de derecho internacional incluidos en el TLC, obligan al Estado anfitrión de la inversión, entre otras cosas, a brindar al inversionista un tratamiento no menos favorable que el que dicho Estado conceda a sus propios inversionistas o a inversionistas de terceros Estados; a brindar al inversionista un trato justo y equitativo, acorde con el derecho internacional consuetudinario; a no expropiar ni nacionalizar una inversión amparada por el tratado salvo por motivos de utilidad pública y mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización; y a declinar la jurisdicción de sus cortes y su inmunidad internacional. El capítulo 10 del TLC también incorpora las llamadas ‘garantías implícitas’ al inversionista, que tienen que ver con asuntos generales como la santidad de los contratos (pacta sunt servanda), con el deber de obrar de buena fe, y con temas particulares como por ejemplo la forma de calcular las indemnizaciones ante una expropiación lícita.

En consecuencia, el Estado puede ser demandado internacionalmente y ser declarado responsable, por asuntos tradicionalmente considerados de la órbita del derecho interno. Las nuevas reglas en materia de protección a la inversión, permiten analizar, a la luz del derecho internacional, asuntos tales como la ejecución o incumplimiento de contratos de concesión, la validez de medidas de carácter tributario y de medidas macroeconómicas en asuntos tan variados como la política monetaria, siempre que tales asuntos afecten de manera directa a un inversionista amparado por un tratado.

DECISIONES DE JUECES Y TRIBUNALES LOCALES Queda la puerta abierta incluso, para analizar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales domésticos, cuando tales decisiones pueden considerarse como denegación de justicia a la luz del derecho internacional.

En segundo lugar, bajo el nuevo sistema, los Estados declinan la jurisdicción de sus cortes y su inmunidad como soberanos, y acuerdan someterse a la jurisdicción de cuerpos arbitrales especializados en resolver disputas relativas a estos asuntos. Instituciones como el CIADI (Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, con sede en Washington), brinda al inversionista garantías de imparcialidad en la decisión, y facilita la formación de un cuerpo legal y de un sistema de precedentes que pueda ser aplicado con fuerza cuasi vinculante a casos similares.

Las nuevas reglas de juego del TLC y de los tratados que actualmente negocia el Gobierno, promueven entonces a Colombia como un destino seguro para la inversión extranjera en la región.

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