La noticia se conoció en la discusión de la llamada Ley de Infancia que aprobó ayer, en tercer debate, la Comisión Primera del Senado. Dicha Ley prohibiría recibir dinero a cambio de la entrega de un niño en adopción, lo que pondría en jaque la existencia de estas organizaciones, teniendo en cuenta que el grueso de sus recursos proviene de las donaciones.
El senador Rodrigo Rivera reveló una carta firmada por una casa de adopción de Noruega, y dirigida a una funcionaria del Icbf, que señala cómo a los centros de adopción Pisingos, Cran, Chiquitines y Fana se les pagaba 6.000 dólares por cada adopción (...) A partir del 2005 Pisingos aumentó la donación a 6.500 dólares, lo mismo que Cran y Chiquitines (...) Hace poco recibimos una comunicación de Cran, donde nos dice que a partir del 2006 la donación será de 9.000 dólares.
Carlos Marulanda, director de Pisingos, sostuvo que la fundación no recibe apoyo del Estado, por lo que el financiamiento se hace gracias a cooperación internacional y donaciones (...) Nosotros no pedimos dinero por los niños.
Gonzalo Gutiérrez, director de Cran, calificó la denuncia como ligera y desafortunada y explicó que con tales señalamientos se desconoce una labor social de casi 30 años.
De otro lado, el senador Carlos Gaviria dijo estar escandalizado por este estado de cosas inconstitucionales, en las cuales las casas de adopción se convierten en establecimientos de comercio y las mercancías que se trafican son los niños.
Su colega Carlos Holguín señaló que con este hecho se podría estar configurando el delito de trata de personas.
La directora del Icbf, Beatriz Londoño, sostuvo que la denuncia ya la había puesto en conocimiento del Ministerio Público.
