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Senado pone en jaque los recursos para las casas privadas de adopción

Las ocho casas de adopción privadas que existen en el país recibieron ayer un duro mensaje que alerta sobre su sostenibilidad en el futuro. El Senado le pedirá a la Fiscalía y a la Procuraduría que estudien si hay mérito para investigar a varias de estas fundaciones, por utilizar la figura de las donaciones para supuestamente cobrar millonarias sumas de dinero a cambio de la adopción de un niño.

La noticia se conoció en la discusión de la llamada Ley de Infancia que
aprobó ayer, en tercer debate, la Comisión Primera del Senado. Dicha Ley
prohibiría recibir dinero a cambio de la entrega de un niño en adopción, lo
que pondría en jaque la existencia de estas organizaciones, teniendo en
cuenta que el grueso de sus recursos proviene de las donaciones.
El senador Rodrigo Rivera reveló una carta firmada por una casa de adopción
de Noruega, y dirigida a una funcionaria del Icbf, que señala cómo a los
centros de adopción Pisingos, Cran, Chiquitines y Fana “se les pagaba 6.000
dólares por cada adopción (...) A partir del 2005 Pisingos aumentó la
donación a 6.500 dólares, lo mismo que Cran y Chiquitines (...) Hace poco
recibimos una comunicación de Cran, donde nos dice que a partir del 2006 la
donación será de 9.000 dólares”.
Carlos Marulanda, director de Pisingos, sostuvo que “la fundación no recibe
apoyo del Estado, por lo que el financiamiento se hace gracias a cooperación
internacional y donaciones (...) Nosotros no pedimos dinero por los niños”.
Gonzalo Gutiérrez, director de Cran, calificó la denuncia como “ligera y
desafortunada” y explicó que con tales señalamientos “se desconoce una labor
social de casi 30 años”.
De otro lado, el senador Carlos Gaviria dijo estar “escandalizado por este
estado de cosas inconstitucionales, en las cuales las casas de adopción se
convierten en establecimientos de comercio y las mercancías que se trafican
son los niños”.
Su colega Carlos Holguín señaló que con este hecho se podría estar
configurando el delito de trata de personas.
La directora del Icbf, Beatriz Londoño, sostuvo que la denuncia ya la había
puesto en conocimiento del Ministerio Público.
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