¿Y dónde están los niños reclutados por los ‘paras’?

¿Y dónde están los niños reclutados por los ‘paras’?

El reclutamiento de niños, considerado como un crimen de lesa humanidad, será una de las conductas penales por las que tendrán que responder los ‘paras’ que se sometan a la Ley de Justicia y Paz. En febrero pasado, la Procuraduría presentó una denuncia en la Fiscalía contra los principales jefes de las autodefensas y los de las Farc y el Eln por el delito reiterado de vincular a sus filas a menores de edad.

16 de junio 2006 , 12:00 a. m.

Y ayer, en la presentación de un informe sobre desmovilización y reinserción, el procurador Edgardo Maya aseguró que los paramilitares no han cumplido con la obligación de entregar al Estado a los niños y adolescentes reclutados, a pesar de que ese es uno de los requisitos para acceder a los beneficios de las penas alternativas.

Según la Procuraduría, entre los 31.915 ‘paras’ desmovilizados solo hay 212 menores que están en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Los estimativos del mismo Estado y los de varias ONG que han trabajado el tema, sin embargo, señalan que eran entre 2.200 y 5.000 los que formaban parte de las autodefensas.

Pero ni los jefes de las Auc ni el mismo Gobierno han respondido qué pasó con ellos.

‘Los entregaron a las familias ’ En el 2003, en el informe Aprenderás a no llorar, la ONG norteamericana Human Rights Watch señalaba que existían frentes como el ‘Montes de María’ en los que, de unos 200 combatientes, al menos 60 eran niños. En otros grupos el número de menores llegaba al menos a la mitad del personal armado.

Y entonces, ¿dónde están? Lo que advierte la Procuraduría es que, para evitar que les causaran problemas legales a sus comandantes, fueron entregados directamente a sus familias en las regiones, sin ningún tipo de asistencia legal ni psicológica.

La Defensoría del Pueblo ha recibido informaciones sobre esa situación en la Costa y Antioquia.

Y en Santa Fe de Ralito (Tierralta, Córdoba), la sede de los diálogos de paz, hay decenas de jóvenes que no se desmovilizaron con sus grupos sino que simplemente fueron enviados a sus casas.

“Ese es otro riesgo grande que tiene la reinserción, porque muchachos que vivieron la guerra regresaron a sus hogares a escondidas y sin recibir apoyo del Estado. Así nacieron las temibles ‘maras’ (pandillas) que tienen asolada a Centroamérica”, señaló uno de los procuradores delegados que participaron en el informe. Y frente a esa situación, la diligencia del Gobierno ha sido “insuficiente”, según la Procuraduría.

Por eso, ofició al alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, para que “dé estricto cumplimiento a la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz) y se haga entrega de los niños, niñas y adolescentes, al menos como requisito de eligibilidad”. Pero hasta ahora esa dependencia ha respondido “con evasivas”, según el organismo investigador.

“Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva existe una invisibilización de los niños y los adolescentes”, cuestionó el Procurador.

UNO DE CADA TRES DESMOVILIZADOS TIENE PROBLEMAS CON LAS DROGAS .

Según la Procuraduría, la meta fijada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe de entregar 150 mil hectáreas a familias desplazadas sólo se había cumplido en una tercera parte, a diciembre pasado. Se habían entregado 58.851 hectáreas a 5.187 familias. De las 110.000 hectáreas de extinción de dominio que iban a entregarse, sólo se habían adjudicado 26.529.

El procurador Edgardo Maya llamó la atención sobre la desproporción que existe entre las ayudas que reciben los desmovilizados individuales y las que se les entregan a las familias desplazadas.

Cada año, un reinsertado recibe 7 millones 200 mil pesos.

En el mismo lapso, un hogar desplazado recibe tres millones de pesos; en promedio 655 mil pesos por persona.

Otro punto crítico es la seguridad de los reinsertados. Van cerca de 200 asesinados en tres años. Al menos 12 murieron a manos de sus antiguos grupos.

El 30 por ciento de la población desmovilizada, según la Procuraduría, tiene problemas de consumo de drogas. Por eso le recomendó al Gobierno que diseñe un programa especial de atención para esa situación, que hasta ahora no había sido detectada.

El informe de la Procuraduría, que empezó a realizarse el año pasado, también advierte el riesgo de que los reinsertados vuelvan a las actividades criminales. En Urabá, tras el desarme del ‘Bloque Bananero’, los homicidios crecieron un 56 por ciento.

Desplazados habrían perdido en la guerra 6,8 millones de hectáreas.

La falta de certeza sobre las tierras que los actores armados ilegales arrebataron a los campesinos colombianos en los últimos años constituye, según el informe de la Procuraduría, el gran obstáculo para lograr una verdadera reparación a las víctimas.

De acuerdo con la investigación, el 76 por ciento de los desplazados tenían propiedades que dejaron abandonadas en medio del conflicto.

Pero establecer un monto aproximado de las hectáreas usurpadas es una tarea que todavía está por realizarse.

Ayer, el procurador Edgardo Maya citó cifras de una consultora contratada por la Oficina de Acción Social que incluso sobrepasan los cálculos anteriores. El estimativo, que no ha sido validado por el Gobierno, llega a los 6,8 millones de hectáreas. Es decir, 1,8 millones más que las calculadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que habla de cinco millones de hectáreas perdidas por los que huyeron de la guerra.

Tomando como base esa proyección, la sola reparación de la población desplazada podría costar entre los 11,71 y los 20,65 billones de pesos. Es decir, casi una quinta parte del presupuesto anual de la Nación.

La cifra sale de multiplicar el número de familias desplazadas que tenían tierras (unas 350.000) por el valor de las fincas, a lo que se sumaría la productividad perdida.

Sin embargo, se trata solo de un ejercicio académico.

CADA ESTUDIO TIENE SUS PROPIAS CIFRAS .

6,8 millones de hectáreas habrían sido abandonadas en medio del conflicto armado, según proyecciones de una consultoría contratada por Acción Social de la Presidencia de la República. La cifra es acogida por la Procuraduría, pero el Gobierno dice que es producto de un ejercicio académico y no la asume como oficial.

4 millones de hectáreas, de acuerdo con el Incoder, están en manos de los distintos grupos al margen de la ley. Este instituto, que tiene a su cargo la reforma agraria, una de las herramientas más importantes para la paz, ha sido cuestionado por la Procuraduría, que lo acusa de negligencia e ineficiencia.

2,6 millones de hectáreas, según la Contraloría, han sido tomadas por paramilitares, narcotraficantes y guerrilla en medio del conflicto.

Reclamarlas es toda una lucha para los desplazados, pues pocos tienen títulos por la tendencia a la posesión y ocupación de baldíos que ha predominado en el país.

Un freno al robo.

Desde julio del 2003, cuando empezó a funcionar el Programa de Protección de Tierras de los Desplazados, se ha logrado impedir el despojo de 281.530 hectáreas.

La consultoría encargada de asesorar ese proyecto informó que 10.926 predios, pertenecientes a 12.897 personas que tuvieron que desplazarse por el conflicto, fueron protegidas con las medidas cautelares.

El objetivo es frenar todo tipo de transacción comercial sobre tierras que podrían haber sido arrebatadas a sus legítimos propietarios y así impedir que siga el robo en medio de la guerra.

Esto porque se ha detectado que en varias regiones del país la propiedad sobre grandes extensiones de tierra se diluye en medio de una maraña de testaferros.

Alejados de sus zonas, muchos desplazados aceptan vender por precios que están muy por debajo del valor comercial. En otros casos los testaferros aseguran haber ejercido tenencia de baldíos que en realidad fueron colonizados y mejorados por las personas que se fueron por culpa de la violencia.

El Estado aún no cumple con la revisión de las compras y ventas de fincas en zonas de conflicto, una medida que se planteó como primer paso para detectar a los responsables del despojo de tierras.

En todo caso, la Ley de Justicia y Paz ordena que los actores ilegales que quieran recibir los beneficios penales devuelvan todos los bienes adquiridos de manera ilegal y reparen a sus víctimas.

EN CONTRAVÍA.

"La ley es contraria a los estándares internaconales; da beneficios a responsables de un crimen de lesa humanidad".

Edgardo Maya Villazón.

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