Ojo con la reforma de la Ley 80

Ojo con la reforma de la Ley 80

El artículo 15 del proyecto de Ley que reforma el Estatuto General de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993), contempla la prórroga automática de los contratos de concesión “por una sola vez”, siempre y cuando esa prórroga esté “precedida de un estudio técnico y económico publicado” y de “la renegociación de las condiciones para su ejecución”.

08 de junio 2006 , 12:00 a. m.

Contempla asimismo el proyecto, o al menos la ponencia que se ha publicado, que en el caso de concesiones para la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, el término de duración de las mismas “será de 10 años prorrogables por lapsos iguales”. Tal como están redactados estos artículos, las consecuencias negativas pueden ser enormes, tanto para el tesoro público, como para los usuarios de los servicios concesionados.

Partamos de un principio básico: es absolutamente necesario y conveniente para el éxito del sistema de concesiones que el empresario que administre una concesión obtenga una remuneración que guarde correspondencia con el capital invertido y con los riesgos del negocio. Es necesario además, que el Estado se asegure que el concesionario utilice los instrumentos técnicos más adecuados para asegurar la explotación de la concesión en los términos más eficientes para la sociedad. Y la única manera de asegurarse de que ello será así es a través de la competencia que significa un proceso abierto y transparente.

Recordemos que, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80, un contrato de concesión es el que celebra una entidad estatal con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o de una obra o bien destinados al servicio público, por cuenta y riesgo del concesionario, bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, y a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, de la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

Además de los parámetros técnicos con los que se comprometa el concesionario a construir la obra o a prestar el servicio, las condiciones económicas del contrato constituyen la otra variable fundamental que debe regir la adjudicación de una concesión. En unos casos la variable clave puede consistir en la remuneración que le entregue al Estado por la explotación del servicio (caso de la explotación del espectro electromagnético para televisión) y en otros lo deseable en la adjudicación puede ser la menor tarifa que se le cobre al usuario. En el caso de los puertos, por ejemplo, la experiencia internacional aconseja que este sea al criterio de adjudicación.

Pues bien, las condiciones económicas pueden cambiar de una manera sustancial durante la vida de una concesión. El volumen de demanda por el servicio y los avances tecnológicos en la producción del mismo serán muy distintos después de 20 años de servicio. Añádase a lo anterior que en ocasiones el objeto del contrato es diferente: no se justifica que la remuneración para construir y mantener una carretera sea la misma que la correspondiente exclusivamente a la obligación de su mantenimiento.

Par decirlo en otros términos, el contrato de concesión que pondrá en discusión el Estado pasados 20 años, será de una naturaleza muy distinta al primer contrato adjudicado. Ello debe reflejarse en las condiciones técnicas y económicas de la renovación. El contratista inicialmente favorecido tiene claras ventajas en términos de experiencia, pero esas ventajas debe utilizarlas en la elaboración de una buena propuesta. No tiene ninguna justificación que se cree una casta de contratistas privilegiados, protegidos por un largo período (y en el caso de las telecomunicaciones, ad eternum), de la competencia.

La obligación de producir y publicar un ‘estudio técnico y económico’ sobre cuyo contenido nada dice el proyecto de Ley, no podrá nunca reemplazar la riqueza de información que se obtiene a través de una licitación abierta y transparente. Tampoco servirá para nada la obligación retórica de renegociar el contrato. En qué condiciones se renegociaría? ¿A favor de quién? Sólo los concursos abiertos podrán forzar a los concesionarios a encontrar las condiciones más eficientes y económicas de prestación del servicio. Los congresistas que aspiran a representar el interés nacional y no el interés exclusivo de los actuales contratistas de concesiones públicas, tienen la obligación de oponerse a este artículo. La opinión nacional debería estar pendiente de su decisión.

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Profesor Asociado, F. de Administración, U. de Los Andes .

"No tiene ninguna justificación que se cree una casta de contratistas privilegiados”.

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