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Con urnas secretas niños denunciarán a abusadores

A Clara Inés*, de 14 años, su padastro no la ha violado tadavía. Ella dice que es solo cuestión de días.

Quizá por eso, y por el pánico que le da denunciar los golpes y las caricias
malintencionadas, es que no ha podido borrar de su rostro el miedo y la
tristeza que, no obstante, ayer parecieron desaparecer por instantes.
“Es difícil callar por físico miedo y soportar los maltratos y abusos de
personas que ni siquiera son algo mío”, dice en voz baja.
Su efímera alegría tenía una razón: en su colegio, el Pablo Neruda de
Cúcuta, instalaron tres urnas para que menores como ella denuncien en
secreto los abusos de los que son víctimas, sin tener que poner la cara.
“Voy a contar, pero sin que nadie me vea porque me da pena que me
pregunten”, afirmó la menor, estudiante de bachillerato.
El Neruda fue uno de los primeros colegios de la capital nortesantandereana
en implementar ayer esa forma de denuncia.
Su coordinador, Enrique Pertuz, docente de ciencias sociales, dijo que en
este año han detectado siete casos de abuso infantil, pero que presume que
son más, pues –dice– muchos de ellos jamás se denuncian.
“La mayoría son abusos provenientes del entorno familiar, del barrio, de
amigos y tienen que ver con agresiones físicas, verbales y acoso y abuso
sexual”, explica.
La campaña es liderada por la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander.
La idea es que en las próximas semanas se instalen urnas en diversos
establecimientos educativos, tanto oficiales como privados de Cúcuta.
Se trata de una antesala al programa sobre maltrato infantil que lanzará
esta entidad en todo el país a partir del próximo 15 de junio.
Carmen Ligia Galvis, la Defensora regional, contó que la idea surgió en una
reunión con profesores y rectores de colegios en Norte de Santander y ante
la proliferación de casos (ver recuadro).
La denuncia se hace en cualquier hoja de papel, explicó la funcionaria, y
debe llevar el nombre completo del niño o niña agredido, con los datos del
salón de clases y del colegio.
“Queremos que se denuncie todo lo que les suceda a los pequeños, no solo en
los colegios, sino en sus hogares y en la calle. El 15 de este mes
entregaremos las denuncias a las autoridades competentes”, explicó la
Defensora.
Aunque habrá que esperar los resultados de la iniciativa, se prevé que las
urnas se queden en los colegios de forma permanente.
Ayer, en la tarde, Clara Inés buscaba anciosa la forma de introducir el
papel en la urna y hacer un voto de confianza en sus profesores.
Nombre cambiado para proteger a la menor.
LLÉGO UNA BUENA MEDIDA, PERO EL MIEDO NO SE VA
“La instalación de las urnas va a permitir que aquellos casos que permanecen
reprimidos y escondidos sean narrados por los niños para que los encargados
del tema comiencen a apersonarse de esta situación, que asuman la
investigación y se castigue a los responsables, porque es dramático el
asunto en Cúcuta, no solo por dentro sino por fuera de los planteles
educativos”.
Enrique Pertuz, coordinador
del colegio Pablo Neruda
“La opinión está dividida, pues mientras unos dicen que la urna es una buena
oportunidad para hablar, otros creen que les va a generar más problemas,
porque si ellos hablan los padres les caerán encima, los azotarán. La
mayoría (de estudiantes) dijo que sí, que va a hablar, que va a narrar sus
hechos, pero otros tienen miedo a que les hagan algo, hay temor a
represalias”.
Juan de Dios Torres Malaver, presidente del Consejo Estudiantil del Colegio
Pablo Neruda
Más casos de sexo
En Cúcuta, la Oficina de Control Interno abrió 125 procesos de investigación
por abuso de profesores a alumnos de colegios oficiales. De esos, seis
pasaron a manos de la Fiscalía General.
En el 2001, un profesor de un colegio cucuteño fue condenado a cuatro años
de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años. Este ha sido el
único caso en que un docente es procesado por esta situación en 5 años.
Según Medicina Legal, los dictámenes solicitados por abuso sexual a menores
de edad en Cúcuta, durante los primeros cinco meses del año, ascienden a
129.
De esos, un centenar corresponde a niñas y 29 a niños.
“Queremos que se denuncie todo lo que les suceda a los pequeños, no solo en
los colegios, sino en sus hogares y en la calle”.
Carmen Ligia Galvis, defensora regional.
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