El poder de la chequera

El poder de la chequera

Hace tres días, la Ministra de Cultura anunció en la W que se había llegado a un preacuerdo entre la Alcaldía y su cartera en el tema de Villa Adelaida, una vieja casona ubicada entre las carreras séptima y quinta en el norte de la capital. El preacuerdo le daría vía libre a un proyecto de construcción de un enorme centro comercial en ese predio, el cual ha sido repudiado por la comunidad, por considerarlo desmedido y desproporcionado para la zona y para las vías locales, ya sobrecargadas.

05 de junio 2006 , 12:00 a. m.

La noticia tomó por sorpresa a los vecinos que, con razón, han convertido esta casona en el epicentro de un debate nacional en torno a cuál es el poder real de los constructores y de sus chequeras en la planificación de las ciudades, sobre todo a la hora de aplicar la Ley de Cultura. Una ley que prevé ciertas compensaciones a los propietarios de edificios considerados monumentos nacionales, sobre la premisa de que el Estado debe preservar los edificios de valor arquitectónico. Sin embargo, basta mirar lo que ha sucedido en el caso de Villa Adelaida para concluir que si este proyecto se aprueba, como lo anunció la Ministra, esta ley va a convertirse en el botín para un puñado de constructores inescrupulosos que se van a lucrar en forma desmedida haciéndole gambeta a la ley, en desmedro del interés público y de la ciudad entera.

En el caso de Villa Adelaida, esa afirmación es más que evidente. Por cuenta de la aplicación de la Ley de Cultura, los dueños de Villa Adelaida van a poder construir un complejo comercial que de seguro va a colapsar la zona, convirtiendo las normas urbanas de uso del suelo en letra muerta. Si a esta situación, ya indignante, se le agregan las hojas de vida de los dueños del predio, logramos la cuadratura del círculo.

Según denuncia hecha por la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá, entre los beneficiados de la operación comercial que se está promoviendo estaría una sociedad presidida por Manuel Abajó Abajó, quien figura en el libro Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo, por haber sido la persona que llevó a España en 1986 un lote de caballos purasangre en cuyos guacales, agentes de la Aduana encontraron varios kilos de cocaína. El 30 por ciento sería de Holguines S. A, y el 3,63 por ciento de Conconcreto S. A, un grupo empresarial muy allegado al presidente Uribe y quienes vendrían a ser los constructores y promotores del proyecto de Villa Adelaida. Y atérrense: la gerente de la constructora interesada fue directora de Planeación Distrital.

O sea: tú haces la ley, yo compro el predio, yo me hago tu socio y termino proponiendo el proyecto, haciendo el estudio de impacto vehicular y ganándome el dinero. (Por si esto fuera poco, ya existe otro importante e influyente constructor con una propuesta para hacer otro centro comercial a pocas cuadras de Villa Adelaida.) Es evidente que la planeación de la ciudad la están haciendo cada vez más los constructores con el poder de sus chequeras. Por eso se construyen monumentales centros comerciales como el de Santafé, en plena Autopista Norte de la capital, sin que las autoridades les hubieran exigido un estudio de impacto en ningún orden. Por eso, mientras aquellos andan felices repartiendo sus ganancias, a los ciudadanos nos toca asumir el costo de sus ligerezas.

Ahí está El Poblado de Medellín, convertido en una jungla de cemento, con las vías atestadas. Entre los constructores piratas que urbanizaron hasta las riberas de los ríos en los barrios del sur en Bogotá y esta casta privilegiada de constructores de buenos modales pero de ética liviana, no hay ninguna diferencia.

Ahora todo está en manos del alcalde Lucho Garzón. Si él fue capaz de enfrentarse con ese otro poder todopoderoso que son los transportadores, lo más lógico es que no le tiemble la mano para detener a estos empresarios de cuellos perfumados.

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